El presidente catalán, Carles Puigdemont, no respondió ayer con un “sí” o “no” al requerimiento que le había hecho el gobierno español para que aclarara si proclamó una república independiente de Cataluña. El presidente español, Mariano Rajoy, asumió por tanto su respuesta como un “sí”, y le concedió hasta el jueves para que se retracte. De lo contrario, el gobierno central tomará el control de la comunidad.
Tras la ambigua declaración de una república catalana el 10 de octubre, el gobierno de Madrid exigió a Puigdemont explicaciones. Con el fin de terminar con lo que Rajoy llamó “deliberada confusión”, su requerimiento especificaba que, si el presidente catalán volvía a ser impreciso, el Estado consideraría que se declaraba en rebeldía y respondería activando el artículo 155 de la Constitución.
Ese artículo permite que el gobierno central recupere competencias que ha transferido a las comunidades. Por tanto, Madrid podría tomar el control de la policía autonómica catalana (los Mossos d'Esquadra), suspender al presidente de la Generalitat (el gobierno regional catalán), nombrar un gobierno interino y convocar elecciones.
Puigdemont es el único que puede detener este mecanismo, si antes del jueves se retracta en su pulso al Estado y cancela el proyecto de independencia catalana.
Este paso parece difícil visto lo ocurrido ayer. Puigdemont respondió al requerimiento de Rajoy con una carta en la que no contestaba a sus preguntas, sino que lo emplazaba a un diálogo en un plazo de dos meses: “No dejemos que se deteriore más la situación. Con buena voluntad, reconociendo el problema y mirándolo de cara, estoy seguro que podemos encontrar el camino de la solución”.
Rajoy le respondió con otra carta diciendo que no aceptará un diálogo de igual a igual, sino que el presidente catalán debe acudir al parlamento español para plantear sus demandas. Insistió en que el paso previo es renegar de cualquier plan independentista: “Sigue estando en su mano abrir un nuevo periodo de normalidad y lealtad institucional que todo el mundo le está reclamando”.
Puigdemont tiene hasta el jueves para combinar dos objetivos. Por un lado, evitar una intervención del Estado, que representaría una humillación y la pérdida para su partido del poder sobre Cataluña. Por otro, evitar que la crispación que crece entre los sectores independentistas más radicales lleve a una explosión de violencia. La solución que muchos proponen es la convocatoria de elecciones, esto le evitaría tener que retractarse y, a la vez, rompería la tensión.
En tanto, la Audiencia Nacional de Madrid decretó anoche prisión incondicional por sedición para Jordi Sánchez y Jordi Cruixart, presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium. Ambas asociaciones civiles son las organizadoras de las protestas en Cataluña y del referéndum. A sus dirigentes se les acusa de promover acoso contra la Guardia Civil. El mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, también está imputado en la misma causa. La primera reacción en Cataluña ha sido la convocatoria de paros para hoy.
