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Los 300 presos de ETA que siguen en cárceles de España y Francia se muestran dispuestos “a asumir su responsabilidad y reconocer a las víctimas el sufrimiento que han padecido”.
Los presos, agrupados en el colectivo EPPK, han propuesto por primera vez “participar en un diálogo constructivo” con los familiares de los más de 800 muertos, además de con heridos y otros afectados por la violencia terrorista, siguiendo el modelo de iniciativas puntuales que ya existen en pueblos del País Vasco.
El encargado de comunicar este cambio de posición del EPPK fue el preso Juan Antonio Olarra Guridi, jefe militar de ETA condenado a mil años de cárcel por diversos atentados. El día de Reyes, Olarra se reunió en prisión con Agus Hernan, coordinador del Foro Social Para Impulsar el Proceso de Paz en el País Vasco, y le transmitió la disposición para “realizar aportaciones constructivas en este momento político que se va a consolidar en los próximos meses”, aseguró.
Los presos, explicó Hernan en medios locales, toman como referencia los “foros de convivencia locales” que existen en pueblos vascos como Renteria y Azpeitia, donde algunos terroristas se han disculpado con familiares de personas a las que mataron.
Esta iniciativa se encuadra en el cambio de enfoque de los presos desde que ETA anunció en 2011 el “cese de la actividad armada”, que aún no ha culminado con la disolución de la banda.
En 2017 el colectivo de presos abandonó su estrategia histórica de no reconocimiento del Estado español ni sus leyes. El EPPK aceptó la legalidad penitenciaria y permitió a los reclusos entrar en la rueda de los beneficios carcelarios de forma individual. Los presos abandonaron así la demanda de una amnistía conjunta y se concedió a cada recluso la posibilidad de negociar su situación, con los únicos “límites” de “la delación y el arrepentimiento”.
Hernan explicó que, fruto de este cambio, por primera vez presos de la banda pidieron el año pasado trabajo carcelario en 20 centros españoles. También solicitaron la relajación de su régimen penitenciario. “Muchos se han encontrado con rechazos. El argumento es ser miembro de una organización terrorista no disuelta. Ellos estiman que este argumento ha dejado de tener razón y en próximos meses, antes de verano, esperamos que ETA anuncie su desmovilización”, explicó.
Esa “desmovilización” es la fórmula que, en el argot etarra, define la disolución definitiva de la banda. El portavoz del Partido Nacionalista Vasco (PNV) en el parlamento español, Aitor Esteban, pidió ayer a ETA que acelere esa disolución, los presos reconozcan el daño “injusto” que causaron y “dejen de marear la perdiz”. Aun así, el gobierno vasco (del PNV) consideró la asunción de responsabilidades colectivas de los presos como “un paso positivo, necesario”.
El PNV, pese a su actual firmeza contra el terrorismo, reclama que los presos etarras sean concentrados cerca del País Vasco, pues el estar dispersos por cárceles de toda España, obliga a sus familiares a largos desplazamientos cada vez que quieren visitarlos. Éste es un tema muy sensible en el País Vasco, pero que el gobierno central, del conservador Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy, no quiere abordar. Desde que el PNV se convirtió el pasado año en socio clave del PP para aprobar los presupuestos nacionales, medios españoles como la Cadena Ser han informado de que existen negociaciones para acercar a los presos. Según el diario El Mundo, el PP estudia una solución gradual. El primer paso sería acercar al País Vasco a una veintena de presos de ETA gravemente enfermos.
