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Managua.— Grupos de campesinos de Nicaragua retomaron ayer los bloqueos en las carreteras del norte y centro del país, como parte de las protestas en contra del gobierno de Daniel Ortega, que han cobrado al menos 61 muertos.
El coordinador nacional del Movimiento Campesino de Nicaragua, Medardo Mairena, dijo a periodistas que han activado 16 “tranques” (bloqueos) a nivel nacional después de los dos días de tregua acordado durante una mesa del diálogo nacional, el viernes pasado.
La máxima dirigente del movimiento campesino “anticanal” en Nicaragua, Francisca Ramírez, indicó que los bloqueos se han reactivado en las comunidades de Nueva Guinea, El Tule, El Coral, La Curva, y Muelle de los Bueyes.
Explicó que la decisión de los campesinos es en respuesta al ataque registrado el sábado contra estudiantes de la Universidad Nacional Agraria (UNA), en Managua, pese a la tregua acordada la semana pasada durante la mesa del diálogo.
La Policía Nacional de Nicaragua confirmó ayer que estuvo presente durante un enfrentamiento en las afueras de la UNA, que dejó al menos cuatro heridos, pese a que en un primer intento lo había negado, y atribuyó el ataque a simpatizantes del gobierno.
Durante las protestas, los campesinos han exigido el cese de la represión, justicia por los fallecidos, respeto por los derechos humanos, y la derogación de la ley rectora del canal interoceánico en Nicaragua.
En tanto, representantes de la sociedad civil anunciaron que retomarán hoy las conversaciones, pese al ataque armado del sábado, que consideran una ruptura a la tregua acordada con el gobierno.
“Vamos a asistir al diálogo para retomar el mandato que hemos recibido del pueblo: que se vaya [el presidente] Daniel Ortega”, declaró a DPA Azahálea Solís, abogada constitucionalista y delegada por la sociedad civil en las conversaciones. La mesa del diálogo es “una mesa de salida para Daniel Ortega, lo único que estamos demandando su rendición, y él lo sabe”, reiteró. A las negociaciones, que arrancaron la semana pasada, asisten también delegados del Gobierno, del sector privado y de los estudiantes que protestan desde abril pasado. La mediación corre a cargo de la Iglesia católica.
La crisis comenzó el 17 de abril con una protesta estudiantil contra una reforma al sistema de pensiones, que finalmente fue derogado.
