Más Información
Sheinbaum es una "consumidora voraz" de información: José Merino; el tablero de seguridad, herramienta clave, destaca
Oposición tunde diseño de boletas de elección judicial; “la lista definitiva la harán Monreal y Adán Augusto”, dice Döring
Rosa Icela Rodríguez se reúne con próximo titular del INM; “arrancaremos el 2025 con mucho trabajo”, asegura
Se registra ataque de drones con explosivos, ahora en Chihuahua; elementos municipales y federales resultan ilesos
Chiapas aprueba el matrimonio igualitario; colectivos y activistas de la comunidad LGBT+ celebran avance histórico
Bogotá.- El caso en el que se investiga el supuesto atentado que la banda criminal "La Cordillera" pretendía cometer en 2022 para asesinar al entonces candidato presidencial colombiano Gustavo Petro en el Eje Cafetero (centro), está en indagación.
Así lo informó este viernes la Fiscalía al responder al presidente, quien cuestionó a ese organismo porque la investigación a un "dirigente político de extrema derecha" de Risaralda que presuntamente aparece como el jefe de esta banda delictiva fue interrumpida por ese organismo, por lo cual no arrojó ningún resultado.
El mensaje del presidente Petro tiene que ver con una investigación realizada por le Revista Raya y RTVC Noticias en la que revelan que "aunque los que querían acabar con su vida no lo lograron" eso "no quiere decir que la amenaza de la banda criminal La Cordillera haya desaparecido".
El informe periodístico revela que "un mes antes de las denuncias del entonces candidato Gustavo Petro en la Plaza de Soacha, es decir el 18 de abril de 2022, la Fiscalía tenía en su poder el organigrama de la dirección de inteligencia de la Policía el cual confirmaba que César Augusto Giraldo Montoya, pertenecía a la primera línea de la banda criminal La Cordillera".
Lee también: Fiscalía de Colombia pide indagar si Gustavo Petro incurrió en delitos, tras versión de su hijo Nicolás
El caso
"La investigación que adelanta la Fiscalía frente a esa presunta amenaza contra el entonces candidato a la Presidencia de la República, inició con afirmaciones hechas por miembros del equipo de campaña que mencionaban tener conocimiento de un plan para atentar en contra de la vida del candidato en distintas partes del país", puntualizó la Fiscalía en su comunicado de este viernes.
En su momento, la campaña de Petro aseguró en un comunicado que "de acuerdo con la labor realizada por el equipo de seguridad que recibió información de primera mano de fuentes en la zona, el grupo criminal La Cordillera estaría planeando atentar contra la vida del candidato presidencial".
A partir de ese momento, dice la Fiscalía, se solicitó el refuerzo de medidas de protección para todo el equipo e iniciaron los actos investigativos.
"Sin embargo, las personas entrevistadas, integrantes del Pacto Histórico, señalaron que no brindarían información alguna sobre las fuentes que les habrían dado esa información, indicando que era por motivos de seguridad", explicó la Fiscalía, que agregó que de todos modos "el proceso se encuentra en indagación".
El ente acusador indicó, además, que realiza varias líneas de investigación contra esa organización delincuencial que tiene fuerte presencia en Risaralda.
Lee también: Gustavo Petro sabía de supuesto dinero irregular que entró a la campaña, dice su hijo
En esa dirección detalló que "ha implementado y ejecutado" estrategias que han permitido "obtener importantes resultados en la lucha contra organizaciones delincuenciales como La Cordillera y otras que delinquen en esta parte del país.
Algunos de los logros contra la Cordillera es la captura de siete de sus cabecillas y la de otros de sus 138 integrantes.
Además, se han proferido 18 sentencias contra miembros de esa organización criminal y que fueron obtenidas después de los hechos en que ocurrió la muerte de Lucas Villa, estudiante universitario de Ciencias del Deporte quien participó de manera activa en las protestas de 2021 contra el Gobierno de ese momento, el de Iván Duque.
Las finanzas de ese grupo también han sido afectadas por las acciones de la Fiscalía que ocuparon 58 bienes inmuebles con fines de extinción de dominio.