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El periodista José Rubén Zamora, pionero del periodismo de investigación en Guatemala donde destapó algunos de los más importantes casos de corrupción, fue sentenciado este miércoles a 6 años de cárcel.
El Tribunal Octavo de Sentencia Penal guatemalteco le impuso esta condena "inconmutable", además de una multa de 300 mil quetzales (38 mil 300 dólares), por el delito de lavado de dinero.
Le absolvió, sin embargo, de los cargos de chantaje y tráfico de influencias que le había imputado el Ministerio Público (fiscalía), que había pedido una condena de 40 años.
"Han vulnerado todos mis derechos, pero espero recuperar mi libertad porque la Fiscalía no pudo comprobar nada", declaró el periodista a la agencia EFE en la sala previo al inicio de la audiencia donde se anunció el veredicto.
"Tengo un hijo en el exilio con orden de captura y, por fortuna, mi esposa salió anoche [del país], porque temo que la capturen", agregó.
Te contamos los detalles sobre el caso, la trayectoria de este periodista y la compleja situación de la democracia guatemalteca.
Amenazas, atentados y secuestros
Si hay una leyenda viva del periodismo de investigación en Guatemala es José Rubén Zamora Marroquín.
El también ingeniero industrial y empresario, de 66 años, fundó en 1990 el diario Siglo Veintiuno, considerado el medio pionero del periodismo de investigación en el país centroamericano.
Sus reportajes sobre corrupción, violaciones de derechos humanos, tráfico de drogas y actividades de la guerrilla supusieron para Zamora y su diario un amplio reconocimiento internacional y varios premios por su defensa de la libertad de prensa.
Siglo Veintiuno tuvo un papel relevante en el derrocamiento del gobierno del presidente Jorge Serrano (1991-1993) con investigaciones que destaparon sus actividades corruptas.
En 1993, en la crisis de 10 días que siguió al llamado "Serranazo", el autogolpe de Estado que auguraba un régimen autocrático en el país, Zamora cambió el nombre del diario a Siglo Catorce y cubrió las noticias con bloques de tinta negra para exponer la censura mientras enviaba por fax versiones íntegras a países vecinos, en una campaña que se consideró crucial para el fracaso del pronunciamiento.
Como precio por destapar escándalos y exponer a corruptos, el periodista sufrió todo tipo de amenazas y atentados, entre ellas un ataque con granadas en 1996 del que salió ileso.
Tras dejar Siglo Veintiuno, en 1996 fundó El Periódico, donde siguió destapando importantes escándalos de corrupción de las élites guatemaltecas, mientras continuaban las agresiones y amenazas desde el poder.
"En 2003 allanaron nuestra casa, nos mantuvieron secuestrados a toda la familia por casi cuatro horas y simularon la ejecución de mi papá frente a nosotros", le dice a BBC Mundo el hijo menor del periodista, Ramón Zamora, de 33 años.
José Rubén Zamora también fue secuestrado en 2008 y recibió una paliza en 2013, además de incontables amenazas de muerte y otras agresiones.
"Desde el inicio nos especializamos en destapar temas de corrupción; por eso todos los gobiernos de turno siempre estuvieron molestos con El Periódico y buscaron cómo reducirnos", explica a BBC Mundo Julia Corado, que fue la última directora del diario.
El Periódico echó el cierre el pasado 15 de mayo.
"Ya con Zamora en prisión esto se dificultó, se recrudecieron las amenazas a anunciantes para que se alejaran de El Periódico y esto definitivamente provocó su fin", afirma Corado.
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¿Un juicio justo?
La clausura del diario tras 26 años de historia llegó diez meses después de que el 29 de julio de 2022 las autoridades arrestaran a Zamora y lo encarcelaran en una prisión al norte de la Ciudad de Guatemala.
Lo detuvieron cinco días después de que lanzara graves acusaciones de corrupción al presidente Alejandro Giammattei y su círculo cercano.
No eran las primeras: Zamora y su equipo ya habían ayudado a destapar varios escándalos del gobierno de Giammattei, como una compra millonaria de vacunas rusas Sputnik V llena de irregularidades o el soborno que el presidente presuntamente recibió de empresarios rusos con un maletín de dinero en efectivo a cambio de una concesión.
Los defensores de José Rubén Zamora denuncian que el juicio ha estado plagado de irregularidades y violaciones del debido proceso.
El Ministerio Público lo acusó de haber intentado extorsionar a un exbanquero y también de lavado de dinero tras hallar el equivalente a unos US$38.000 en su domicilio durante un allanamiento.
