Bruselas.— La fracción de extrema derecha, integrada en el Grupo Patriotas por Europa (PfE), ha mostrado particular interés sobre México en lo que va de la nueva legislatura del Parlamento Europeo.
En los intercambios de comunicación entre la Eurocámara y la Comisión Europea, el tercer grupo más grande, por detrás del Partido Popular Europeo y del Grupo Socialista, ha manifestado su preocupación por la reforma judicial, “la temeraria negativa de la presidenta, Claudia Sheinbaum, a luchar contra el narcotráfico” y el cierre de las negociaciones para actualizar el Acuerdo entre México y la Unión Europea.
En lo que va de la legislatura que arrancó en julio pasado con la llegada de caras nuevas, 50% de los eurodiputados fueron electos por vez primera, ningún otro partido político ha llamado la atención del Ejecutivo comunitario sobre un asunto particular relacionado con México.
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El PfE ha emitido cuatro preguntas con solicitud de respuesta escrita a la Comisión, tres han sido realizadas por el eurodiputado español procedente de las filas del populista Partido Vox, Jorge Martín Frías, y una por la eurodiputada belga Barbara Bonte, del Vlaams Belang, fracción antimigración que aboga por la independencia de Flandes de Bélgica.
Con fecha del 21 de enero, la nacionalista Bonte reacciona al anuncio del cierre de las negociaciones sobre la actualización del acuerdo, pidiéndole a la Comisión un balance del comercio bilateral y preguntándole: “¿Qué productos y servicios suministra México a la UE que no podamos producir nosotros mismos en la UE?”.
Frías atrajo la atención de la Comisión Europea sobre la reforma judicial de Andrés Manuel López Obrador, señalando que “supone un grave ataque a la independencia del Poder Judicial de México, ya que intenta centralizar el poder y reducir los contrapesos existentes con el fin de tener un mayor control gubernamental de la Judicatura y condicionar la autonomía de los jueces”.
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La reforma “contraviene los principales estándares democráticos al incluir un proceso de selección directo de los jueces y rebajar los criterios requeridos para poder ser nombrado juez, cuestionando seriamente la seguridad jurídica del país y la propia independencia de los jueces”.
En otra comunicación, el eurodiputado llamó la atención sobre el plan nacional de seguridad de Sheinbaum y su negativa a no “iniciar la tan necesaria guerra contra el narcotráfico, siguiendo así las políticas de su predecesor y aliado, López Obrador, pese a que durante el mandato de este se produjeron más de 190 mil asesinatos”. Sostiene que “Sheinbaum demuestra así su complicidad con el narcotráfico y la violencia derivada del tráfico de drogas”.
“Ante la intención de Sheinbaum de mantener una política blanda ante los narcotraficantes, ¿qué opinión le merece a la Comisión este posicionamiento? ¿Tiene previsto la Comisión suspender temporalmente su política de ayudas y subvenciones a las autoridades públicas mexicanas, hasta que el país retome la lucha contra el narcotráfico y se pueda garantizar que dichos fondos no acaben en manos del narcotráfico?”.
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Recordó que entre 2015 y 2023, la Comisión asignó casi 140 millones en concepto de ayudas y subvenciones a México.
En una tercera comunicación, reiteró su inquietud sobre la política de seguridad, insistiendo en que “la temeraria negativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, de iniciar una guerra total contra el narcotráfico podría suponer un incremento de la impunidad de los narcotraficantes y un incremento sustancial de los asesinatos”. Asegura que el gobierno de México hizo llegar al eurodiputado información en la que se acusa a países de la Unión Europea, entre ellos, España o Italia, de exportar 30% de las armas ilícitas incautadas durante el primer mes del gobierno de Sheinbaum.
“¿Considera la vicepresidenta, alta representante [Kaja Kallas] que estas acusaciones del gobierno mexicano son fundadas y que 30% de las armas ilícitas incautadas son de origen europeo? ¿Cree que la negativa de Sheinbaum de hacer la guerra al narco podría comprometer el programa de cooperación en materia de drogas, COPOLAD, y perjudicar el programa contra el crimen transnacional?”, cuestiona.
La Comisión Europea ha respondido por el momento dos preguntas, señalado que la lucha contra la delincuencia organizada es una prioridad que comparten la EU y México. Asegura que Bruselas sigue de cerca la nueva estrategia de seguridad del gobierno mexicano y las oportunidades de una mayor cooperación.
En cuanto a la reforma, sostiene que “la UE respeta el derecho soberano de México a elegir su sistema judicial”, aunque subraya que “un poder judicial eficiente, eficaz, imparcial e independiente es un pilar esencial del Estado de derecho en cualquier democracia, así como, desde un punto de vista económico, un elemento esencial para promover un entorno empresarial favorable, garantizar la seguridad jurídica, y atraer y retener las inversiones”.