San José. – En un movimiento pendular en el siglo XXI, América Latina y el Caribe osciló en el dilema de privatizar o no los servicios de suministro de agua y de saneamiento, aunque también proliferó la proclama constitucionalizada y generalizada de que el acceso a los recursos hídricos es un derecho humano fundamental.
En la zona siguieron conviviendo los modelos públicos, privados y mixtos, en una cuestionada gestión del agua en la que apareció el uso político de un servicio básico.
Durante la dictadura militar de 1973 a 1990 del general derechista chileno Augusto Pinochet (1915—2006), y con el aplauso de los sectores neoconservadores y neoliberales latinoamericanos y caribeños, Chile se convirtió en un dudoso paradigma continental porque privatizó el agua y su saneamiento desde 1981.
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Chile estableció el agua como bien comercializable y separado de la propiedad de la tierra y permitió a individuos y empresas comprar, vender e intercambiar derechos de agua en un sistema de libre mercado. El impacto mostró que los chilenos pagan en Chile las tarifas más altas de América Latina para consumir agua potable, en un factor que se transformó en germen de una inacabable tensión social: tampoco todos los habitantes de ese país están en capacidad financiera de pago.
Con el presidente de Argentina, el ultraderechista Javier Milei, la opción de privatizar el agua y el saneamiento entró al debate en apenas siete meses de gestión de cuatro años del actual mandatario. La plataforma ideológica de economía de choque de Milei se basó en la reducción implacable del tamaño del Estado argentino para reducir las brechas fiscales y sus costos y hacerlo eficiente, con menos ministerios y demás instituciones, por lo que se anticipó una reducción en los gastos o las inversiones socioeconómicas.
A finales de junio anterior, y con aval del Senado, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó una “ley bases” impulsada por Milei con reformas económicas, tributarias, electorales, energéticas y penales. La ley autorizó a Milei a privatizar, con posibilidad de concesión, a la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), nacida en 2006, que se presentó como “una de las proveedoras de agua más grande del mundo” y atiende a Buenos Aires y áreas aledañas.
“¿Privatizar? No”, se respondió el abogado peruano César A. Ipienza, especialista en material ambiental en Perú y consultor e investigador independiente internacional en asuntos ambientales. “En Perú, privatizar sería complejo y casi imposible. El agua es un recurso público para todos nosotros y es un derecho constitucional. Usualmente se cree que el sector privado hace las cosas y no necesariamente es así”, dijo Ipienza a EL UNIVERSAL.
El entorno del agua en Perú siguió regido por un sistema de compañías públicas regionales. “Hay que consolidar y fortalecer el rol de las autoridades que deben proveer este servicio fundamental”, agregó.
Tras advertir que “en estas empresas públicas funciona el clientelismo político y los favores políticos”, reconoció que “tampoco” las cúpulas dirigentes de esas instancias “son la mejor gente capacitada para esa labor”.
“Para una gestión efectiva, y que el agua llegue a la gente que más la requiere, las empresas deben tener verdaderos gestores que defiendan los intereses públicos en vez de proteger a los de un particular”, aseveró.
Paralelo a la carencia mayor de agua que, en el caso de Lima como área desértica, se registró en zonas periurbanas, planteó que “el agua más cara se paga precisamente en esos sitios, donde vive la población más pobre: no tienen sistemas de conexión de agua y saneamiento y deben pagar agua que firmas privadas les venden en bidones o a través de cisternas”.
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“Pero pensar que solo la iniciativa privada puede tener una mejor gestión del agua… tengo mis dudas. Los mismos problemas del ámbito público se podrán tener en el privado para gestionar este servicio fundamental y que es un derecho humano”, subrayó.
En las operaciones generales sobre el agua, como acueductos y alcantarillados y los mecanismos de saneamiento y drenajes, entre otros, los países latinoamericanos y caribeños, como en México o Brasil, mezclaron las opciones públicas y privadas.
Las 221 municipalidades de Ecuador o los municipios de Brasil y Costa Rica se apuntalaron como prioritarios en esas tareas. El Banco Mundial advirtió desde 2016 que Brasil se afianzó como poseedor del 20% del agua del mundo, pero que el país “tiene sed”.
Los modelos operacionales variaron por nación y con matices por cobertura y calidad del agua. Cuba ratificó sus aparatos de control estatal, mientras que El Salvador combinó un cuestionado aparato de firmas privadas y juntas comunales. En algunos países aparecieron opciones como subsidiar los servicios de consumo básico.
En lo que pareció una marca país, los ecuatorianos clausuraron la ruta privatizadora desde 1992. “Eso está vetado. Se hizo una gran marcha y salimos indígenas, mestizos, campesinos, agricultores, obreros, trabajadores, porque fue de las primeras cosas que se evitaron”, recordó el ambientalista ecuatoriano Franklin Vega, editor del portal Bitácora Ambiental, de Ecuador.
“El agua en Ecuador es intocable, junto con la electricidad, un rubro en el que tampoco se permite la privatización. Son asuntos muy fuertes en Ecuador, pese a que en electricidad hay evidencia de una gran corrupción absoluta. Esos temas fueron discutidos hace años, pero ahora no”, recalcó Vega a este periódico.
“No he oído que se intente privatizar o que hay alguna propuesta de privatizar el servicio de agua potable”, aseveró.
No obstante, la excelencia de la gestión en Ecuador quedó con saldo en duda. “No todos los municipios tienen agua potable y se abastecen con agua entubada, apenas tratada. Algunas juntas rurales controlan el agua para riego y parte la desvía para tratarla, que es básicamente ponerle cloro. Nada más”, puntualizó.
La calidad varió por regiones. En las islas Galápagos, que son la segunda reserva marina más grande del mundo y fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad en 1978 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés), “el servicio es pésimo y el agua es desastrosa”, según Vega.
“El agua se saca de grietas y se mezcla con aguas servidas o residuales que botan también en las mismas grietas. En Galápagos eso es terrible: la cobertura de esta agua entubada contaminada llega como al 90%” de sus aproximadamente unos 33 mil habitantes (censo de 2020), aseguró.
“Ya en suelo firme ecuatoriano, el 70% de los 18 millones 400 mil ecuatorianos tiene acceso a agua segura. El 22% accede a agua semitratada y el 8% restante a pozos, agua de lluvia, a tomarle directamente de ríos”, describió.
Al preguntársele si debería defenderse la existencia de estructuras estatales o públicas ineficientes, como en Galápagos, y habría que buscar una operación eficiente, contestó que “el agua no puede ni debe privatizarse porque proviene en su mayoría de aguas naturales protegidas”.
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“Son bienes públicos inalienables. Tienen que mantenerse en el dominio y el mando público, no pueden pasarse a manos privadas: no pueden privatizarse de ninguna forma. Partiendo del origen mismo del agua, el recurso no es de una compañía privada que la entuba y la detuvo. Es un servicio ambiental”, precisó.
Tras alegar que “privatizar es inconveniente, porque tampoco se está pagando por la generación del recurso”, insistió en que habría que pagar “por la protección” de las fuentes acuíferas naturales y por las comunidades que las cuidan. “El agua no debería de estar en manos de una empresa privada, sino que gestionada adecuadamente por las autoridades cantonales y estatales”, ratificó.