Por ello pidió para el periodista 40 años de cárcel, una solicitud desproporcionada para los cargos presentados, según sus defensores.
Estos alegaron que el dinero procede del pago de una obra de arte que Zamora vendió a un tercero y presentaron el contrato de compraventa para demostrarlo.
Sin embargo, el Ministerio Público consideró que el documento es falso e imputó por ello a otras tres personas.
El juez no permitió declarar al comprador del cuadro ni a ningún otro testigo que propuso la defensa. Los 27 testigos que ofrecieron testimonio en el juicio fueron todos convocados por la acusación.
A Zamora tampoco le permitieron presentar evidencias: "propusimos 18 o 20 pruebas de las que nos aceptaron nueve, que son básicamente su DNI y otros documentos de acreditación personal. El resto nos las negaron", lamenta su hijo Ramón.
Además, tuvo que cambiar hasta ocho veces de abogado porque, según denuncias, los letrados que contrataba recibían presiones, amenazas o directamente se les procesaba.
"Al final le asignaron un nuevo abogado de oficio unas 12 horas antes de comenzar el proceso, y éste ni siquiera se molestó en pedir una prórroga de cinco días para estudiar bien el caso", lamenta Ramón Zamora.
"No le aceptaron sus pruebas, no le aceptaron a sus testigos, imputaron a su testigo principal, persiguieron a sus abogados y pidieron una pena exagerada, más grande que ninguna en la historia por ese delito. Es ridículo", resume su otro hijo, el también periodista José Carlos Zamora.
Los familiares del periodista prometieron seguir luchando el caso hasta el final y, de ser necesario, lo llevarán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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La democracia en Guatemala
El Ministerio Público y el gobierno han asegurado en todo momento que el proceso contra Zamora es lícito y está completamente desvinculado de su actividad periodística.
Sus defensores, sin embargo, ven en este proceso una nueva forma de amordazar a quienes revelen informaciones comprometedoras para quienes controlan el poder.
"Con los años el gobierno de Guatemala ha pasado de las típicas campañas de difamación, ataques físicos, secuestros e intentos de asesinato a utilizar la ley como una herramienta para perseguir a mi padre. Empezaron con leyes civiles y ahora penales", afirma el hijo mayor de Zamora.
La exdirectora de El Periódico, por su parte, destaca una diferencia fundamental entre el actual gobierno guatemalteco y los anteriores.
"El gobierno de Giammattei ha logrado coaccionar a todos los poderes del Estado. Ahora tiene a su favor el Congreso, el Tribunal Supremo Electoral y todas las entidades clave. Pueden plantear cualquier cosa a los tribunales y salirse con la suya", sentencia.
El CPJ, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y otras organizaciones del gremio han denunciado reiteradas maniobras de este tipo por parte del gobierno guatemalteco para amedrentar o silenciar a periodistas.
Mientras, instituciones internacionales enmarcan los ataques a periodistas en una ofensiva más amplia del ejecutivo de Giammattei contra todas las voces críticas.
Ahí destaca la figura de Consuelo Porras, fiscal general de Guatemala desde 2018, a quien atribuyen una campaña de persecución a jueces, fiscales y abogados que trabajaban temas vinculados a la corrupción.
Desde que Porras lidera el Ministerio Público al menos 12 de estos juristas han sido encarcelados o procesados, y unos 30 fiscales, jueces y magistrados se han exiliado tras denunciar represalias por su trabajo en casos de corrupción, según datos de organizaciones de derechos humanos.
El Departamento de Estado de EE.UU. la señaló como un "actor corrupto" y la acusó de obstruir "en forma reiterada investigaciones contra la corrupción en Guatemala con el propósito de proteger a sus aliados políticos y conseguir favores políticos indebidos".
Guatemala se aproxima a sus elecciones presidenciales del 25 de junio, que mediante sistema de dos vueltas designarán al líder del país por los próximos cuatro años.
Tres precandidatos -entre ellos el popular empresario Carlos Pineda, que lideraba los sondeos- fueron excluidos del proceso electoral por motivos que opositores consideran arbitrarios.
Así, hay quienes comienzan a comparar la deriva autoritaria de Guatemala con la del país que organizaciones internacionales califican como el más represivo de la región centroamericana.
"Guatemala es un émulo de Nicaragua. Todo lo que a ellos les ha salido bien lo copian aquí", denuncia la exdirectora de El Periódico.
