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La noche del martes, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) levantó la inmunidad parlamentaria al presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó y autorizó a Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), integrado por magistrados afines al régimen de Nicolás Maduro, su juzgamiento.
La sesión de la ANC fue conducida por su presidente Diosdado Cabello , el número 2 del chavismo, y se dio un día después de que el presidente del TSJ, Maikel Moreno, solicitara a la Constituyente "el allanamiento a la inmunidad" de Guaidó, a quien declaró en desacato luego de que saliera del país pese a tener una prohibición para ello.
El decreto, que fue aprobado por unanimidad por la ANC, "autoriza la continuación del enjuiciamiento del ciudadano, diputado a la Asamblea Nacional, Juan Gerardo Guaidó Márquez (...) de conformidad con lo establecido en el artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela".
El mencionado artículo establece que los diputados tendrán inmunidad y que si cometen delitos solo el TSJ "podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento".
El número 2 del chavismo Diosdado Cabello dirigió la sesión en la que se levantó la inmunidad parlamentaria a Juan Guaidó. (Reuters)
Precisamente lo mencionado en este artículo de la Constitución pone en entredicho lo aprobado por la ANC. Según el abogado constitucionalista venezolano Pedro Afonso del Pino, un desafuero debe ser aprobado solo por la Asamblea Nacional y no por la Constituyente.
"La Constituyente no tiene competencia para levantar la inmunidad, que es una protección parlamentaria. Lo que han hecho es un sinsentido terrible", dijo Afonso del Pino a El Comercio.
Sin embargo, en el 2016 el TSJ declaró al Parlamento , dominado por la oposición, en desacato y considera que todas sus decisiones son nulas. Así, en la práctica la Constituyente ha asumido las funciones del Legislativo, algo que cuestiona Afonso del Pino pues no hay un respaldo constitucional para ello.
¿De qué se acusa a Juan Guaidó?
Hasta el momento, sobre Guaidó no pesa ninguna orden de detención. Solo hay un pedido de la Fiscalía, encabezada por el chavista Tarek William Saab, al TSJ para que sea investigado por hechos "violentos" ocurridos en enero, por sus pedidos a la comunidad internacional que derivaron en el bloqueo de cuentas manejadas por el régimen de Maduro y por presuntamente estar vinculado a los cortes de energía que se han acentuado en el último mes.
Además, el pasado 29 de enero el TSJ le abrió una investigación por presuntamente usurpar las funciones de Maduro y dictó medidas cautelares como la prohibición de salida del país y la congelación de sus bienes.
Recientemente la Contraloría sancionó a Guaidó con la prohibición de ejercer cargos públicos durante 15 años.
En enero, Guaidó invocó la Constitución para proclamarse presidente pues asegura que la gestión de Nicolás Maduro terminó el 10 de enero y que su reelección careció de legitimidad.
¿Le espera la cárcel a Guaidó?
El abogado Pedro Afonso del Pino manifiesta que el TSJ ha dicho que en el caso de Guaidó hay flagrancia, que el delito es visible , con lo cual el paso siguiente sería una orden de detención y su sometimiento a juicio.
"Pero la pregunta es si va a ocurrir o no. Antes el Gobierno no lo había arrestado, pero ahora tiene un poco más de fuerza para tomar una decisión así. Está por verse si ello se plasma o se queda como una amenaza permanente contra Guaidó”, asevera el constitucionalista.
Afonso del Pino agrega que en los discursos de los constituyentes chavistas del martes se habló de violación de la Constitución y de traición a la patria, que son delitos muy fuertes que se castigan con penas muy altas de prisión.
Casos similares
No está claro qué sucederá tras la decisión de la ANC, pero en otros casos contra opositores el levantamiento de la inmunidad ha servido para llevar adelante encarcelamientos, procesos sumarios o una suerte de muerte política. Otros han escapado del país. A continuación algunos ejemplos:
María Corina Machado
El 24 de febrero del 2014, cuando la Asamblea Nacional era dominada por el chavismo, perdió su curul de diputada tras ser acusada de "traición a la patria, terrorismo, instigación para delinquir, homicidios y conspiración".
La Contraloría la inhabilitó por 12 meses para el ejercicio de cargos públicos. La medida se dictó en julio del 2015 porque la política supuestamente omitió datos sobre unos cestatickets en la declaración jurada de patrimonio.
Por este caso también fueron inhabilitados otros dirigentes opositores como Enzo Scarano, Pablo Pérez, Daniel Ceballos, César Pérez Vivas y Manuel Rosales.
Juan Requesens, diputado opositor
El 7 de agosto del 2018 fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). El TSJ respaldó su arresto y la ANC le levantó la inmunidad parlamentaria. Se le sindica de participar en un intento de atentado contra Nicolás Maduro el 4 de agosto del 2018. Permanece en prisión a la espera de una acusación formal.
Julio Borges, diputado
En agosto del 2018 se le levantó la inmunidad luego de que la ANC lo señalara de haber participado en el intento de asesinato contra Maduro. Tiene orden de captura y actualmente está exiliado en Colombia.
Freddy Guevara, diputado
En noviembre del 2017 fue acusado por el TSJ de haber cometido delitos de "asociación, instigación pública continuada y uso de adolescentes para delinquir". Perdió su inmunidad parlamentaria. La Fiscalía lo acusó de terrorismo por las protestas contra Maduro del 2017. Actualmente está asilado en la embajada de Chile en Venezuela.
Gilber Caro, diputado
Fue detenido el 11 de enero del 2017 y permaneció encarcelado durante un año.
Germán Ferrer, diputado
Esposo de la exfiscal chavista Luisa Ortega, en agosto del 2017 la ANC le quitó la inmunidad parlamentaria por estar presuntamente vinculado a una red de extorsión. Ambos lograron escapar del país.
Ramón Muchacho, alcalde opositor
El 8 de agosto del 2017, en horas de la madrugada, el alcalde de Chacao fue sentenciado por el TSJ a 15 meses de prisión y declaró su inhabilitación política por no reprimir las protestas opositoras en su municipio. Muchacho se exilió.
Henrique Capriles
El excandidato presidencial anunció el 29 de febrero del 2016 que la Contraloría había iniciado una investigación sobre partidas presupuestarias de la gobernación del estado Miranda, que él dirigía. Se refería a presupuestos de los años 2011, 2012 y 2013. Tiene prohibición de presentarse a cargos de elección pública durante 15 años.
Leopoldo López
En el año 2008, el coordinador nacional de Voluntad Popular y para ese momento candidato a la Alcaldía Metropolitana, fue inhabilitado en dos oportunidades. La primera sanción, por tres años, fue emitida en junio del 2006, por operaciones relacionadas con donaciones que hizo Pdvsa. En la segunda, del 9 de agosto de 2006, la Contraloría acordó una inhabilitación por seis años luego de investigaciones relacionadas con el traspaso de dinero de una partida a otra, cuando se desempeñaba como alcalde de Chacao.
Actualmente cumple en su domicilio una sentencia de 13 años y 9 meses por las protestas que encabezó en el 2014 contra el régimen de Nicolás Maduro.
Antonio Ledezma
En febrero del 2015, el alcalde metropolitano de Caracas fue acusado de participar en la llamada Operación Jericó, que supuestamente pretendía derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. Se ordenó su detención y el tribunal del caso fijó como lugar de reclusión la prisión militar de Ramo Verde.
En febrero del 2016 pasó al arresto domiciliario. El 17 de noviembre del 2017, huyó de Venezuela. Fugó de país pasando por Cúcuta, Colombia, para luego viajar a España, donde pidió asilo político.
lsm
