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Miami.— En medio de una política de endurecimiento migratorio, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha acelerado contrataciones y despliegues para aumentar las detenciones y expulsiones de personas indocumentadas dentro de Estados Unidos.
La división Enforcement and Removal Operations (ERO) es la responsable directa de identificar, arrestar y procesar a migrantes en el interior y constituye el núcleo operativo que “anda en la calle”. La agencia creció en enero de 10 mil a 22 mil agentes y oficiales en su plantilla de campo.
Las autoridades migratorias de Estados Unidos mantienen detenidas a unas 73 mil personas, la cifra más alta en la historia, según datos filtrados este viernes a la cadena CBS News. Las cifras revelan un aumento de 84% en la cantidad de detenciones en comparación con el mismo periodo el año pasado, antes de que el presidente Trump asumiera el poder. Según los datos filtrados al portal, menos de la mitad (47%) de los detenidos tienen antecedentes criminales en EU.
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La administración republicana ha insistido en los últimos meses que su plan es aumentar la capacidad de detención —abriendo más centros o expandiendo los existentes— a un promedio de 100 mil personas cada día.
Marzo es presentado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) como el nivel mensual más bajo en al menos dos décadas; reportó alrededor de 7 mil 180 detenciones en la frontera. El Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC, por sus siglas en inglés), un centro de datos que compila cifras oficiales, reportó 65 mil 735 personas bajo detención de ICE al 30 de noviembre de 2025; y un dato que contradice al DHS es que 73.6% no tiene antecedentes penales.
TRAC también documentó que los programas de Alternativas a la Detención de ICE (ATD, por sus siglas en inglés) monitoreaban a 182 mil 9 personas hacia finales de noviembre de 2025, una señal de que el “bloqueo” también puede ser un grillete digital, una cita judicial o un dispositivo de rastreo.
El golpe más visible a los mecanismos “ordenados” heredados de la era Biden fue el desmantelamiento y reorientación del sistema ligado a la aplicación CBP One, que durante 2023 y 2024 permitió a cientos de miles de extranjeros programar ingresos por puertos oficiales bajo libertad condicional humanitaria. En abril, medios públicos que replican reportes de la National Public Radio (NPR) documentaron que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) empezó a pedir a algunos de esos beneficiarios que salieran “de inmediato” y que reportaran su salida en la versión renombrada de la app, CBP Home. En paralelo, la administración avanzó contra otro gran canal de libertad condicional humanitaria, el programa para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, conocido por sus siglas como CHNV.
Trump reactivó el bloqueo de las visas. En la semana anunció que suspenderá el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos procedentes de 75 países, incluidos Brasil, Colombia, Guatemala y Uruguay, además de Afganistán, Irán, Rusia y Somalia, señalando que muchos migrantes llegan al país y se convierten en “cargas públicas”.
Congelará, a partir del 21 de enero, el procesamiento de las visas de inmigrantes con base en la nacionalidad de los solicitantes.
El Refugee Council USA (Consejo de Refugiados de Estados Unidos) condensó su condena al asegurar que “la prohibición de viaje es una política de intolerancia y odio, xenófoba, discriminatoria y moralmente repugnante”.
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La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración enmarcó la misma medida como un guiño deliberado a la xenofobia.
Estados Unidos tiene más controles consulares, más negativas, más familias separadas por un sello antes de subir a un avión. Y muestra el ángulo menos discutido del bloqueo, no sólo castiga a quien cruza el desierto, también reordena quién puede siquiera intentar entrar por la puerta “legal”, cerrándola por nacionalidad o por sospecha administrativa. “La administración Trump está poniendo fin al abuso del sistema de inmigración estadounidense por parte de quienes pretenden aprovecharse de la riqueza del pueblo estadounidense”, declaró el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott en la semana.
Además, el Registro Federal consignó en noviembre de 2025 que el DHS propone rescindir la regulación de 2022 y ampliar su margen para decidir quién “es probable” que se convierta en carga pública, mientras organizaciones como el National Immigration Law Center (NILC) alertaron que el solo anuncio puede disparar un nuevo “efecto disuasorio” en hogares que evitan cupones de alimentos o ayuda médica por miedo migratorio. Ahí aparece 2026 como una extensión lógica de 2025: no sólo más deportaciones o más detenciones, sino más decisiones silenciosas de supervivencia; como no ir al médico, no pedir ayuda para los hijos ciudadanos, no denunciar delitos para no dejar huella de su presencia en EU en un expediente.
Según algunos medios, la administración Trump defendió el cambio y estimó ahorros fiscales, mientras críticos advirtieron consecuencias sanitarias y económicas por familias que se esconden del sistema. DHS informó en 2025 que la llamada One Big Beautiful Bill Act o Una Gran y Hermosa Ley financia un salto de escala, comenzando con los 12 mil nuevos agentes para ICE y 80 mil camas adicionales de detención; un rediseño que, por pura capacidad instalada, empuja hacia más arrestos, más traslados y más encierro como política pública.
Esa expansión no se limita a ICE, reportajes sobre el mismo paquete legislativo describieron que otras agencias federales, incluidos el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Administración para el Control de Drogas (DEA) pueden ser desplegadas para apoyar la aplicación migratoria, lo que abre la puerta a que en 2026 haya más agentes federales involucrados que los 12 mil en campo.
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