América Latina vive un panorama de “acoso a la democracia”, al Poder Judicial y al Estado de derecho, advierte el Doctor en Derecho Daniel Zovatto en entrevista con EL UNIVERSAL.
Investigador Asociado del Centro de Estudios Internacionales (CEIUC), Zovatto, exdirector Regional de IDEA Internacional para América Latina y el Caribe, una organización intergubernamental que trabaja para apoyar y fortalecer las instituciones y los procesos democráticos en el mundo, explica que la reforma judicial en México no sólo “plantea serias preocupaciones sobre la independencia del poder judicial” o sobre la seguridad jurídica de las inversiones, sino que enfrenta al país a un escenario donde los cárteles de la droga busquen “ejercer presión y cooptación de la Justicia”.
“Cuando un presidente cuestiona la legitimidad de procesos electorales, ataca la independencia del poder judicial y amenaza con perpetuarse en el poder, debilita las bases mismas del sistema democrático y crea un precedente peligroso”, señala.
De no revertirse la tendencia, no sólo México, sino América Latina, podría entrar en una espiral peligrosa, “afectando la estabilidad política y el desarrollo económico de los países”, con la pérdida absoluta de la confianza en el sistema democrático.
P. De izquierda, de derecha, América vive un ascenso de populismos, y ataques al Estado de derecho. Cómo ve el panorama regional?
R. América Latina enfrenta un contexto político marcado por el ascenso de liderazgos populistas, tanto de izquierda como de derecha, que desafían las instituciones democráticas y erosionan el Estado de derecho. La insatisfacción ciudadana con la democracia, derivada de crisis económicas, desigualdad persistente y altos niveles de corrupción e inseguridad, ha facilitado la llegada de líderes que prometen cambios rápidos y soluciones radicales, muchas veces a costa de las reglas del juego democrático.
La polarización extrema, amplificada por el uso estratégico de la desinformación, ha generado un clima donde los adversarios políticos son tratados como enemigos, y las decisiones gubernamentales buscan consolidar el poder antes que fortalecer la gobernabilidad democrática.
Si esta tendencia se mantiene, América Latina corre el riesgo de profundizar un ciclo de inestabilidad política, debilitamiento institucional y pérdida de confianza en la democracia como sistema.
El cuadro en materia de democracia es muy preocupante. Todos los indicadores dicen que estamos tanto a nivel global como en América Latina ante un panorama no sólo de amenazas crecientes y acoso a la democracia sino, en muchos casos, también de retroceso.
En el caso de América Latina, si tomamos el índice de The Economist, dice que tienes cuatro categorías de países. En el índice superior están las democracias plenas. Ahí siempre está Uruguay.
Después viene una segunda categoría donde están las democracias defectuosas o imperfectas, incompletas. Ahí están de Argentina a Brasil, Colombia, Panamá, República Dominicana… Son las que todavía se mantienen como democracias.
Después viene una tercera categoría, los regímenes híbridos, que es lo que yo llamo el purgatorio del sistema político: países que perdieron la categoría de democracia pero que todavía no caen en el autoritarismo pleno. El problema es que [la lista de países en] esta categoría está aumentando con las democracias imperfectas que van perdiendo calidad democrática. México es un claro ejemplo de eso. Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay también.
México es una democracia que va perdiendo calidad y entra en esta categoría. El problema es que una vez que entras, no es imposible regresar a ser una democracia imperfecta, pero o te quedas ahí o incluso vas degenerando o pasas a formar parte de los regímenes autoritarios, donde siempre estuvo Cuba, y luego entró Venezuela y luego entró Nicaragua.
P. ¿De qué está más cerca México? ¿De regresar a la categoría de democracias imperfectas, o de caer en el autoritarismo?
R. En los próximos años, veo tres escenarios principales en relación con el futuro político de México:
1. Regreso a la democracia: Este escenario de evolución positiva implicaría un fortalecimiento de las instituciones democráticas, con una mayor independencia de los poderes del Estado, elecciones libres y competitivas, un marco de libertades civiles robusto y un sistema de contrapesos efectivo. Para ello, sería clave la movilización de la sociedad civil, el papel activo de los medios de comunicación y el fortalecimiento de los partidos políticos democráticos. La resiliencia de sectores institucionales también podría jugar un rol determinante en la reversión de tendencias autoritarias recientes.
