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MADRID— Un tribunal español rechazó el jueves una apelación de Airbnb y mantuvo en vigor una orden para bloquear casi 66 mil anuncios de alquiler que, según el gobierno, violaban las normas locales.
El gobierno ha manifestado que los alquileres a corto plazo de la plataforma en los centros de las ciudades y sitios turísticos agravan la crisis de vivienda en España, mientras el país recibe cifras récord de turistas.
El mes pasado, el gobierno español ordenó a Airbnb que bloqueara 65 mil 935 anuncios en el país después de que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 los señalara por violaciones. Indicó que Airbnb debía retirar inmediatamente cinco mil 800 de ellos.
El ministerio señaló que los anuncios identificados no incluían su número de licencia ni especificaban si el propietario era un individuo o una empresa. También indicó que en otros se listaban números que no coincidían con los que tenían las autoridades.
En un comunicado, Airbnb señaló que las acciones del ministerio iban en contra de las regulaciones españolas que consideran a los propietarios de alquileres a corto plazo, y no a la plataforma, como responsables de proporcionar dicha información. También afirmó que la decisión del tribunal de Madrid no se tomó sobre el fondo de la orden del ministerio, añadiendo que tomará más tiempo decidir.
La empresa afirmó que la crisis de vivienda en España se debe a una falta de oferta para satisfacer la demanda, y dijo que cualquier otra cosa es una distracción.
Lee también España busca frenar a Airbnb; ordena bloquear anuncios de alojamientos antes de época vacacional
El mes pasado, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, dijo a The Associated Press que el sector turístico "no puede poner en peligro los derechos constitucionales del pueblo español”, incluidos su derecho a la vivienda y al bienestar.
Carlos Cuerpo, ministro de Economía, expresó en una entrevista separada que el gobierno tenía que abordar los efectos secundarios no deseados del turismo masivo. Abogó por construir más viviendas mientras se regulan los alquileres vacacionales a corto plazo.
desa/mgm