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El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, aseguró que las modificaciones a la Ley General de Seguridad Nacional en México beneficiarían a las “violentas organizaciones criminales transnacionales ”.
En un comunicado del Departamento de Justicia, Barr afirmó que "el Departamento de Justicia está comprometido a trabajar con el gobierno de México para combatir los criminales transnacionales que amenazan a nuestras dos naciones.
"Como siempre, nuestra cooperación se da dentro del marco de larga data diseñado para abordar de manera conjunta nuestros desafíos compartidos: por eso, por ejemplo, recientemente, Estados Unidos devolvió al exsecretario [de la Defensa, Salvador] Cienfuegos a México, para permitirle ser investigado ahí, por lo que nos preocupa la legislación que actualmente se encuentra en el Congreso mexicano, lo que tendría el efecto de dificultar la cooperación entre nuestros países y haría menos seguros a los ciudadanos de México y Estados Unidos.
"La aprobación de esta legislación sólo puede beneficiar a las violentas organizaciones criminales transnacionales y otros criminales que estamos combatiendo conjuntamente".
Tras décadas de polémica presencia de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) en México, la operación contra el general Salvador Cienfuegos fue la gota que colmó el vaso para el gobierno de México, que ha optado por desafiar al organismo limitando por ley los movimientos de sus agentes.
"Antes los agentes del Gobierno de Estados Unidos, entraban, salían y hacían lo que querían y se les permitía porque no se defendía el principio de independencia y soberanía de nuestra nación", dijo este jueves el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador , al justificar su decisión.
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Con 71 votos a favor, 21 en contra y una abstención, el Senado mexicano aprobó el miércoles por la noche una iniciativa presentada de urgencia por el presidente que regula la presencia de los agentes extranjeros en México.
La reforma de la Ley de Seguridad Nacional obliga a los agentes de otros países a compartir su información con las autoridades mexicanas, les prohíbe arrestar a personas, les exige una autorización para llevar armas, establece que no tienen inmunidad judicial y amenaza con la expulsión de las agencias si quebrantan la ley.
lsm