Más Información
Managua.— Estados Unidos y Canadá sancionaron ayer a funcionarios de Nicaragua cercanos al presidente Daniel Ortega, acusándolos de violaciones a los derechos humanos en el marco de la represión ante las protestas antigubernamentales del año pasado.
Las sanciones los marginan del sistema financiero internacional y congelan los bienes que pudieran tener Estados Unidos y Canadá.
El Departamento del Tesero estadounidense informó que incluyó en una lista negra a Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional y principal operado político de Ortega; a Orlando Castillo, director general del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), y a los ministros de Salud, Sonia Castro, y de Transporte, Óscar Mojica.
“Estados Unidos está enviando un mensaje inequívoco al presidente [Daniel] Ortega y a su círculo íntimo: apoyamos al pueblo nicaragüense en sus llamamientos a la reforma y al retorno a la democracia”, aseveró en un comunicado la subsecretaria del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker.
La funcionaria aseguró que el Ejecutivo estadounidense no dudará “en tomar medidas contra aquellos que perpetúan la opresión” y apoyan “el régimen de Ortega a expensas del pueblo nicaragüense”. Dijo que el gobierno sigue violando las garantías al implementar leyes de explotación.
Estos servidores, recalcó, persiguieron a ciudadanos disidentes, promulgaron leyes represivas, silenciaron medios de comuniación y negaron atención médica al pueblo nicaragüense.
Canadá, por su parte, anunció medidas puntitivas contra cuatro servidores públicos, así como contra la vicepresidente y esposa de Ortega, Rosario Murillo; el hijo de ambos y asesor de inversiones del gobierno, Laureano Ortega; el consejero de Seguridad del presidente, Néstor Moncada; el secretario general de la alcaldía de Managua, Fidel Moreno, y el comisionado de policía, Francisco Díaz.
Tanto Washington como Ottawa destacaron que no tolerarán lo que describieron como abusos sistemáticos del gobierno. “Las violaciones de derechos humanos en Nicaragua no pueden continuar con impunidad; debe rendir cuentas”, dijo la canciller canadiense, Chrystia Freeland.