2. Permanencia en un régimen híbrido: México podría continuar estancado con su actual modelo híbrido, en el que conviven elementos democráticos con prácticas autoritarias. Esto se reflejaría en elecciones periódicas con cierto grado de competencia, pero con una concentración del poder en el Ejecutivo, debilitamiento del sistema de pesos y contrapesos, restricciones a la prensa independiente y mayor erosión del Estado de derecho. En este escenario, las instituciones seguirían operando, pero con limitaciones en su capacidad para contener el avance del poder central.
3. Deriva hacia un mayor autoritarismo: En este escenario, el sistema político institucional sufriría un mayor deterioro, con una concentración creciente del poder en el ejecutivo, restricciones a la oposición y a la libertad de prensa, captura completa de instituciones como el INE y el Tribunal Electoral y uso de mecanismos represivos para consolidar el control gubernamental. Factores como una mayor militarización de funciones civiles (de por sí altas en este momento), el debilitamiento del sistema electoral y la expansión del crimen organizado en la política podrían acelerar esta transformación negativa.
Los tres escenarios están abiertos. La evolución hacia uno u otro dependerá de diversos factores, como la respuesta de la ciudadanía, el comportamiento de los actores políticos, el rol de los medios de comunicación y la capacidad de las instituciones para resistir presiones autoritarias. La democracia no se defiende sola: requiere vigilancia constante, acciones concretas y mucho compromiso democrático para evitar su deterioro.
P. ¿Qué pasa cuando un líder como el presidente de El Salvador, Nayib Bukele se convierte en un “ejemplo a seguir”?
R. Bukele ha tenido éxitos en el control de la violencia y la inseguridad, pero a un costo muy alto. Y el primer costo es el Estado de derecho. Bukele terminó cooptando al Estado de derecho, cooptando a los jueces.
Es un mal ejemplo a seguir. Lo que pasa es que ofrece una solución muy seductora.
De acuerdo con el Informe Riesgo Político América Latina 2025 [del CEIUC], el mayor riesgo que todos los expertos que hemos consultado colocan en El Salvador es el de la delincuencia y el crimen organizado. Y entonces, la fórmula de Bukele, en El Salvador, le ha dado resultados. Pero ahí no hay grandes cárteles. Hay maras, y es un país pequeño.
Es la fórmula seductora de lo que llamo la Bukelización de la política: entrégame parte de tu libertad y yo te entrego parte de la seguridad que necesitas. Pero yo cito a Benjamín Franklin: ‘Aquellos que están dispuestos a sacrificar parte de su libertad para conseguir un mejoramiento temporal de su seguridad, tarde o temprano van a terminar perdiendo la seguridad y la libertad’.
El tema central es que el deterioro de la democracia viene acompañado del deterioro del Estado de derecho. Y un mayor deterioro del Estado derecho trae un mayor deterioro de la democracia y una menor calidad democrática.
El gran talón de Aquiles de una democracia de calidad de América Latina es un débil Estado de derecho.
P. En México se aprobó una reforma judicial por la cual los candidatos salieron en una tómbola y ahora la gente los elegirá. ¿Cuáles son los riesgos y consecuencias?
R. La fórmula que se está empleando, en mi opinión, va a traer pésimos resultados. En el único país de América Latina donde se hace algo similar es en Bolivia y ni la democracia ni la justicia boliviana están en los primeros lugares.
La reforma plantea serias preocupaciones sobre la independencia del poder judicial. Si bien la democratización de las instituciones es un objetivo legítimo, la manera en que se implementa puede generar efectos contraproducentes. Un sistema basado en el sorteo y la elección popular puede debilitar la profesionalización de la judicatura y hacer que los jueces sean más vulnerables a presiones políticas y electorales.
El mayor riesgo de esta reforma es que el Poder Judicial, cuya fortaleza radica en su autonomía y capacidad de actuar con base en el derecho, quede subordinado a dinámicas populistas o intereses partidistas. La independencia judicial no solo es esencial para garantizar justicia imparcial, sino que también es un pilar del Estado de derecho y una salvaguarda contra abusos del poder.
Eso no quiere decir que la justicia tal como está estuviera funcionando bien. Pero el remedio que le das al enfermo, en lugar de curarlo, lo debilita o lo puede llevar a la muerte. Sobretodo en un país donde parte del territorio está bajo control de los cárteles.
