Miami.- La ley de Florida que prohíbe a los menores de 16 años tener o acceder a redes sociales ha desatado polémica en todo Estados Unidos. La Ley de Protección Digital para Menores de Florida, como se le conoce, fue aprobada por la legislatura estatal el pasado 15 de marzo de 2024.
La ley prohíbe a los menores de 14 años crear cuentas en redes sociales o acceder a ellas de cualquier otra manera y requiere el consentimiento de los padres o tutores para que los adolescentes de 14 y 15 años puedan hacerlo. Sus defensores argumentan que es un paso necesario para proteger el bienestar mental de los menores, mientras que los críticos señalan que podría violar las protecciones de la Primera Enmienda estadounidense sobre la libertad de expresión y que debería ser responsabilidad de los padres, y no del gobierno, gestionar el acceso de sus hijos a las redes sociales.
Los estudios sobre menores en redes
De acuerdo con estudios sobre menores en las redes sociales llevados a cabo por varias organizaciones no lucrativas, entre las que destaca el Centro de Investigaciones Pew, “las redes sociales hoy están más presentes que nunca en familias completas, incluidos hijos menores de edad quienes muchas veces no reciben la supervisión debida”, dice a EL UNIVERSAL Grace Espíndola, especialista en educación Montessori desde Florida. “Debemos entender que, si bien respetamos sus decisiones, no podemos dejarlos que naveguen en las redes sin supervisión, es fundamental guiarlos”, señala.
Según los estudios, la edad promedio en que un menor tiene acceso consciente a la Internet es a los 7 años. Hoy es uno de los primeros caminos a través del cual buscan sentirse parte de un grupo que los acepte; “se trata de una edad muy poco avanzada, estamos hablando de la preadolescencia”, explica la especialista; “eso explica que traten de pasar el mayor tiempo posible en las redes. Lo cual tampoco es necesariamente malo, pueden tratarse de grupos deportivos o clubes de lectura o compañeros de la escuela consultando sus tareas”.
Las estadísticas en estos estudios y particularmente en el realizado por el Centro de Investigaciones Pew, muestra que, de 750 menores encuestados entre 13 y 17 años, 45% pasa gran parte de su tiempo conectado a las redes. El 97% dijo que cuenta con al menos una red social como TikTok, Instagram, Facebook o YouTube.
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Los argumentos
Al limitar el acceso a las redes sociales, se busca proteger a los menores de los efectos negativos asociados con su uso, como la ansiedad y la depresión. Se reconoce el impacto potencialmente perjudicial que puede tener el exceso de exposición a ciertas dinámicas de estas plataformas, como la comparación constante y la necesidad de validación a través de diversas expresiones inherentes de las propias redes, como ‘me gusta’, ‘me importa’, etc.
La ley otorga a los padres una mayor capacidad para supervisar y decidir sobre la presencia de sus hijos en las redes sociales, reforzando su papel y responsabilidad en la crianza digital.
Al restringir el acceso de los menores a las plataformas de redes sociales, se reduce el riesgo de que sean expuestos a contenidos dañinos o inapropiados.
“Totalmente de acuerdo, pero también es trabajo de uno de padres el no abrirles cuentas a nuestros hijos menores”, dice en redes sociales Daniel Chir, al apoyar la ley.
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Las críticas
Hay preocupaciones sobre cómo esta ley puede chocar con las protecciones de la Primera Enmienda a la libertad de expresión. La restricción del acceso a las plataformas de comunicación plantea un debate sobre los límites del gobierno en regular la presencia online.
Para cumplir con esta ley, las plataformas de redes sociales necesitarán verificar la edad de los usuarios, lo que podría llevar a preocupaciones sobre la privacidad de los datos recopilados para este fin.
Aunque se dice que está diseñada para proteger a los menores, la restricción también podría limitar su acceso a oportunidades educativas y formas de socialización y expresión que las redes sociales pueden ofrecer de manera positiva.
“¿Por qué tenemos que dejar que el gobierno nos siga restringiendo? Esa la ley no resuelve el problema y los q saben de redes, sabes q es así. Eso debe ser controlado por sus padres. Estamos entrando a una dictadura”, alega Daniela Díaz.
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Antecedentes en otros estados
Aunque esta Ley de Protección Digital para Menores de Florida actualmente se convierte en la más restrictiva en la Unión Americana, no es la primera ni la única.
Utah marcó un precedente al aprobar una ley que restringe el acceso de los menores a plataformas como Instagram o TikTok sin el consentimiento de los padres o tutores, estableciendo además un horario prohibido de uso entre las 10 y media de la noche y hasta las 6 y media de la mañana.
Arkansas intentó una medida similar, enfocándose en la creación de nuevas cuentas en redes sociales por menores, que requerirían aprobación de sus padres o tutores. No obstante, este caso fue interrumpido por una decisión judicial que bloqueó temporalmente la ley, dejando ver los desafíos legales que enfrentan este tipo de regulaciones.
En Louisiana se ha seguido una ruta parecida, con la promulgación de una ley que exige a los menores de 18 años obtener permiso de sus padres para registrarse en cuentas de Internet, incluidas las redes sociales. Ohio también se ha sumado a esta tendencia legislativa, con enfoque similares y teniendo que pedir consentimiento a padres o tutores si son menores de 16 años. La ley de Ohio enfrenta obstáculos jurídicos también, con un juez federal otorgando una prórroga a una orden que bloquea su implementación.
Otro estado es Texas, que propone un enfoque aún más estricto, con un proyecto de ley que apunta a restringir el derecho a abrir cuentas en redes sociales exclusivamente a individuos mayores de edad. Esta propuesta va más allá al exigir a las plataformas que verifiquen de manera fiable la edad de los registrados y, en el caso de los menores, que se aseguren del permiso de sus padres o tutores, marcando un nuevo estándar en la regulación de la interacción digital para proteger a los menores.
Florida no será la excepción y su implementación, así como los desafíos que enfrentará en términos legales y prácticos, serán cruciales para determinar la puesta en marcha y viabilidad de esta ley que entra en vigor el 1 de enero de 2025.