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Managua.— Varios cientos de nicaragüenses se manifestaron ayer en Managua y exigieron la renuncia del presidente, Daniel Ortega, tras una noche de graves disturbios que dejó dos muertos y 60 heridos en León y Chinandega (occidente).
Portando banderas de Nicaragua, los manifestantes también demandaron “justicia” para las víctimas de la violencia que afecta al país desde hace cinco semanas y donde la mayoría de fallecidos eran jóvenes estudiantes.
La protesta, pacífica, estuvo encabezada por líderes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que agrupa a universitarios, representantes de la sociedad civil y del sector privado, que han impulsado las protestas antigubernamentales. Según un informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 76 personas murieron —sin incluir las dos del miércoles— y 868 resultaron heridas en los primeros 25 días de protestas. El gobierno sólo registra 18 muertos.
La crisis comenzó el 17 de abril con una protesta estudiantil contra una reforma del Seguro Social, luego revocada, que afectaba a miles de trabajadores y jubilados. Las manifestaciones se multiplicaron tras la reacción de la policía y fuerzas paramilitares.
Los últimos sucesos violentos ocurrieron la noche del miércoles, cuando activistas del gobierno atacaron dos retenes de manifestantes cerca de la ciudad de León, 90 kilómetros al noroeste de la capital, y en la cercana zona de Telica. Los paramilitares dispararon armas de fuego y morteros (bombas caseras) contra los manifestantes en el “tranque”, como se conoce a las barreras de piedras, troncos y adoquines, construidas para bloquear las carreteras rurales y las avenidas en la ciudad.
Un hombre de 30 años que pasaba por el lugar del enfrentamiento fue impactado por un balazo en la cabeza, confirmó su tía. También falleció un activista del gobierno por una herida con mortero, dijo Marcio Ocón, director de la Cruz Roja en León, que además reportó 54 heridos por impactos de balas de goma, balas de plomo y morteros. Otro ataque similar ocurrió después en otro “tranque” en la ciudad de Chinandega, con saldo de al menos cinco heridos.
Horas antes, en Madriz (norte), paramilitares disolvieron con violencia un mítin de campesinos.
El diálogo nacional para resolver la crisis fue suspendido el miércoles por los obispos católicos de la comisión mediadora al no alcanzarse acuerdos sobre la agenda a discutir. Ayer el gobierno reiteró su disposición a dialogar, pero exigió levantar los bloqueos en carreteras, según señaló en un comunicado el canciller Denis Moncada, en el que llamó a evitar “la violencia en todas sus formas y asegurar el derecho al trabajo”.
Por la tarde, la Asamblea Nacional (Parlamento) nicaragüense, de mayoría sandinistas, aprobó una declaración denominada de “Rechazo a los tranques y a la violencia” que, alegó, “han afectado la vida y la salud de las personas”.
La oposición insiste en que se adelanten las elecciones programadas para el año 2021. Los obispos convinieron en crear una comisión especial con tres delegados del gobierno y tres de oposición para intentar destrabar las diferencias.
“El gobierno espera la convocatoria para participar activamente en la comisión de tres más tres, convocada por los mediadores”, señaló la nota de Moncada.
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) instó al gobierno nicaragüense a cesar la represión. “No es buscando acallar a la población civil que resolverá la crisis política y social que está atravesando el país”, afirmó en una nota la vicepresidenta de la FIDH, Gloria Cano.