P. Los cárteles pueden meter mano
R. Absolutamente. Porque, en definitiva, lo que quiere hacer un cártel es tener el control del territorio, hacer una suerte de feudalización de ese territorio. Lo que hacían al principio era amenazar a las autoridades locales. Después, las terminaron cooptando. Una vez que cooptas el poder político y después, vía la corrupción, a la policía y los otros ámbitos del Estado, lo siguiente es cooptar a la Justicia, porque quien te manda preso y te mantiene preso o te extradita, es la Justicia. Razón de más para que un cártel que tiene control territorial busque ejercer presión y cooptación de la Justicia.
No sólo se acelera el riesgo de una mayor judicialización de la política y de la politización de la justicia, sino que: ¿Qué garantías puede llegar a ofrecer una justicia con estos déficits para la llegada de inversión extranjera que es tan importante para el crecimiento económico y para la seguridad jurídica de esas inversiones? Por el lado donde lo mires, es una mala noticia. Y se va a pagar un costo alto.
P. No es solo México. De la imposición de jueces a los ataques al Poder Judicial, América Latina vive una crisis que tiene un impacto en el Estado de derecho. ¿Cuáles son los riesgos del debilitamiento de poderes?
R. Una de los principales causas de la debilidad del Estado de derecho en varios países de la región es que muchos políticos no buscan designar jueces independientes y con integridad, sino magistrados que les garanticen protección y favorezcan sus agendas o intereses, una práctica que erosiona la confianza en el sistema judicial y contribuye a su creciente desprestigio.
La independencia del Poder Judicial es un pilar fundamental del Estado de derecho y la democracia. Sin jueces imparciales y autónomos, las leyes pueden aplicarse de forma arbitraria, favoreciendo intereses políticos o privados. En la última década, muchos países de América Latina han visto cómo sus sistemas judiciales se debilitan por la injerencia de gobiernos que buscan jueces leales o temerosos, dispuestos a validar abusos de poder. En otros casos, la corrupción y la falta de idoneidad dentro del sistema judicial han erosionado su credibilidad, minando la confianza ciudadana.
Vamos de norte a sur: En Guatemala tienes el Pacto de Corruptos, una justicia totalmente cooptada que en su momento trató de evitar que Bernardo Arévalo pasara a segunda vuelta, que la ganara y que tomara posesión como presidente. Ahora le hace la vida imposible para no dejarlo gobernar.
En Honduras, con el narcopresidente Orlando Hernández, la justicia quedó totalmente cooptada, incluso le permitió a él reinterpretar la Constitución para buscar un segundo mandato cuando no le correspondía.
En El Salvador, el Poder Judicial le permitió a Bukele buscar su reelección de manera inconstitucional. Y lo tiene totalmente controlado para su prórroga indefinida del estado de excepción y para el tema de violaciones de derechos humanos.
En Nicaragua, totalmente cooptado. En Bolivia, la Justicia baila con el gobierno en turno.
En Argentina, el tema de la politización de la justicia y la judicialización de la política están a la orden del día, sobre todo con los jueces federales. El escándalo del presidente Javier Milei, que va a designar por decreto a dos de cinco jueces de la Corte Suprema, al no haber logrado el consenso del Senado.
El problema de la judicialización de la política, de la politización de la justicia, es regional. Y afecta en tres ámbitos: el del deterioro democrático, porque el Poder Judicial es uno de los pilares fundamentales para una democracia de calidad; el deterioro en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, porque un Poder Judicial que no tiene dientes, que no es independiente, genera amplios niveles de impunidad y no defiende adecuadamente, porque está al servicio del Ejecutivo en turno, ante los ataques a la libertad de expresión, a los medios de comunicación. Finalmente, tiene efectos negativos, preocupantes, porque no garantiza la seguridad jurídica para el tema de inversiones.
El debilitamiento del poder judicial tiene consecuencias graves para la democracia y el Estado de derecho. Un sistema judicial controlado o condicionado políticamente pierde su capacidad de garantizar justicia equitativa, proteger derechos fundamentales y actuar como freno ante abusos de poder. Esto no solo erosiona la confianza en las instituciones, sino que también puede incentivar la impunidad y el autoritarismo.
