San Fernando: las vidas y sueños que la masacre arrebató

El 22 de agosto de 2010, el grupo criminal Los Zetas asesinó a 72 migrantes, en lo que se conoce como “la masacre de San Fernando”, ocurrida en Tamaulipas.

Los sicarios ordenaron a los 58 hombres y 14 mujeres que entraran a una bodega sin techo, en el rancho El Huizache, donde les ataron de pies y manos y vendaron los ojos, antes de fusilarlos. Eran guatemaltecos, salvadoreños, ecuatorianos, brasileños, hondureños e indios. Quince años después, la herida sigue abierta para las familias de las víctimas. EL UNIVERSAL habló con familiares de Marvin Leodan Euceda Aguilar, Glenda Yaneira Medrano Solórzano y Nancy Mariela Pineda Lacan, quienes explicaron el impacto que sus muertes han tenido en sus vidas y del calvario que fue, en algunos casos, recuperar los cuerpos.

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“Me voy para que mis padres tengan una casa digna”

El 2 de agosto de 2010, Marvin se despidió de sus padres y hermanos, en la aldea El Tamarindo, en el departamento de Comayagua, Honduras. Tenía 22 años y quería ayudar a su madre a mejorar su casita. “Que Dios te bendiga, hijo”, le dijo su madre, Graciela Aguilar. “Van a tener su casa digna”, respondió él.

Marvin trabajaba de sol a sol, al lado de su padre, Leopoldo Euceda, en unos terrenos donde sembraban maíz, café, calabaza y cuidaba de los árboles frutales. Sus primos, y un hermano de su madre, habían emigrado a Estados Unidos y mandaban dinero a El Tamarindo. Eso inspiró al joven hondureño. “Yo me voy con un propósito para que nuestros padres logren tener una casa digna”, dijo a sus hermanos.

“Decidió irse pues. Vio lo difícil que estaba aquí. En ese tiempo empezábamos a sembrar palitos de café, porque solo nos dedicábamos a la siembra de maíz y frijol. Hay años que sale bien o mal, pero hay años que no sale lo que va cosechar lo que va consumir la familia”, rememora Álvaro, hermano de Marvin, cuatro años menor.

Marvin todavía habló con sus padres al llegar a México. Desde Tenosique, Tabasco, Les pidió que le depositaran mil lempiras (250 pesos) para poder continuar hacia Veracruz y Tamaulipas. “Nos llamó y dijo que estaba bien. La última vez que habló con nosotros fue el 15 de agosto del 2010”, explica su hermano. En Tenosique se había encontrado a otros migrantes de San Pedro Sula, entre ellos una muchacha, unos jóvenes y una familia. “Él dijo que iba bien”.

La familia consiguió el dinero y le depositó. Hasta el día de hoy, no saben si pudo cobrar. No volvieron a saber de él.

La madrugada del 22 de agosto, Álvaro soñó a Marvin sediento y afligido. “¡Dame un vaso de agua!”, le decía. Álvaro llevaba dos días con fiebre.

Cuando su madre escuchó que su hijo despertó abruptamente, encendió la luz del cuarto y preguntó: “¿Qué te pasa hijo?”, pero Álvaro no quiso contar lo que había soñado. “Nada mamá”, respondió. “Yo estaba asustado”, reconstruye. Graciela y Leopoldo también habían enfermado.

Cuando empezó a llegar información de la masacre ocurrida en San Fernando, la familia Euceda Aguilar viajó a Tegucigalpa para saber si entre las víctimas estaba Marvin. En la Cancillería pudieron ver los primeros cuerpos que llegaron desde México, con la recomendación a sus familiares de que los inhumaran inmediatamente, pero que por ningún motivo abrieran los féretros. Sin embargo, la familia de Marvin no recibió información alguna sobre el joven, quien no portaba documentos que lo identificaran como hondureño.

Álvaro vio algunas fotografías de los migrantes masacrados, pero no pudo identificar a su hermano. Regresaron a casa como se habían ido. El teléfono nunca más volvió a sonar desde México.

Siete años después, un funcionario que llegó a El Tamarindo como parte de una brigada del Instituto Nacional Agrario contó a Álvaro que formaba parte de un comité de migrantes desaparecidos. Al enterarse de la historia de Marvin, explicó a Graciela lo que debía hacer para buscar al muchacho.

Miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que visitaron Tegucigalpa, tomaron huellas dactilares y sacaron muestras de sangre a la familia de Marvin.

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Finalmente, el 25 de abril de 2018 la familia Euceda Aguilar confirmó, con una llamada desde México, que entre los masacrados de San Fernando estaba Marvin. Leopoldo abrió la fosa para enterrar a su hijo; invitó a sus familiares y conocidos, para el velorio, pero los restos no llegaron. Desde México les dijeron que el cuerpo sería repatriado en mayo, luego junio y así siguieron postergando la repatriación.

