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San José.— “Lo único que le puedo decir es que no somos ni hombres ni mujeres. Sólo somos seres humanos. Los detalles de mi vida, si nací con un pene o con una vagina, no le importan a nadie”.
Así, contundente, molesta, directa, incómoda por las preguntas y sin lograr ocultar el tono varonil de su voz, “Dayana” únicamente aceptó ser una persona “trans”—ni transexual y ni transgénero—y admitió, antes de concluir la conversación telefónica con EL UNIVERSAL, que hay dos palabras para definir su relación con la sociedad: discriminación y violencia.
El problema proliferó en los últimos años en Costa Rica y en el resto de América Latina y el Caribe.
Un ejemplo se registró este año en Tibás, un municipio del norte de la capital costarricense. Pese a que el Concejo Municipal aprobó una moción para declararse como cantón libre de discriminación y convertirse en el 38 de los 81 municipios de Costa Rica en aprobar este tipo de medidas, el alcalde de Tibás, Carlos Cascante, vetó el acuerdo. “Las declaratorias tienen que derivar en acciones concretas y no una simple manifestación de buenas intenciones”, dijo el costarricense Janekeith Durán, vocero del Frente por los Derechos Igualitarios (FDI), una organización no estatal de Costa Rica.
“Existe un mandato supraconstitucional de respeto a los derechos humanos, incluida la igualdad y no discriminación que incluye las categorías de orientación sexual e identidad de género”, advirtió el FDI, que el 29 de mayo lanzó una página digital para reportar y denunciar casos de discriminación hacia personas de la comunidad Lésbica, Gay, Transexual, Travestis, Transgénero, Bisexual e Intersexual (LGTBI).
A mediados de mayo, las defensorías del pueblo de 15 países, regiones y ciudades de América y Europa abogaron por luchar contra la discriminación y la violencia para las personas de la comunidad LGTBI. El llamado fue emitido a propósito del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, que se conmemora cada 17 de mayo desde que en esa fecha, de 1990, la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó eliminar la homosexualidad de las listas de enfermedades mentales.
Al subrayar que la violencia y la discriminación contra esa comunidad son una gravísima violación a los derechos humanos, adujeron que “es necesario evidenciar la discriminación estructural que opera en nuestras sociedades, naturalizando y aceptando conductas de violencia y exclusión hacia diversas poblaciones vulnerabilizadas y que impactan directamente en el ejercicio de los derechos humanos de los colectivos que conforman la población LGTBI”.
La declaratoria fue suscrita por las defensorías de Colombia, Ecuador, Costa Rica, País Vasco, de España; Santa Fe, de Argentina; Brasil, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Puerto Rico, Uruguay y Honduras. También se unieron la Defensoría de LGTBI de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe, Argentina.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó desde 2015 que los actos de violencia contra personas LGTBI “suelen demostrar altos niveles de ensañamiento y crueldad”. En varios casos documentados por la comisión, los cadáveres tienen señales de “tortura, genitales mutilados, cuerpos descuartizados y marcados con símbolos que denotan altos niveles de prejuicio”, describió, al insistir en “la ausencia de una respuesta estatal eficiente frente a dicha problemática”. “Esto se evidencia en la falta de adopción de medidas efectivas para prevenir, investigar, sancionar y reparar actos de violencia cometidos contra personas LGBTI”, destacó.
