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En un fallo histórico, la Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua a ocupar cargos públicos contra la expresidenta Cristina Fernández, viuda de Kirchner, en un caso por corrupción.
La decisión confirmada este martes sacude a todo el sistema político. Cristina Kirchner es la primera expresidenta argentina en tener una condena firme por corrupción. La actual líder del Partido Justicialista (PJ) nacional, aún la figura más fuerte de la oposición al gobierno del presidente Javier Milei, quedará fuera de la carrera electoral y no podrá competir, como era su intención, por una banca en la Legislatura bonaerense el próximo 7 de septiembre.
Por su edad, 72 años, Cristina Kirchner puede solicitar cumplir la condena en arresto domiciliario. Esperó el pronunciamiento de la Corte rodeada de dirigentes y militantesen la sede del PJ.
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La Corte Suprema resolvió de manera unánime, con los votos de los tres jueces: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Quedó firme la condena a seis años de prisión para la expresidenta por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en las 51 licitaciones de obra pública en la provincia de Santa Cruz.
El máximo tribunal también dejó firme la absolución por el delito de asociación ilícita, tras rechazar el pedido de la fiscalía para agravar su condena.
Cristina Fernández también es acusada de cometer fraude millonario al Estado
La también exvicepresidenta (2019-2023) fue condenada en 2022 tras ser hallada culpable de haber cometido un fraude millonario al Estado durante su presidencia mediante la asignación irregular de fondos estatales a un empresario allegado para la realización de obras públicas.
La causa judicial, que comenzó en 2016, comprobó irregularidades en 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales en la provincia de Santa Cruz entre los años 2003 y 2015, que comprenden la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007) —difunto marido de Fernández— y en los que ella fue mandataria.
Según la justicia, durante esos gobiernos tuvo lugar “una extraordinaria maniobra fraudulenta” que perjudicó los intereses de la administración pública y estimó el desfalco en unos 85 mil millones de pesos (algo más de 70 millones de dólares, al cambio actual).
Las obras viales licitadas en esa provincia fueron sistemáticamente adjudicadas a un grupo de empresas vinculadas al también condenado empresario de la construcción Lázaro Báez, cercano al matrimonio Kirchner, con sobreprecios de más del 20%.
La causa judicial, que comenzó en 2016, comprobó irregularidades en 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales en la provincia de Santa Cruz entre los años 2003 y 2015, que comprenden la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007) —difunto marido de Fernández— y en los que ella fue mandataria.
Según la justicia, durante esos gobiernos tuvo lugar “una extraordinaria maniobra fraudulenta” que perjudicó los intereses de la administración pública y estimó el desfalco en unos 85 mil millones de pesos (algo más de 70 millones de dólares, al cambio actual).
Las obras viales licitadas en esa provincia fueron sistemáticamente adjudicadas a un grupo de empresas vinculadas al también condenado empresario de la construcción Lázaro Báez, cercano al matrimonio Kirchner, con sobreprecios de más del 20%.
La prisión domiciliaria no es automática.La ley dice que “podrá” disponerse, entre otros casos, cuando el condenado tenga más de 70 años, como es el caso de Kirchner.
Será decisión del tribunal, en caso de un pedido de prisión domiciliaria, resolver si Cristina Kirchner esperará esa definición presa en un establecimiento carcelario (como es la regla) o en libertad hasta que el tribunal decida.
Cristina Fernández y los otros procesos judiciales en los que está involucrada
La exmandataria tiene por delante un complicado escenario judicial. El 6 de noviembre comenzará a ser juzgada como presunta jefa una asociación ilícita dedicada al cobro de sobornos a empresarios vinculados con la obra pública.
Otro proceso, aún sin fecha de inicio definida, girará en torno a la firma de un memorando de entendimiento con Irán en 2013. Según la justicia ello habría permitido el encubrimiento de los iraníes imputados por la justicia argentina en la causa por el atentado terrorista de 1994 contra una asociación judía en Buenos Aires.
En un tercer caso será juzgada bajo la acusación de lavado de activos y asociación ilícita por un presunto esquema mediante el que empresarios favorecidos con obra pública habrían pagado alquileres de propiedades pertenecientes a la exmandataria y a sus hijos como retorno de las adjudicaciones.
Con información de AP.
desa/mgm
