San José
La alianza del Triángulo Norte de Centroamérica está por derrumbarse. El Salvador desconfía de las políticas de Guatemala y de Honduras para combatir la persistente migración irregular de ciudadanos de esos países a Estados Unidos, así como para enfrentar la violencia por la inseguridad ante el acoso de las pandillas de maras y el narcotráfico internacional.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, calificó de dictador a su homólogo de Honduras, Juan Orlando Hernández, y aseguró que los gobiernos de Tegucigalpa y de Guatemala “no han sido ejemplo” en la contención migratoria.
En sus primeros días como gobernante, tras asumir el cargo el 1 de junio de este año, instó a la Unión Americana a que “no se nos meta en la buchaca del Triángulo Norte”.
El panorama interno para Hernández se agravó en 2019.
Al reproche de Bukele sobre que se reeligió en 2017 en comicios fraudulentos se sumó un factor explosivo: un documento que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York desclasificó la semana pasada reveló que Hernández recibió un millón y medio de dólares de sobornos de narcotraficantes para su campaña electoral de 2013, pero el gobernante negó el cargo.
Mientras, y en vez de negociar en bloque en la región y frenar sus flujos migratorios irregulares, México individualizó los programas para ejecutarlos por separado.
En citas con Bukele, en junio, y con Hernández, en julio, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pactó planes de desarrollo para atacar el problema socioeconómico que estimula la masiva migración irregular por territorio mexicano a EU.
Aún está pendiente la cita de López Obrador con el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, para suscribir convenios similares.
En la toma de posesión de López Obrador, el 1 de diciembre de 2018 en la capital mexicana, Guatemala, El Salvador y Honduras —todavía en bloque— y México acordaron un plan de desarrollo de las tres naciones centroamericanas y del sur de territorio mexicano para contener la incesante movilidad de personas a Estados Unidos.
Sin dejar de asediar a El Salvador y a Honduras, y como parte de su política de rechazo a los migrantes irregulares, la Unión Americana concentró su presión sobre Guatemala para lograr un acuerdo que ambos gobiernos firmaron el pasado 26 de julio en Washington.
Con dicha alianza, la nación centroamericana se convirtió en tercer país seguro para acoger a migrantes salvadoreños y a hondureños mientras gestionan asilo en suelo estadounidense.
El arreglo depende del refrendo constitucional en Guatemala.
Por aparte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, visitó San Salvador el 21 de julio pasado y firmó con Bukele un convenio para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y respaldar a El Salvador, a fin de “garantizar la seguridad nacional”.
La región del Triángulo Norte envía una “imagen de fragmentación” por las crisis que enfrenta cada país con diferentes características”, dijo el guatemalteco Rubén Hidalgo, director del (no estatal) Instituto Centroamericano de Estudios Políticos de Guatemala.
Son “débiles democracias institucionales”, afirmó.
“Guatemala, con un presidente próximo a entregar el cargo. Honduras, con un presidente señalado de recibir dinero del narcotráfico. El Salvador, con un joven que recién asumió [la presidencia] deseoso de generar dinámicas distintas para su país. Todo eso les ha impedido construir una estrategia común para negociar con Estados Unidos y México la superación del tema migratorio”, adujo.
En entrevista con EL UNIVERSAL, alertó: “Ninguna respuesta aislada permitirá una solución de largo aliento”.
