Miami. El uso del herbicida glifosato ha sido, y sigue siendo, objeto de debate a nivel mundial. Monsanto defiende que el maíz modificado genéticamente y su inseparable herbicida con glisofato, Roundup, son seguros, modernos y eficaces. Y la respuesta definitiva al hambre mundial. Para defender sus argumentos, alude a diversos estudios. De su lado, organismos de la OMS, y otros estudios publicados en revistas científicas y libros señalan una relación entre el glifosato y enfermedades como el cáncer. Al mismo tiempo, las demandas se han acumulado en Estados Unidos.
La siembra comercial del maíz transgénico resistente al glifosato se llevó a cabo en un inicio en Estados Unidos y Argentina, en 1996. Era el resultado de una década de experimentación biotecnológica impulsada por Monsanto, que había modificado genéticamente la planta de maíz para que pudiera sobrevivir a dosis intensivas de Roundup, con glifosfato, su herbicida estrella. Con esta tecnología, los agricultores podían fumigar sin preocuparse por el cultivo; solo las malezas morían.
Marie-Monique Robin, periodista francesa con años de investigación sobre las redes de poder industrial y científico, viajó a Argentina, India, Estados Unidos, Francia. Entrevistó a campesinos, científicos, exempleados de Monsanto y reunió cientos de documentos internos que mostraban cómo la empresa manipuló estudios, presionado a reguladores y ocultado información clave sobre los efectos del glifosato. En 2008 publicó el libro y documental El mundo según Monsanto.
“El Roundup fue presentado como inofensivo, biodegradable, respetuoso del medio ambiente. Nada de eso es cierto. He recopilado decenas de estudios científicos, informes confidenciales, testimonios de médicos rurales y víctimas. Lo que emerge es una catástrofe sanitaria ignorada deliberadamente por las autoridades. El glifosato es un disruptor hormonal, es tóxico para el hígado y los riñones, y está vinculado con cánceres, malformaciones congénitas y abortos espontáneos. El problema es que se ha convertido en parte del pan cotidiano” escribió.
Para Monsanto “la autora presenta una visión sesgada y alarmista que distorsiona nuestra historia y nuestras contribuciones a la agricultura. Monsanto no oculta información ni manipula ciencia. Nuestra prioridad es la transparencia y la seguridad” dijeron en su momento.
Uno de los casos más dramáticos que Robin retrató fue el del barrio Ituzaingó Anexo, en las afueras de Córdoba, Argentina. Allí, a escasos metros de las plantaciones de maíz y soya transgénica, avionetas fumigaban con glifosato sin respetar límites de seguridad. Los efectos fueron inmediatos. Las madres comenzaron a notar que sus hijos nacían con malformaciones, que los vecinos desarrollaban tumores, que los abortos espontáneos se volvían frecuentes. Levantaron un censo y documentaron 300 casos de cáncer en menos de una década en una comunidad de cinco mil personas. Sus denuncias fueron ignoradas y sus demandas judiciales rechazadas; hasta que el Dr. Damián Verzeñassi y su equipo del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad de Rosario intervinieron. Sus estudios demostraron que, en zonas de alta exposición al glifosato, la tasa de cáncer se duplicaba o incluso cuadruplicaba; y que los defectos congénitos eran hasta 70% más altos que en otras regiones.
En Paraguay, el pediatra e investigador Andrés Carrasco estudió embriones de animales vertebrados expuestos a glifosato en laboratorio y encontró que, aún en dosis muy por debajo de las utilizadas en el campo, el herbicida causaba deformaciones graves en el desarrollo embrionario.
Bayer, que adquirió Monsanto en 2018, insistió en los estudios científicos que respaldan su posición, argumentando que “más de 800 estudios científicos y evaluaciones por parte de agencias reguladoras de todo el mundo han concluido que el glifosato puede ser usado de manera segura”.
Entre sus principales armas de defensa está la conclusión de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), que determinó que el glifosato “no representa riesgos preocupantes para la salud humana y no es probable que sea carcinógeno para los seres humanos”, si “se usa de acuerdo con su etiqueta actual”.
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La conclusión contrasta con la de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, afiliada a la Organización Mundial de la Salud), que en 2015, tras evaluar la carcinogenicidad de cinco insecticidas y herbicidas, incluyendo en glifosato, clasificó el glifosato como “probablemente carcinógeno para los seres humanos”.
En 2016, Robin participó como asesora en el Tribunal Internacional contra Monsanto celebrado en La Haya. Durante días, víctimas de todo el mundo testificaron sobre los efectos del glifosato: mujeres indonesias con hijos nacidos sin ojos, agricultores brasileños con espina bífida, obreros indios estériles, campesinos de Sri Lanka con fallas renales tras contacto con herbicidas. El tribunal concluyó que Monsanto había incurrido en prácticas empresariales que podrían constituir crímenes contra la humanidad y ecocidio, al promover productos sabiendo que eran nocivos para la salud y el ambiente. Sin embargo, la conclusión no era legalmente vinculante.
En Estados Unidos, el caso de Dewayne Johnson, un jardinero afroamericano que trabajaba en escuelas públicas de California y fue diagnosticado con linfoma no Hodgkin en fase terminal tras años de exposición al Roundup volvió a colocar el tema del glifosato en el centro del debate. En 2018, el jurado le otorgó una compensación inicial de 289 millones de dólares (posteriormente reducida a 78 millones), al considerar que Monsanto actuó con “malicia” al ocultar los riesgos del producto. “Nunca me dijeron que podía matarme”, dijo Johnson en su testimonio ante la corte de San Francisco, donde explicó cómo rociaba Roundup sin protección especializada y cómo su piel, en ocasiones, quedaba empapada por el herbicida.
Más de 125 mil demandas colectivas se acumularon en los años siguientes y Bayer tuvo que pagar más de 11 mil millones de dólares en acuerdos extrajudiciales, sin aceptar culpa alguna, pero reconociendo el daño reputacional.
Bayer, tras perder el juicio por Roundup en San Francisco, en agosto de 2018, dijo que “nos solidarizamos con el Sr. Johnson y su familia, pero la decisión del jurado no cambia el hecho de que más de 800 estudios científicos y revisiones regulatorias concluyen que el glifosato no es cancerígeno”.
En 2023, las miradas se centraron en la Unión Europea (UE), que en noviembre debía decidir si renovaba la aprobación para el uso del glifosato por otra década. La Comisión Europea optó por la renovación, tras una revisión de 16 mil estudios publicados, y después de que los Estados miembros no llegaran a un acuerdo sobre si prohibirlo. La renovación está vigente hasta el 15 de diciembre de 2033, “sujeta a ciertas condiciones y restricciones nuevas”, incluyendo “la prohibición del uso como desecante antes de la cosecha y la necesidad de ciertas medidas para proteger a los organismos no objetivo".
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No obstante, la decisión de utilizar glifosato a escala nacional sigue estando en manos de cada gobierno.
Y mientras el debate sobre la seguridad del glifosato continúa, los países están tomando medidas. En Europa, aunque ningún país de la UE ha prohibido totalmente el glifosato, algunos, como Austria, Francia, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Alemania, tienen prohibiciones parciales, incluyendo su uso en determinadas zonas o en los hogares.
En América Latina, algunas ciudades y municipios en Argentina, Colombia, Costa Rica y otros países han implementado restricciones o prohibiciones al glifosato en ciertas áreas.
En Estados Unidos, algunas ciudades y condados en California, como Los Ángeles, Oakland, Berkeley, y en algunas zonas de la ciudad de Nueva York, se ha restringido o prohibido el uso de glifosato en áreas públicas.
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