San José.— Cuando el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, reapareció en público el 23 de junio pasado en Managua, lanzó una encendida arenga anticapitalista y antiimperialista y defendió la ola de arrestos de opositores con una palabra que exhibió la ausencia de separación de poderes y desnudó su mando absoluto: “Estamos”.
Aunque la Constitución de Nicaragua define al Poder Judicial como autónomo de instancias como el Ejecutivo, presidido por Ortega y por su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, el cuestionado mandatario confesó implícitamente que está supeditado a sus designios.
“No estamos juzgando candidatos [presidenciales], aquí se está juzgando a criminales” por atentar contra el país, narró, al referirse al proceso que, apoyado en la Policía Nacional y el Ministerio Público, lanzó a inicios de junio anterior y continuó este mes contra 26 opositores y otros en riesgo.
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En un país democrático con división de poderes, ningún presidente podría aducir que “estamos juzgando”, por ser una opción exclusiva del Judicial. Pero el mapa institucional de Nicaragua cambió desde que Ortega asumió la presidencia en enero de 2007 y se reeligió para dos quinquenios—2012 a 2017 y 2017 a 2022—y prevé reelegirse en noviembre próximo para el de 2022 a 2027.
“La crisis de derechos humanos en Nicaragua se profundiza por la falta de separación de poderes”, afirmó el nicaragüense Álvaro Leiva, secretario ejecutivo de la (no estatal) Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos.
Exiliado en Costa Rica desde agosto de 2018, Leiva dijo a EL UNIVERSAL que en Nicaragua hay “ruptura del orden constitucional y democrático y un Estado fallido en el ejercicio del poder político”. En 2021, y con el monopolio jurídico que diseñaron tras el estallido en abril de 2018 de masivas protestas antigubernamentales, Ortega y Murillo reforzaron su control ejecutivo, judicial, legislativo y electoral, con aval del Ejército y la Policía, y cerraron espacios a la oposición y la prensa independiente.
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También culparon a EU, principal socio comercial de Nicaragua, del conflicto que explotó en 2018 y alegaron que Washington conspiró con la oposición con terrorismo para un golpe de Estado. Acusados de represión y de dictadura dinástica, ambos negaron los cargos. La dupla distribuyó entre los 26 una lista de delitos: lavar dinero, menoscabar la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia foránea, pedir intervenciones militares y bloqueos económicos, homicidio, robo, secuestro, extorsión y daños múltiples en “el fallido intento” de golpe de Estado de 2018.
En este escenario, ¿qué puede parar al dúo? ¿Servirá cerrarle las llaves financieras de bancos como el Interamericano de Desarrollo (BID) o el Centroamericano de Integración Económica (BCIE), o las puertas comerciales de EU y Europa? “El régimen es muy frágil a cualquier presión económica externa”, advirtió el economista y sociólogo nicaragüense Oscar René Vargas, exprofesor universitario en Nicaragua y México y exiliado desde 2018 en Costa Rica. Los motores de Nicaragua son exportaciones, remesas familiares, préstamos, donaciones e inversiones extranjeras, que provienen básicamente de EU y de la Unión Europea (UE) y que, con la política de Ortega y Murillo, están en “peligro”, dijo Vargas a este diario.
Esenciales para el clientelismo político del matrimonio, las donaciones de 2021 de fuentes multilaterales, como UE y BID, o bilaterales, como EU, España y otros gobiernos, ascenderían a unos 21 millones de dólares.
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El BID, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, entes en los que Washington posee facultad de bloqueo, prevén prestar 300 millones de dólares a Nicaragua, mientras que el BCIE le giraría 200 millones de dólares, según datos oficiales.
Por la represión desde 2018, Canadá, Holanda, Alemania, España y otros países cancelaron o redujeron sus donaciones. De enero de 2007, cuando Ortega asumió, a abril de 2021, las remesas sumaron 16 mil 842.7 millones de dólares, la mayoría desde EU, precisó el Banco Central de Nicaragua.
De enero a abril de 2021, las exportaciones nicaragüenses a EU cerraron en 559.8 millones de dólares y a la UE en 144.8 millones de dólares, informó. Las ventas y compras en EU y UE llegaron a mil 438.4 millones de dólares en ese periodo en el que, con el resto de mercados, el total fue de 3 mil 238.6 millones de dólares. Las exportaciones de Nicaragua a sus aliados —Cuba, Venezuela, Rusia, Bolivia e Irán— alcanzaron 21.4 millones de dólares en ese plazo.
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Washington y Bruselas impondrían más sanciones económicas a Managua, con pactos de libre comercio con EU y UE, para que excarcele a los presos políticos (unos 150) y acepte que los comicios sean democráticos, justos y legales. El Parlamento Europeo acordó ayer evaluar las represalias. “Con su debilidad económica global, Nicaragua depende de EU y Europa y el régimen pone todo en peligro”, insistió Vargas. Pero la vicepresidenta Murillo alertó el 24 de junio: “No somos colonia de nadie”.
Lista de prisioneros
Precandidatos prescidenciales
Medardo Mairena, dirigente campesino.
Cristiana Chamorro Barrios, hija de la expresidenta Violeta Barrios.
Félix Maradiaga, politólogo.
Dirigentes Universitarios
Dirigentes partidistas
Pedro Joaquín Chamorro Barrios, exdiputado.
Hugo Torres, exguerrillero.
Dora María Téllez, exguerrillera.
Violeta Granera, activista social.
Víctor Hugo Tinoco, exvicecanciller.
José Pallais, exvicecanciller.
Ana Margarita Vijil, líder del movimiento Unamos.
Ana Suyen Barahona , dirigente de Unamos.
Tamara Dávila, del partido Unidad Azul y Blanco.
María Fernanda Flores, exdiputada.