Si la región no revierte esta tendencia, podría entrar en una espiral peligrosa donde las reglas del juego democrático sean alteradas para beneficiar a quienes detentan el poder. La falta de un poder judicial fuerte y autónomo deja a las democracias más expuestas a procesos de captura institucional, afectando la estabilidad política y el desarrollo económico de los países.
P. ¿Qué mensaje envía el que en Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, el presidente ataque las instituciones y amenace con perpetuarse en el poder?
R. El caso de Estados Unidos es particularmente preocupante porque demuestra que incluso en democracias consolidadas, el ataque sistemático a las instituciones puede tener efectos devastadores. Cuando un presidente cuestiona la legitimidad de procesos electorales, ataca la independencia del poder judicial y amenaza con perpetuarse en el poder, debilita las bases mismas del sistema democrático y crea un precedente peligroso.
El único freno que estamos viendo a las medidas que está tomando el presidente Donald Trump es el de algunos jueces que están poniendo límites. Pero hay una crítica feroz de parte de Trump, de Elon Musk y otros funcionarios, diciendo que los jueces están impidiéndole actuar al poder que fue electo democráticamente. Esto es tremendamente grave. En una democracia, el verdadero check & balance es la justicia.
El impacto de estos ataques no se limita a Estados Unidos. Como el país más poderoso del mundo y un referente democrático global, sus acciones tienen un efecto dominó en otras naciones. Cuando desde la Casa Blanca se desacreditan las instituciones y se normalizan discursos autoritarios, se da legitimidad a líderes en otros países que buscan hacer lo mismo.
P. El argumento que están esgrimiendo todos estos gobiernos es que el pueblo los eligió
R. Eso es populismo puro. El pueblo da un mandato a través de una elección. Pero el líder electo no es un emperador. Es un presidente de un sistema presidencial basado en la división de tres poderes. Ese mismo pueblo, en la misma elección, eligió un Congreso, que tiene el mismo nivel de legitimidad que un presidente.
La popularidad no es un cheque en blanco para hacer lo que quieras. Para eso viene un poder judicial que dice: ‘No. Basado en la teoría de la división de poderes, tú no puedes hacer eso”. Por eso la tentación de decir: ‘qué tal si manoteo al que me falta, porque es el que me puede poner un freno institucional’. El freno de mano institucional de un sistema democrático cuando tienes al Ejecutivo, al Legislativo, cuando has cooptado a parte de la sociedad civil, cuando tienes amenazada a la prensa, es el Poder Judicial.
P. ¿De qué manera puede enfrentarse esta embestida al Estado de derecho?
R. Requiere una estrategia integral que combine acción institucional, participación ciudadana y cooperación internacional. Es fundamental fortalecer las instituciones democráticas mediante reformas que protejan la independencia judicial, la transparencia electoral y el acceso a la información.
Tienes que partir de que no hay democracia sin demócratas. Por lo tanto, el tema de la movilización ciudadana, el fortalecimiento de la ciudadanía es fundamenta.,
La sociedad civil y los medios de comunicación juegan un rol clave en la denuncia de abusos y en la promoción de una cultura democrática.
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El problema es que hay un sector de la ciudadanía: 53%, según Latinobarómetro, al que no le importa no tener un gobierno democrático mientras le resuelva los problemas. Es lo que llamo la Eficracia. Porque el Estado de derecho la Justicia, el Congreso, están muy desprestigiados en ciertos sectores. Así que lo primero es rescatar a la ciudadanía, y a la vez, reconstruir partidos políticos que no estén totalmente corrompidos, desprestigiados, porque de lo contrario va a ser muy difícil de contrarrestar la tendencia. El voto popular los va a seguir castigando.
Después están la prensa y medios de comunicación. El deterioro de la libertad de expresión en general, y particularmente en México, es muy serio.
No es una tarea fácil, pero sí es ineludible. Porque la democracia no se defiende sola. Requiere de ciudadanos demócratas, de políticos democráticos, de medios de comunicación comprometidos.
Si no se toman medidas contundentes, los riesgos son claros: el avance de modelos autoritarios, la consolidación de regímenes híbridos donde las elecciones existen pero sin competencia real, y un debilitamiento progresivo de los derechos y libertades fundamentales. La historia ha demostrado que la erosión democrática puede ser un proceso gradual, pero con consecuencias profundas y difíciles de revertir.