Miami.— La humanidad se trazó hace décadas el combate contra el matrimonio infantil como una prioridad; la llamada Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), específicamente el ODS 5 (Igualdad de género), meta 5.3, ordena “eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado, así como la mutilación genital femenina” a más tardar para el año 2030.
El Programa Global de UNFPA–UNICEF (Fondo de Población de las Naciones Unidas-Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), la mayor iniciativa multilateral dedicada a este tema, resume su estrategia así: “Un enfoque transformador de género y multisectorial” que trabaja a la vez en normas sociales, escolaridad, protección social y servicios de salud sexual y reproductiva. En 2024, este programa fortaleció sistemas de protección infantil en 15 países, formó a 22 mil proveedores de salud en atención a adolescentes, alcanzó a 2 millones 100 mil estudiantes con educación basada en derechos y vinculó a 3 millones 500 mil niñas con programas de protección social y reducción de pobreza, de acuerdo con su informe anual más reciente.
Ese viraje operativo se consolidó tras la pandemia. Unicef advirtió en 2021 que “10 millones de niñas adicionales estuvieron en riesgo de matrimonio infantil debido al Covid-19”, por cierres escolares, crisis económicas y rupturas de servicios. La agencia añadió que, aunque en la década previa se habían evitado 25 millones de matrimonios de este tipo, “ese avance está en serio peligro”. Las alertas justificaron ampliar presupuestos, pasar a modalidades “híbridas” (radios comunitarias, altoparlantes, plataformas digitales, etcétera); así como sostener tutorías para una retención escolar.
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La OMS (Organización Mundial de la Salud) ha reforzado la base sanitaria, con guías y estándares para servicios amigables para adolescentes y una línea roja clínica; “los embarazos precoces pueden tener graves consecuencias físicas y sicológicas para las niñas y sus hijos”, señaló la doctora Pascale Allotey, directora del Departamento de la OMS de Salud Sexual y Reproductiva e Investigaciones Conexas y del Programa Especial sobre Reproducción Humana de las Naciones Unidas. La organización insiste en educación sexual integral y acceso sin estigma a sistemas de anticoncepción y atención posparto para menores de 18 años.
El Banco Mundial (BM) y el ICRW (Centro Internacional de Investigación sobre la Mujer) estimaron que el matrimonio infantil “podría costar a los países en desarrollo billones de dólares de aquí al 2030” y que terminar con la práctica de matrimonios infantiles eleva la escolaridad y los ingresos de las mujeres y acelera el dividendo demográfico. El economista del BM Quentin Wodon advierte que “el matrimonio infantil no sólo pone fin a las esperanzas y sueños de las niñas; también obstaculiza los esfuerzos por acabar con la pobreza y lograr crecimiento y equidad a su alrededor”.
En emergencias humanitarias, el “quién hace qué” se volvió más claro. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y sus socios integran la prevención de matrimonio infantil en gestión de casos, espacios seguros, transferencias monetarias y reescolarización. En Medio Oriente, por ejemplo, se detectó que muchos de los matrimonios infantiles se originaron como una estrategia de “protección” o supervivencia. “Casi uno de cada tres matrimonios entre refugiados sirios en Jordania involucra a una menor”, mostró un sondeo in situ, con aumentos de 12% en 2011 a 32% en 2014. Estas cifras empujaron a vincular la protección infantil con medios de vida y educación en los planes de respuesta.
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La Unión Africana (UA) lanzó en 2014 su Campaña para Poner Fin al Matrimonio Infantil, con tres frentes: asesoría legal, asistencia técnica y monitoreo para que los Estados reformen leyes, expandan la educación escolar y los servicios de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos (SRHR) fortalezcan el registro civil. La sorpresa africana fue Sierra Leona. El 2 de julio de 2024, el país promulgó la Ley de Prohibición del Matrimonio Infantil que criminaliza las uniones por debajo de 18 años, prevé penas de al menos 15 años de prisión y armoniza regímenes civil y religioso.
En Europa, el Convenio de Estambul obliga a los Estados a penalizar no sólo el matrimonio forzado, sino también “atraer a un adulto o a un niño al territorio de una Parte… con el propósito de forzarlo a contraer matrimonio” (art. 37). Además, habilita protección transfronteriza y niega justificaciones culturales de “honor”. Varios gobiernos europeos cerraron lagunas de reconocimiento. Países Bajos aclara que “si alguien menor de 18 años se casa en el extranjero, se considera matrimonio infantil en Países Bajos”.
En América Latina y el Caribe, el nudo son las uniones informales. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y su brazo Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG), recomiendan pasar del diagnóstico a la infraestructura de políticas; es decir, datos desagregados, escuelas accesibles (transporte, becas, baños dignos, etcétera), servicios amigables para adolescentes y transferencias condicionadas a que reduzcan el embarazo adolescente y uniones libres. “Se necesitan acciones audaces… garantizar el acceso universal a educación gratuita… y Educación Sexual Integral (ESI)”, recoge su boletín regional.
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Girls Not Brides (Niñas no se Casan), que articula más de mil 500 organizaciones, señala que “el matrimonio infantil sitúa a las niñas en mayor riesgo de sufrir violencia sexual, física y sicológica”. Sus guías de incidencia han sido usadas por parlamentarios en reformas del Caribe y de América del Sur.
Las ONG (Organizaciones no Gubernamentales) internacionales llenan huecos operativos. Plan International despliega metodologías de Champions of Change (Campeones del Cambio), para trabajar con niñas y también con varones en masculinidades igualitarias; Save the Children (Salvemos a los Menores) integra prevención en normas comunitarias, medios de vida y protección; Equality Now (Igualdad Ahora) litigó y cabildeó por leyes sin excepciones y adopción de modelos legislativos en África austral.
Las emergencias y el clima siguen empujando uniones por supervivencia. Estudios y reportes desde Yemen, Siria o el Sahel documentan que el desplazamiento, la inseguridad y los choques climáticos agravan los incentivos familiares a casar temprano a sus niñas. De ahí que ACNUR y socios promuevan integrar la prevención en refugios, diversos apoyos y educación como parte del paquete humanitario estándar.
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