Miami.— En Estados Unidos, pocos sectores están tan íntimamente ligados al músculo inmigrante como la construcción. Desde los edificios de oficinas en Miami hasta las obras de carreteras en Texas o las viviendas suburbanas de Colorado, el desarrollo urbano ha descansado históricamente sobre el trabajo, muchas veces invisibilizado, de obreros llegados al país con mano de obra calificada, pero sin papeles.
Esta columna vertebral se agrieta bajo el mazo de las redadas migratorias masivas impulsadas por la administración de Donald Trump, que no sólo han derivado en la detención de miles de trabajadores indocumentados, sino que han colocado a toda la industria de la construcción estadounidense frente a un colapso operativo inminente.
El 29 de mayo en Tallahassee, Florida, agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) rodearon el complejo Perla at the Enclave, una obra de residencias estudiantiles cerca de la Universidad Estatal de Florida, y detuvieron a más de 100 trabajadores provenientes de Nicaragua, Honduras, Venezuela, México, Colombia y El Salvador. En julio, redadas simultáneas en Texas, Carolina del Norte, Florida y Alabama resultaron en aproximadamente 280 detenciones en distintos sitios de construcción.
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En San Antonio, Texas, una redada en el campus de la Universidad de Texas dejó a la empresa contratista sin cuadrillas para terminar una obra pública. “Muchos no volvieron, los que se quedaron piden más dinero, lo cual es justo, pero el margen no da”, lamentó un jefe de obra.
Cientos de trabajadores han optado por no regresar a sus empleos. “Ya ni aunque tengas papeles te sientes seguro”, declaró a EL UNIVERSAL Aarón Pineda, obrero hondureño con un Estatus de Protección Temporal (TPS) activo.
“Nosotros levantamos edificios, pero ahora nos quieren fuera a cualquier costo”. Muchas áreas en distintas ciudades de toda la Unión Americana las describen ya con el mote de “áreas fantasma”, porque “todo quedó abandonado, tirado, a medio terminar en obra negra”, dice a este medio Rogelio Ortiz, un contratista en Florida. Tony Maniscalco, director de una firma constructora en Nueva Orleans, recordó que “después del huracán Katrina, que devastó esta ciudad, nadie quiso venir a ayudarnos a reconstruir, excepto los inmigrantes, muchísimos de ellos, indocumentados. Hoy nos tratan —a los empresarios— como criminales por contratarlos y a ellos por no tener papeles”. Trump, lamentó, “está rompiendo el único sistema que aún funcionaba”.
Según datos de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas de Estados Unidos (NAHB, por sus siglas en inglés), el déficit de trabajadores en el sector superaba los 450 mil, por falta de oferta, antes del regreso de Trump a la presidencia, el 20 de enero. Pero tras los primeros meses de redadas, la cifra se ha disparado: hoy, la NAHB estima que se requieren 723 mil contrataciones anuales para compensar un déficit histórico de vivienda que suma 1.5 millones de unidades, lo que confirma una crisis laboral en la construcción estadounidense persistente.
El Urban Institute calcula que al menos 54% de los trabajadores inmigrantes en la construcción son indocumentados, lo que representa entre 1 millón 700 mil y 1 millón 800 mil personas a nivel nacional. En Texas, ese porcentaje alcanza 23% del total de obreros; es decir, más de 330 mil individuos en riesgo.
De acuerdo con declaraciones diversas de empresas constructoras, la escasez de mano de obra ya está retrasando la entrega de viviendas, aumentando los costos y comprometiendo contratos públicos. “En Florida hemos visto obras paralizadas por completo”, alertó Michael Bellaman, presidente y CEO de Associated Builders and Contractors. “Necesitamos una solución legal y rápida, no se puede cambiar la base de una industria sin colapsarla”, añadió.
Stephen E. Sandherr, director ejecutivo de la Associated General Contractors of America (AGC), fue aún más directo: “El gobierno está atacando a la fuerza laboral que literalmente construye este país. Si el objetivo es frenar el crecimiento económico, lo están logrando”.
De acuerdo con la American Business Immigration Coalition, algunas constructoras en el sur de EU han reducido sus operaciones hasta en 50% desde marzo, por falta de trabajadores. “Esto no se trata de una ideología a seguir, se trata de una aritmética simple que marca la realidad”, advierte a este medio Rebecca Shi, directora ejecutiva de la coalición; “si deportan a quienes colocan ladrillos, vierten concreto y manejan grúas, la obra se detiene y punto; las afectaciones van a estar ahí”, insiste.
En mayo, las obras de construcción iniciadas cayeron a mil 256 millones de unidades, el nivel más bajo desde mayo de 2020; y aunque en junio se registró un leve repunte a mil 321 millones, la cifra aún fue 0.5% inferior al mismo mes del año anterior. Todo, por falta de mano de obra, por las redadas.