Cansado y molesto, Leopoldo pidió a los funcionarios mexicanos que no le mintieran. En septiembre de 2018, el cuerpo llegó a El Tamarindo. Habían transcurrido ocho años y un mes desde que Marvin dejó su casa.

A más de 15 años de la masacre, la familia Euceda Aguilar dice que no ha recibido ninguna compensación económica, ni del gobierno de México ni del de Honduras. Tampoco una disculpa pública. “Uno lo que quiere saber es la verdad. ¿Qué pasó con el caso? Si hay personas pagando por esto, porque al final no solo fue mi hermano, sino 72 personas que murieron en ese momento”, reclama Álvaro.

En 2021, Nilvia Rosa, otra hermana de Marvin, partió hacia Estados Unidos junto con sus dos hijas. “Yo no me voy a quedar acá; voy a cumplir el sueño que mi hermano quiso para la familia y llevar a mis hijas a una mejor vida”, dijo a su familia. Ella sí lo logró.

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“Queremos justicia y reparación”

El 10 de agosto, Glenda Yaneira dejó el caserío Curazao, en el cantón Las flores, departamento de La libertad, en El Salvador, con una mochila. Llevaba en ella una Biblia Reina Valeria, donde guardaba una carta que su madre, Mirna Solórzano, había escrito a su esposo, Miguel Ángel Medrano, quien llevaba cinco años viviendo en Estados Unidos.

Glenda decidió viajar a Estados Unidos cuando su padre enfermó y dejó de mandar dinero.

“Mami, yo me quiero ir a los Estados Unidos, para poder ayudarla a usted, a mi papá y mis dos hermanos, para que ustedes tengan una vida mejor; tener una casa digna”, le dijo a su madre.

“Quería una mejor vida para ella y sus familiares. Quería pasar al otro lado, para poder sostenerme a mí y a sus dos hermanos”, rememora Mirna.

Glenda pensaba que, si era detenida por los agentes de Migración, en México o Estados Unidos, volvería a El Salvador a concluir su licenciatura de Pedagogía. Pero si lograba “el sueño americano”, se dedicaría a trabajar en Estados Unidos como lo hacía en su tierra natal. “Los Zetas le truncaron sus sueños”, lamenta Mirna.

Como no tenía dinero para pagar al “coyote”, doña Mirna tomó las escrituras de la casa para pedir un préstamo, con un conocido de Curazao, por seis mil 500 dólares

El 14 de agosto, Glenda llamó a doña Mirna. “Hola mami. Ya estoy aquí en México, ¿cómo están? Cuídense…”, dijo la universitaria. Nunca más volvió a llamar.

Miguel Ángel le contó a su esposa de la masacre de migrantes y le pidió ir a la Cancillería, cuando dejaron de tener noticias de Glenda, pero el 29 de agosto llegó un vehículo del Ministerio de Relaciones Exteriores a su casa. Un funcionario le dijo a Mirna que en el lugar de los asesinatos encontraron un Documento Único de Identidad (DUI) a nombre de Glenda, pero que no estaban seguros si el cuerpo correspondía a ella, por lo que le pidieron ir a Cancillería para que le tomaran muestras de sangre para hacer las pruebas de ADN.

Un mes después, el cuerpo de Glenda llegó a Curazao. Luego de que un Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) confirmara que se trataba de la joven, el mundo de la familia se derrumbó.

La salud de Mirna y Miguel Ángel se quebrantó. Los dos hermanos de la joven cayeron en depresión. Uno de ellos, Ángel Alexander, hoy de 23 años, comenzó a ingerir alcohol para escapar de la tristeza.

En algún momento, le reclamó a Mirna, señalándola como la culpable del asesinato de su hermana. “Él me decía: quítese de aquí, porque usted es la culpable. Yo le decía: hijo, ella se fue porque ya tenía su mayoría de edad”, cuenta Mirna.

El otro hermano de Glenda, Emerson Bladimir, hoy de 38 años, también guardaba resentimiento. Hace seis meses, dijo a su madre: “Si Glenda no se hubiera ido, yo hubiera estudiado la universidad, porque ella si nos apoyaba bastante”.

En 2012, Miguel Ángel regresó a El Salvador. Había sufrido un derrame cerebral.

“Ha sido una lucha muy grande desde que ella se fue y no regresó nunca nuestro hogar”, confiesa Mirna, que por la ausencia de su hija cayó en depresión. Después, se le diagnosticó diabetes y otros padecimientos.

“Lastimosamente hay personas sin escrúpulos que truncan los sueños de las personas como nosotros, no siendo personas malas, personas luchadoras, que van a luchar por darnos una casa digna, un futuro mejor, pero la verdad es que sí hay personas que son malas”, dice Mirna.

A 15 años del asesinato de su hija, Mirna exige explicaciones. “Esperamos una respuesta del gobierno de México, que cumpla y que no quede en la impunidad lo de nuestros familiares. Nosotros queremos que nos escuchen, queremos la verdad, justicia y reparación”.

