Miami. Tras 43 días de parálisis institucional, la aprobó este miércoles el acuerdo temporal que permite reabrir el gobierno federal. La medida, que ya había sido ratificada por el Senado el lunes 10, extiende el financiamiento hasta el 30 de enero de 2026 y restablece parcialmente los servicios públicos suspendidos desde el 1 de octubre. Sin embargo, esta reapertura ha tenido un costo para el

El acuerdo bipartidista, respaldado por una mayoría legislativa de emergencia, representa un respiro para millones de ciudadanos afectados por el cierre más prolongado en la historia de la Unión Americana. Programas esenciales como SNAP (asistencia alimentaria), WIC (nutrición infantil y materna) y el pago retroactivo a empleados federales suspendidos fueron incluidos en el paquete de reapertura. También se revierte la ola de despidos ejecutada durante el cierre bajo la administración Trump, especialmente en sectores como transporte, inspección alimentaria y servicios sociales.

Pero, a diferencia de lo que pedían los demócratas, no incluye la renovación de los créditos fiscales de la Affordable Care Act (ACA, Ley de Cuidado de Salud Asequible). A cambio, los republicanos ofrecieron solo una promesa de votar en el Senado, a mitad de diciembre, la extensión de dichas ayudas; no hay garantía de que pase ni de que la Cámara lo tome.

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Es relevante porque los subsidios médicos (créditos que descuentan parte de la prima del seguro del mercado del ACA) son, literalmente, lo que hace que millones de habitantes en la Unión Americana puedan pagar su póliza cada mes. Funcionan como un “descuento” según ingreso; si desaparecen al final de 2025, en 2026 las primas subirían exponencial y desproporcionadamente, “al grado que para muchos, subiría mucho, familias y trabajadores por cuenta propia se quedarían sin cobertura o tendrían que recortar en otras cosas para pagarla”, señala a EL UNIVERSAL la activista y especialista en seguros médicos Claudia López; y, como suele suceder, más personas terminarían atendidas de urgencia sin seguro, “lo que encarece el sistema de salud para todos”, asegura López. “con subsidio, el seguro es alcanzable; sin él, se dispara el gasto de bolsillo, cae la cobertura y el problema se traslada a los hospitales, a los estados y especialmente a los contribuyentes”.

Ahí está el meollo del costo político para los demócratas; “una fractura visible entre su liderazgo y un electorado progresista que los presiona para no salir del shutdown sin blindar los subsidios médicos”, señala López. Lo que trascendió es que esto ha provocado que la izquierda activista demócrata exija la renuncia de Chuck Schumer como jefe demócrata en el Senado. Uno de los grupos demócratas más influyentes ya había formalizado ese llamado en marzo pasado y lo ha reactivado tras la votación del lunes. “Necesitamos líderes con columna vertebral”, fue la consigna con la que lanzaron su ofensiva contra Shumer.

Schumer, que votó en contra del paquete final, repitió durante semanas que su oferta era abrir de inmediato el gobierno si se incluía una extensión “limpia”, sin recortes, de los subsidios de la ACA por un año. “Los demócratas estamos listos para aprobar rápido un proyecto que incluya la asequibilidad en salud… todo lo que los republicanos tienen que hacer es decir sí”, dijo. Al final, la bancada no logró imponer esa línea y ocho integrantes del bloque demócrata se sumaron a los republicanos para alcanzar los 60 votos.

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Para entender por qué el subsidio es el ring en el que los demócratas eligieron pelear, conviene mirar la magnitud del golpe al bolsillo si expiran las ayudas. KFF (Kaiser Family Foundation) calcula que, sin extenderse los créditos, “los pagos de prima aumentarían más del 100% para muchos de los 24 millones” que compran su seguro médico en el mercado individual. Ese salto se sumaría a alimentos y vivienda más caros, un coctel político corrosivo.

El Urban Institute traduce ese shock en una cobertura perdida: si los créditos mejorados no se renuevan en 2026, 4.8 millones de personas se quedarían sin seguro médico. Técnicamente se trata de los Premium Tax Credits (PTC, créditos fiscales a la prima), creados para reducir el costo neto de las pólizas; su reversión elevaría de forma abrupta el gasto de los hogares y golpearía con especial fuerza a estados sin expansión de Medicaid, el seguro médico gubernamental.

