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Kílmar Armando Ábrego García, un salvadoreño que fue deportado por el gobierno de los Estados Unidos al temible Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) pese a tener estatus de protección, presentó un habeas corpus ante un Tribunal en Maryland, donde alega daño irreparable por la decisión.
Ábrego García fue enviado el 15 de marzo hacia El Salvador junto a otros presuntos miembros de la pandilla MS-13, y quedó detenido en el CECOT. Días después el gobierno de los Estados Unidos admitió que su traslado fue un "error administrativo" pero dijo que ya no tenía jurisdicción para hacerlo volver.
Debido a ello Ábrego García interpuso un recurso de habeas corpus, solicitando la medida cautelar de poder volver inmediatamente a Estados Unidos por el riesgo que corre en El Salvador. Su estatus de protección le había sido otorgado por amenazas de pandillas.
En la demanda de Ábrego están incluidos Marco Rubio, secretario de Estado, y Kristi Noem, secretaria de seguridad interna de los Estados Unidos.
"Los demandados admiten que sabían que el demandante Kílmar Abrego García obtuvo una orden de un juez de inmigración que determinaba que lo más probable era que fuera perseguido en El Salvador debido a un motivo protegido, y que esta orden nunca fue apelada ni anulada de otro modo", expone la defensa de Ábrego ante el Tribunal de Distrito de Maryland.
La defensa del salvadoreño alega que hay riesgo documentado de tortura y malos tratos dentro del CECOT, lo que podría generarle un daño irreparable a su vida. Pero el gobierno estadounidense se desliga de ello.
"El argumento del gobierno de que 'este Tribunal debería atenerse a la determinación del gobierno (de Estados Unidos) de que Abrego García probablemente no será torturado o asesinado en El Salvador' es particularmente irónico, dados los hechos de este caso. Son los jueces de inmigración quienes determinan si las personas serán o no torturadas en un país de deportación. Los demandados no afirman haber realizado esa revisión antes de deportar al demandante a El Salvador en violación de la orden de un juez de inmigración y sin intentar reabrir los procedimientos ante el juez de inmigración; de hecho, al hacerlo, evitaron que dicha revisión por parte del juez de inmigración se llevara a cabo. El último juez de inmigración que examinó el caso del demandante determinó que lo más probable era que enfrentara persecución en El Salvador", analiza el Tribunal sobre la respuesta del gobierno estadounidense a la demanda de Ábrego.
El Tribunal agrega además que hay constancia de que el gobierno de Estados Unidos cometió un error en la deportación de Ábrego y que tal error debe ser reparado.
"El Departamento de Seguridad Nacional debe obedecer las órdenes de los tribunales de inmigración, o de lo contrario, dichos tribunales perderán su sentido. Los no ciudadanos y sus cónyuges e hijos ciudadanos estadounidenses deben saber que si esta nación les otorga protección contra la persecución, honrará ese compromiso incluso cuando cambien los vientos políticos; y si el gobierno busca rescindir dicha protección, lo hará solo mediante nuevos procedimientos judiciales de acuerdo con las reglas de procedimiento establecidas en el Código de Regulaciones Federales y la cláusula del Debido Proceso de la Quinta Enmienda. La deportación del demandante se llevó a cabo por la fuerza, no por la ley; el interés público favorece corregir ese error", estipula.
La demanda ingresó el miércoles 2 de abril y aún está bajo análisis del Tribunal para dar una respuesta a la solicitud de medida cautelar del salvadoreño.
El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) reconoció que la deportación de Ábrego fue un error. Sin embargo, el gobierno insiste en que tiene "pruebas", que no ha mostrado, de que el salvadoreño es un criminal.
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