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“Voy a matar a los que asesinaron a mi mamá”

Cuando Nancy Mariela vio que su padre, Efraín; su hermano y otros familiares viajarían a Estados Unidos por su cuenta, sin coyote, no se quiso quedar en Sipacate, Guatemala, donde vivían.

Nancy llevaba viviendo con José casi 10 años. Tenían dos hijos. Una pequeña de tres años y un niño de cinco. Pero Nancy le suplicó a su esposo que la dejara irse, con la promesa de que en tres meses mandaría dinero para que él se les uniera.

Era 4 de agosto. La suegra de Nancy, Guillermina Vega de Sagastugue, “doña Mina”, vio a la joven salir con una mochila al hombro y una cangurera.

“¿Te vas a ir pues, hija?, le preguntó. “Sí doña Mina; me dio permiso José, pero yo lo voy a mandar a traer. Yo no voy a abandonar a mis hijos”, le aseguró Nancy, quien, tras besar a sus hijos, se los encargó a su suegra, asegurando que mandaría dinero para que les compraran ropa, zapatos y comida.

José pidió un préstamo de tres mil 500 quetzales (unos 10 mil pesos) a un vecino para que Nancy pudiera cubrir algunos gastos durante su recorrido por México.

Dos de las hermanas de Nancy intentaron impedir que se fuera. “¿Y los niños con quién los vas a dejar?, le cuestionó una de ellas.

“Ellos se van a quedar con doña Mina, porque en mejores manos no se pueden quedar mis hijos, porque ella se ha quitado el bocado para que mis hijos lo coman. Mis hijos le quedan a ella”, fue la respuesta de la joven.

El 6 de enero, Nancy se comunicó con su suegra para decirle que estaban en Petén, que al día siguiente saldrían para México, y para preguntar por sus hijos. Días después, le volvió a llamar, para decirle que estaban “en el Distrito Federal” y que partirían hacia Tamaulipas. No supo más de ella.

El 23 de agosto, la noticia de que “varios guatemaltecos” habían sido asesinados en Tamaulipas cimbró a Sipacate.

Doña Mina y dos de sus hijas corrieron a un cibercafé y al buscar noticias de la masacre, encontraron fotos de los migrantes asesinados. “¡Ahí está la Nancy!”, “¡Es ella!”, dijo doña Mina a sus dos hijas. Llevaba la misma ropa con la que salió de Guatemala, y estaba peinada como lo hacía cuando salía a vender ropa de casa en casa.

La mujer reconoció también a Efraín Lacan, padre de Nancy, y a su hermano Richard.

Mina buscó a las otras familias, para que reclamaran los cuerpos al gobierno mexicano y al de Guatemala, pero no encontraban a quién pedir ayuda.

El 24 de agosto, a las 11:00 horas, Mina recibió la llamada de un hombre que pedía un rescate de 5 mil dólares para entregar a viva a Nancy. Doña Mina pidió hablar con la joven, sin éxito. El extorsionador, que resultó ser un jefe de la Policía Nacional Civil, fue detenido. A

Efraín, que ya había estado en Estados Unidos, fue el primero en ser identificado por el Ministerio Público.

Miembros de la Fundación para la Justicia y Paz explicaron a las familias qué hacer para reclamar los cuerpos. El Ministerio de Relaciones Exteriores les comunicó que en noviembre llegarían los cuerpos, pero el de Nancy fue repatriado hasta marzo de 2011.

Los féretros venían atados con lazos. Funcionarios guatemaltecos pidieron a las familias que por “ningún motivo” procedieran a abrirlos. Pasaron 14 años, para que tuvieran la certeza de que los cuerpos que recibieron sí sus eran familiares, después de que se les tomaran muestras de sangre.

Cuando la niña se dio cuenta que su madre no regresó a casa, empezó a extrañarla. “Ya no vino mi mamá”, le decía a su abuela.

El niño escuchó que su madre había sido asesinada en México. Buscó un cuchillo que afilaba a escondidas, porque quería cobrar venganza. “Voy a ir a matar a los que asesinaron a mi mamá”, advertía. Cuando Mina se dio cuenta de lo que hacía su nieto, le buscó ayuda sicológica.

En febrero de 2020, a los 17 años, el hijo de Nancy llegó a Los Ángeles. “Mi mamá no lo logró, pero yo sí lo logré. Qué duro es atravesar México migrando mama”, le dijo por teléfono a su abuela.

A 15 años de la masacre, Mina recuerda con cariño a su nuera. “La quisimos mucho nosotros. Nos dejó un vació muy grande en la casa”. “Ha sido difícil para nosotros para el estudio, el calzado, la comida. Ha sido bien difícil para salir adelante, mientras las autoridades mexicanas solo se burlan del dolor de los familiares que dejaron de los masacrados”.