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Washington.— Un juez federal falló ayer que el gobierno de Estados Unidos debe dejar de utilizar una orden de salud pública para expulsar rápidamente a los migrantes con niños que son detenidos a lo largo de la frontera con México.
El juez de distrito Emmet Sullivan dio al gobierno dos semanas para detener una práctica que, según los opositores, es innecesaria y se basa indebidamente en la amenaza que representa el Covid-19 para privar a las personas de su derecho a solicitar asilo en Estados Unidos.
Sullivan concedió un interdicto preliminar en respuesta a una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y otros a nombre de las familias migrantes, y dijo que era probable que tuvieran éxito en su impugnación al uso de la ley de salud pública conocida como Título 42.
“El presidente [Joe] Biden debería haber puesto fin a esta política cruel e ilegal hace tiempo, y el tribunal ha hecho bien en rechazarla”, dijo Omar Jadwat, director del Proyecto Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.
El gobierno de Biden estaba evaluando el fallo y no tenía comentarios inmediatos sobre si piensa apelar.
En este contexto se informó que más de 8 mil inmigrantes irregulares, en su mayoría de nacionalidad haitiana, están retenidos por las autoridades estadounidenses en un campamento improvisado en el sur de Texas tras un cruce masivo en la frontera.
Los migrantes han estado cruzando desde este martes a Estados Unidos por la zona de Del Río (Texas) y han desbordado a las autoridades migratorias, que han improvisado el campamento debajo del puente internacional que conecta con Ciudad Acuña (México) a la espera de ir procesando solicitudes de asilo.
