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Miami.— La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) criticó ayer que 30 años después del asesinato del periodista mexicano Víctor Manuel Oropeza Contreras “el crimen sigue en la impunidad” y pidió al gobierno de ese país “poner fin a la ausencia de justicia”.
Víctor Manuel Oropeza fue asesinado el 3 de julio de 1991. Era médico y durante 28 años ejerció el periodismo. Desde 1984 publicaba en El Diario de Juárez, de Ciudad Juárez, su columna “A mi manera” en la que criticó y denunció la “estrecha relación” entre los cuerpos policiacos y los narcotraficantes. Tenía 60 años cuando desconocidos ingresaron a su consultorio y lo apuñalaron. Tras el asesinato, la familia de su viuda, Patricia Martínez Téllez, fue amenazada.
El presidente de la Subcomisión de la SIP contra la Impunidad y Director General de EL UNIVERSAL de México, Juan Francisco Ealy Lanz-Duret, calificó de “lamentable” que tres décadas después no haya resultados sobre el caso de este periodista y médico asesinado.
“La falta de resolución de los casos de asesinatos contra periodistas, la violencia y la impunidad restringen la libertad de expresión y de prensa, tal como lo expresa nuestra Declaración de Chapultepec”, dijo.
Ealy Lanz-Duret agregó que “la SIP está comprometida a seguir exigiendo que el crimen de Víctor Manuel Oropeza no quede impune y haremos todo lo posible para que no caiga en el olvido y que el Estado repare de forma digna a la familia”.
Tras una investigación del crimen, la SIP presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en marzo de 1997.
La organización argumentó que las deficiencias en el proceso de investigación del asesinato violaron normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos referentes a los derechos a la vida, la integridad personal, la igualdad ante la ley, la libertad de expresión, las garantías judiciales y la protección judicial. La CIDH admitió el caso al que le asignó el número 11 mil 740.
Desde entonces, el caso Oropeza pasó por varios procesos de discusión con autoridades de distintos gobiernos de México, pero quedó estancado en 2007. A fines de 2019 se retomaron las conversaciones con representantes del Estado. En la actualidad la SIP, junto a la familia, analiza un posible acuerdo de solución amistosa con el Estado que incluya, entre otras medidas, una investigación diligente del asesinato, la identificación y sanción de los responsables, el reconocimiento de responsabilidad del Estado y la compensación para los familiares de la víctima.
