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Miami.— El Congreso mexicano aprobó la madrugada del 15 de octubre una reforma a la Ley de Amparo que endurece los requisitos para obtener este recurso de protección constitucional... y en Estados Unidos existe preocupación al respecto.
El timing de esta reforma resulta especialmente sensible; toda vez que en 2026 está programada la primera revisión formal del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por parte de los países firmantes y las fricciones por el tema del amparo podrían colarse en la agenda bilateral. Funcionarios estadounidenses ya han dejado entrever que plantearán sus preocupaciones en los canales diplomáticos y comerciales correspondientes.
La primera voz de alarma vino de la IP
La US Chamber of Commerce (Cámara de Comercio de Estados Unidos) subrayó su expectativa de que México garantice un clima propicio para la inversión.
Incluso antes de su aprobación definitiva, durante un foro realizado en septiembre pasado, Susan Clark, presidenta de la US Chamber, recordó que el éxito de la asociación económica entre ambos países depende de la certeza jurídica.
“De cara al futuro, México y Estados Unidos deben reafirmar sin reservas los valores compartidos de la libre empresa, el Estado de derecho y la democracia que han sustentado la prosperidad mutua”, señaló, y agregó que hacerlo es una cuestión de principios y de buena política.
Para la US Chamber, la reforma al amparo no es un asunto menor ni técnico; toca el nervio mismo de la confianza que las empresas necesitan para arriesgar capital y por ello el organismo se ha mostrado dispuesto a dialogar al más alto nivel para reconducir la situación.
En México, la American Chamber of Commerce (AmCham), que agrupa a más de mil 400 empresas de capital estadounidense establecidas en el país, también fijó una postura pública contundente; la AmCham advirtió que cambios como el del amparo comprometen la certidumbre jurídica y la independencia judicial, elementos que considera esenciales para seguir invirtiendo en México.
“Como empresas invertidas en México y generando millones de empleos desde hace décadas, vemos en la reforma judicial riesgos en su independencia… incremento en costos, reducción de la efectividad del sistema judicial y generación de incertidumbre para la inversión”, alertó la AmCham a través de un posicionamiento formal.
El gremio empresarial binacional ha hecho hincapié en las obligaciones internacionales que México debe honrar. Recordó que en el Anexo 23-A del T-MEC México se comprometió a tener tribunales laborales independientes, y que el Capítulo 31 del mismo tratado consagra mecanismos de solución de controversias comerciales.
“Los empresarios estadounidenses en México temen que la reforma al amparo vulnere esas garantías, dificultando la defensa jurídica de sus inversiones”, dijo a EL UNIVERSAL el economista Iván Jiménez. “La convergencia de opiniones diversas sobre un riesgo no es coincidencia, sino un eco de experiencias compartidas”, señaló la AmCham México al urgir a las autoridades a escuchar las múltiples voces de alerta y “evaluar cuidadosamente las potenciales consecuencias” antes de implementar plenamente la reforma; “un llamado que no encontró el eco de las autoridades mexicanas”, señaló Jiménez.
La agencia Fitch Ratings señaló que la reforma “podría aumentar el riesgo regulatorio” en México, al limitar la potestad de jueces para suspender actos administrativos y estrechar los mecanismos de defensa disponibles. Fitch precisó que los cambios afectarían a una amplia gama de sectores económicos, reduciendo la previsibilidad para las empresas que operan con permisos y concesiones del Estado.
La calificadora anticipa incluso implicaciones crediticias negativas para ciertas compañías, reflejo de la mayor incertidumbre jurídica que afrontarán.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó la advertencia y dijo que “están equivocados. Habría que explicarles. Le vamos a pedir al secretario de Hacienda [Édgar Amador] que invite un día al ministro cuando se reúna con las calificadoras, para que se pueda explicar con todo detalle que no hay ningún problema para la inversión”.
La reforma a la Ley de Amparo se suma, además, a otras que también han generado preocupación en la Unión Americana.
Meses atrás, un nutrido grupo de legisladores demócratas y republicanos presentó en la Cámara de Representantes la resolución H.Res.454, “expresando profunda preocupación” por las reformas constitucionales y leyes secundarias que impulsaba México en materia judicial. Dicha resolución advirtió que estos cambios “tendrían un impacto negativo duradero en las instituciones democráticas de México y podrían contradecir compromisos del T-MEC, poniendo en riesgo intereses económicos y de seguridad críticos compartidos” entre ambos países.
En el Capitolio “ven con inquietud que la erosión de contrapesos legales en México debilite la integración económica norteamericana lograda con el tratado de libre comercio”, aseguró Jiménez.
Voces prominentes de ese esfuerzo bipartidista no han escatimado en críticas. La congresista María Elvira Salazar, presidenta del Subcomité del Hemisferio Occidental, confirmó a este diario que “las reformas propuestas por el actual gobierno —de Morena— amenazan con regresar a México a los días del partido único”, en alusión a un posible retroceso autoritario. “México es un aliado y socio importante de Estados Unidos y debemos mantenernos comprometidos a asegurar la independencia del Poder Judicial mexicano ante ataques populistas”, había dicho Salazar con anterioridad, enfatizando que la integridad de las instituciones judiciales es un tema binacional estratégico.
En la misma línea se pronunció el congresista Greg Stanton, representante de Arizona, quien advirtió que la reforma judicial mexicana “pone en peligro nuestros intereses económicos y de seguridad compartidos”, particularmente por potenciales violaciones a los compromisos asumidos en el T-MEC. Stanton, que lideró un grupo bipartidista enfocado en México, subrayó ante sus colegas que cambios de tal calado podrían socavar años de cooperación en comercio y combate al crimen transnacional. Su postura muestra la preocupación de muchos en Washington que coinciden con él, “un México con un Poder Judicial debilitado sería un socio menos confiable tanto para hacer negocios bajo reglas claras como para coordinar esfuerzos de seguridad regional”.
La diplomacia estadounidense también ha hecho eco de estas inquietudes. Brian Nichols, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, enfatizó ante el Congreso de Estados Unidos que “la transparencia judicial es vital para todos los inversionistas, ya sean mexicanos o internacionales, particularmente los de Estados Unidos y Canadá como socios en el T-MEC”.
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Nichols aseguró que, cualquiera que sea el futuro marco legal en México, Estados Unidos “insistirá” en que se respeten las cláusulas de protección a la inversión extranjera del tratado comercial.
Dichos comentarios públicos, inusuales en un funcionario diplomático sobre una ley específica de otro país, “revelan hasta qué punto la reforma a la Ley de Amparo en México ha encendido alarmas en el Departamento de Estado, al considerarse potencialmente lesiva para los derechos de inversionistas estadounidenses garantizados en acuerdos internacionales”, subrayó Jiménez.
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