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Washington.— El negocio del cruce de personas a través de fronteras es bien conocido que es de buen rendimiento para los traficantes de migrantes indocumentados. Tanto que se mueve en cifras millonarias: según un estudio reciente, en 2017 movió entre 200 y 2 mil 300 millones de dólares.
Por petición del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y con los datos aportados por esta agencia, el laboratorio de ideas libertario RAND Corporation realizó en casi dos meses un estudio de urgencia sobre el Tráfico de personas y beneficios relacionados, un intento de “desarrollar un estimado preliminar de los beneficios de las organizaciones criminales del tráfico de personas de inmigrantes indocumentados” provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras).
Los resultados destacaron la magnitud del negocio multimillonario que es el cruce ilegal de la frontera entre Estados Unidos y México y los ingresos desorbitados de aquellos que los facilitan. El margen amplio del resultado obtenido (entre 200 y 2 mil 300 millones para todos los tipos de traficantes) se debe a varios factores, tales como la cifra real de migrantes que cruza la frontera sin papeles, el porcentaje de ellos que paga para que los crucen, y qué monto pagan a los coyotes o “facilitadores” del viaje.
Eso no esconde, sin embargo, la importancia de la empresa y la cantidad de dinero que mueve. El tipo de redes de tráfico y redes son muy variados: van desde coyotes que trabajan en solitario como grupos bien organizados, cada uno con sus tarifas y precios, en función del servicio contratado. El precio puede llegar a los 10 mil dólares por migrante para que se organice el viaje desde su país de origen hasta el cruce a EU.
Otros migrantes entrevistados prefieren ir pagando a medida que transitan por Centroamérica y México: al que coordina los primeros viajes, el que da documentación falsa, el que se encarga de la logística, el pollero o coyote que finalmente los cruza.
Una de las principales preocupaciones de los investigadores era la relación entre el tráfico de personas y los cárteles narcotraficantes. Si bien las agencias estadounidenses detallan desde hace tiempo que los narcos no tienen entre sus negocios el tráfico, sí que se aprovechan de las vulnerabilidades de los migrantes.
Con el pago del derecho de piso cuando se pasa por territorio controlado por cárteles, las organizaciones criminales narcotraficantes se estima que ganaron en 2017 entre 30 millones y 180 millones de dólares, según el estudio, sólo por el peaje impuesto por dejar pasar a migrantes indocumentados por sus áreas de control.
El estudio deja algunas recomendaciones a la administración, como enfocarse en las “vulnerabilidades de los traficantes” expandiendo la investigación sobre cómo se realizan los pagos; estandarizar las preguntas que se realizan a los migrantes en la frontera para tener más detalles de rutas, traficantes y pagos; y compartir esa información para hacer más eficiente la lucha contra estos casos.
El incremento de las medidas disuasorias y dificultades por parte del gobierno de Estados Unidos no está frenando el flujo de indocumentados del Triángulo Norte que aspiran a cumplir el sueño americano, por lo que los ingresos de los coyotes y traficantes podrían haberse multiplicado en los últimos meses aprovechando además la dificultad añadida de las medidas adoptadas por la administración de Trump en su empeño por frenar la inmigración desde Centroamérica (se habla de que el monto por cruzar la frontera se ha duplicado en los últimos años, de mil a 2 mil dólares por persona).
Los datos de la administración de la Unión Americana así lo certifican: esta semana la Patrulla Fronteriza anunció que, según datos preliminares, la semana pasada se superaron los 414 mil indocumentados detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos en lo que va de año fiscal 2019 (desde octubre de 2018), superando el total de aprehendidos en todo el año fiscal 2018 (más de 404 mil).
El gobierno de Trump estima que, a finalizar el verano, la cifra de indocumentados frenados por la Patrulla Fronteriza (ya sea detenidos al cruzar sin papeles o solicitantes de asilo en puertos de entrada) podría rozar el millón de personas.
