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Las autoridades peruanas allanaron la noche del sábado la vivienda de la presidenta Dina Boluarte en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, a raíz del uso de unos relojes Rolex que la mandataria no habría declarado como parte de su patrimonio.
Según un documento policial, en la diligencia intervienen unos 40 agentes y fiscales "con el fin de registrar la vivienda e incautar los relojes Rolex" cuya procedencia y compra Boluarte ha evitado precisar.
Investigación por presunto enriquecimiento ilícito
La fiscalía peruana aseguró el miércoles que la presidenta no ha declarado ni ha mostrado tres relojes de lujo marca Rolex usados por la mandataria, en el marco de una investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de declarar en agravio del Estado.
El fiscal adjunto supremo Hernán Mendoza, quien acudió a una comparecencia ante la comisión de fiscalización del Legislativo de Perú, en representación del fiscal general Juan Carlos Villena, dijo que el martes estaba programada una exhibición de tres relojes marca Rolex usados por la mandataria y que el miércoles la presidenta Boluarte estaba convocada para declarar.
“Ambas diligencias se han visto frustradas por la inconcurrencia de la señora Boluarte”, dijo Mendoza.
Desde mediados de marzo, hay una investigación por la utilización por parte de la presidenta Boluarte de relojes de lujo Rolex que ha derivado en cuestionamientos a su figura política, ante la falta de explicaciones.
En el Parlamento, un grupo de legisladores comenzó la semana pasada a juntar firmas para pedir la destitución de la presidenta y ésta—que afrontó protestas al inicio de su mandato que exigían su renuncia y dejaron 49 civiles muertos— les respondió: “No temo a las vacancias”.
Inicio de la polémica en Perú
La polémica empezó con un programa periodístico, llamado “La Encerrona”, que afirmó haber revisado miles de fotos oficiales en una investigación sobre los relojes que usa Boluarte y que divulgó que uno de ellos, un Rolex, vale en Perú hasta 14 mil dólares. En otras publicaciones periodísticas se detectaron al menos dos Rolex más.
Boluarte aseguró el viernes pasado ante la prensa que se iba a presentar ante los fiscales para decir “la verdad” y evitó las preguntas de los periodistas.
Según el fiscal adjunto, el fiscal general le había pedido que acudiera en la mañana del miércoles a la casa de la mandataria para recoger su declaración, luego de que el martes ésta eludiera la diligencia de exhibición de los relojes. Mendoza aseguró que no le abrieron la puerta cuando llegó al domicilio y que un policía le indicó que fuera al palacio presidencial, donde tampoco fue atendido.
Mateo Castañeda, abogado de Boluarte, indicó durante la jornada en un comunicado que el lunes solicitó una reprogramación de las diligencias fiscales del martes y miércoles. Añadió que el miércoles recién recibió una respuesta de la fiscalía donde se le indicaba que los actos investigatorios se iban a realizar de todas maneras y que, por ello, no pudieron acudir a realizar la defensa técnica.
La AP obtuvo una copia de la respuesta del fiscal general Villena en la que rechazaba el aplazamiento. Indicó que Boluarte mostraba “un claro indicador de rebeldía”, al pedir que las diligencias se reprogramen “después de dos semanas, siendo su pretexto recargada agenda”.
Villena indicó que la conducta de Boluarte “no hace más que retardar el resultado de la investigación” y que en su condición de alta funcionaria pública, la investigada “tiene la facultad de hacer uso de licencia por citación expresa judicial, militar o policial”.
El fiscal general precisó que es indispensable que Boluarte, o quien ella designe, “exhiba a la brevedad los tres relojes marca Rolex materia de la presente investigación, a fin que no se generen efectos que puedan resultar irreversibles e impida contar con aquellos objetos sea por disposición indebida, pérdida, destrucción o deterioro, con lo cual pueda verse afectada la investigación”.
Respuesta de Boluarte, presidenta de Perú
Al inicio de la polémica Boluarte dijo que al menos un reloj Rolex era un bien “de antaño”, “fruto” de su “esfuerzo” desde los 18 años y pidió a la prensa “no entrar en temas personales”. Sus ministros aludieron que había temas más importantes que tratar e incluso su primer ministro, Gustavo Adrianzén, abandonó enfadado una conferencia cuando los periodistas insistieron en preguntar si los relojes habían sido comprados o recibidos como regalos.
Boluarte, una abogada de 61 años, era funcionaria de una oficina distrital del registro de identidad cuando llegó al poder como vicepresidenta del entonces presidente, Pedro Castillo, el 28 de julio de 2021. Se convirtió en su ministra de inclusión social con un sueldo de 8.136 dólares mensuales.
Tras la destitución de Castillo por el Parlamento el 7 de diciembre de 2022, Boluarte se convirtió en presidenta con un sueldo menor a 4.200 dólares. Poco tiempo después comenzó a exhibir los relojes de lujo.
Todos los funcionarios están obligados a declarar sus bienes para evitar posibles casos de enriquecimiento ilícito y las declaraciones de bienes de Boluarte no consignan ningún reloj de esa marca.
Allanamiento cerca de la medianoche
Los medios locales informaron que la gobernante no se encuentra en su domicilio y que en el lugar sólo estaba uno de sus hijos, aunque luego llegó uno de los abogados de la mandataria, mientras que el Ministerio Público aún no ofreció ninguna información formal sobre la intervención.
Según la emisora RPP, el allanamiento con fines de registro de incautación fue aprobado por el juez supremo Juan Carlos Checkley tras un requerimiento presentado por el fiscal general, Juan Carlos Villena, como parte de la investigación de la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, en la modalidad de omisión de consignar declaraciones en documentos.
El Canal N de televisión mostró imágenes en las que se ve que un numeroso contingente policial se mantiene durante la madrugada de este sábado vigilando los alrededores de la casa de la mandataria, mientras que en el interior permanecían agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional junto con un equipo de fiscales.
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