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QUITO — Los enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes en medio del paro indígena en Ecuador dejaron el domingo un primer fallecido y 12 militares heridos en una ciudad del norte del país, donde se han focalizado las protestas en contra del gobierno y en rechazo a la eliminación de un subsidio estatal que incrementó el costo del diésel.
La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Indredh) informó en un comunicado que el comunero indígena Efraín Fueres “falleció tras recibir un impacto de bala”.
Karol Jaramillo, responsable del área de prensa de Inredh, aseguró a The Associated Press que un equipo de la Fundación acompaña a la familia en territorio por lo que "pudo constatar” el fallecimiento de Fueres en un hospital de la comunidad de Cotacachi, una población ubicada a 66 kilómetros al norte de Quito, en la provincia andina de Imbabura.
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La AP solicitó un pronunciamiento al ministerio de Defensa, que indicó que “oportunamente nos comunicaremos”. Del ministerio del Interior no se obtuvo respuesta de inmediato.
La Fiscalía aseguró en la red social X que, tras conocer del presunto fallecimiento, abrirá una investigación con un equipo especializado sobre uso ilegítimo de la fuerza para “garantizar la objetividad del proceso”.
En tanto, las Fuerzas Armadas informaron en X que 12 militares resultaron heridos cuando custodiaban un convoy de alimentos que abastecería a zonas del norte, y fueron “emboscados” por grupos “infiltrados”. No se refirió a la muerte del comunero.
Las protestas iniciaron después que el 12 de septiembre el mandatario dispuso la eliminación del subsidio estatal de mil 100 millones de dólares al diésel, lo que incrementó el valor del combustible de 1.80 a 2.80 dólares por galón.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la mayor organización en el país, que realizó la convocatoria al paro, aseguró en un comunicado que la muerte del comunero kichwa, de 46 años, se dio en medio de la “represión” que, sostienen, habría dejado a otro herido “en estado crítico”.
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“¡Alto al fuego contra manifestantes! Protestar es un derecho, no puede costar la vida”, publicó en X la relatora especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Asociación, Gina Romero, quien un día antes advirtió que “la sociedad civil está siendo perseguida” y pidió al gobierno ecuatoriano no permitir el “uso excesivo de la fuerza y detenciones ilegales”.
El paro nacional lleva su séptimo día, mientras rige un estado de excepción y toque de queda en las provincias de mayor población indígena. Según las últimas cifras oficiales, 89 personas han sido detenidas, de las cuales 13 son procesadas por supuesto “terrorismo”.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha acusado a los manifestantes de estar vinculados con grupos del crimen organizado y minería ilegal, negando que las protestas sean pacíficas. En tanto el presidente de la Conaie, Marlon Vargas, ha denunciado represión de la fuerza pública y ha pedido a organismos internacionales mantenerse vigilantes.
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