La opinión pública, además, se mueve en un terreno que penaliza a quien aparezca encareciendo la salud. Un sondeo de Associated Press/NORC (AP-NORC) en la Universidad de Chicago, reportó que la mayoría está muy preocupada por el alza de costos médicos, justo mientras millones comparan planes y precios en la ventana de inscripción. Y encuestas de KFF hallan que cerca de tres cuartas partes apoyan extender los PTC más allá de 2025.

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¿A quién culpan por el cierre? Aquí hay datos que son mixtos y, por tanto, peligrosos para los demócratas que se dividieron. En una medición de Washington Post/ABC-Ipsos, más estadounidenses responsabilizan a Donald Trump y al Partido Republicano (GOP) que a los demócratas; pero otra de Reuters/Ipsos reparte culpas entre todos, incluidos los demócratas del Congreso.

En paralelo, la arista social del cierre endurece el juicio ciudadano. La Corte Suprema permitió, de momento, que la administración continúe reteniendo alrededor de 4 mil millones de dólares del programa de ayuda alimentaria conocida como SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program), lo que dejó a familias entre el desabasto y los bancos de comida. “El problema para el país es que el daño no lo paga un partido, lo paga la gente; y quien aparezca más adelante, una vez pasada la emergencia, como responsable, asumirá el costo político y social”, subraya la especialista en seguros médicos.

Dentro del Partido Demócrata, el quiebre más visible se dio en el Senado. Jeanne Shaheen y Maggie Hassan, demócratas de Nuevo Hampshire, junto con el independiente Angus King, lideraron el grupo que apostó por “abrir y seguir discutiendo”, bajo el argumento de que “la gente cuenta con nosotros”. “Esa postura de exgobernadoras y pragmáticos les compra paz con moderados, pero a costo de irritar a activistas y a su propia base”, dice López.

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El polémico Bernie Sanders calificó de “error horroroso” haber soltado la palanca sin garantías reales para la ACA y, en un mensaje de “Día 36” del cierre, desnudó lo que, a su juicio, era un “gesto vacío”: dar un voto simbólico sobre subsidios que luego moriría en la Cámara o por veto presidencial.

Schumer, por su parte, trata de convertir lo que llaman una derrota táctica en una narrativa de persistencia. “No vamos a abandonar la pelea”, dijo al justificar su voto en contra del paquete; su apuesta es que el eco electoral de la salud, como costo doméstico, no como consigna ideológica, acabe forzando a los republicanos a aceptar, aunque sea, una extensión corta. En medio de toda la discusión, el fuego amigo ya lo dejó más expuesto que nunca.

Fuera del Congreso, analistas ven otro riesgo para los demócratas, que haber iniciado el pulso y ceder al final deje una sensación de causa justa mal administrada. El New Yorker lo resumió con ironía, tal vez “el punto era empezar la pelea”, porque la base no les perdonaría capitular otra vez. El precio no es inmediato en las encuestas, pero sí en el activismo, la recaudación y las primarias.

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Quienes empujaron límites más duros al aborto en pólizas médicas con subsidio ven ahora un margen de negociación si en diciembre se reabre ese capítulo y algunos moderados republicanos han dejado ver apertura a cambios con topes de ingreso. La duda es si esa ventana existe en la Cámara, donde Johnson no promete siquiera someterlo a voto.

En términos administrativos, el acuerdo del Senado busca desactivar heridas autoinfligidas: restituye personal despedido durante el cierre, reabre parques y normaliza nóminas, un salvavidas para economías locales golpeadas. “El aprendizaje político para los demócratas es que, si la reapertura llega sin el ancla sanitaria, el relato de ‘reabrimos para seguir peleando por tu seguro’ va a sonar más a coartada”, considera López.

El mapa electoral complica más la ecuación. La propia KFF advirtió que el golpe de la pérdida de PTC pegaría “con especial fuerza” en estados conservadores sin expansión de Medicaid y entre pequeños negocios y granjeros que compran cobertura en el mercado individual. Es decir, los demócratas podrían estar pagándole el costo a su base hoy para que el aviso de factura llegue a distritos republicanos en otoño de 2026, justo en época de elecciones de medio término.

De aquí a la votación sanitaria prometida para diciembre, el riesgo es asimétrico: si no se extienden los subsidios, los votantes afectados difícilmente perdonarán a quien dijo que peleaba por abaratar la salud y al final no pudo. Si se extienden, los demócratas podrán argumentar que su “alto costo” fue una inversión con rédito social. “Hoy, la apuesta sigue abierta y el precio político ya se siente en cada casa del país”, concluye López.

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