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Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tomó ayer el control de las actuaciones para evitar el referéndum ilegal del 1 de octubre, hasta ahora promovidas por la fiscalía, y ordenó a la Policía que cierre los centros de votación e impida que se prepare la consulta en ellos. Sin embargo, la policía se mostró reticente ante la orden y alertó del “riesgo” de disturbios.,
A cuatro días de la fecha fijada por el gobierno catalán para celebrar el referéndum, la magistrada del TSJC Mercedes Armas ordenó a la policía catalana, conocida como Mossos d’Esquadra; la Policía Nacional y la Guardia Civil que, de forma conjunta, impidan que se abran los locales designados para la consulta secesionista y requisen el material electoral que encuentren en los mismos.
La juez solicitó también a la fiscalía que cese en sus “diligencias, actuaciones e instrucciones” sobre el referéndum ilegal, ya que será ella quien asuma las próximas directrices, tras semanas en que las que el Ministerio Público ha llevado la iniciativa.
A pesar del despliegue policial y la prohibición del Tribunal Constitucional, los líderes independentistas mantienen como pueden la organización del escrutinio en esta región mediterránea con 7.5 millones de habitantes divididos sobre la secesión.
Los Mossos d’Esquadra advirtieron vía Twitter a que la orden de precintar los centros de votación para impedir el referéndum, ante la previsible movilización de ciudadanos que querrán votar, puede “comportar consecuencias no deseadas”. “Estas consecuencias hacen referencia a la seguridad ciudadana y al más que previsible riesgo de alteraciones del orden público que se pueda derivar”.
La misión es delicada para la policía regional, con 16 mil 800 agentes, dada su proximidad a la población de esta región. Anticipando sus reticencias, el ministerio español de Interior desplegó un amplio refuerzo policial de alrededor de unos 10 mil agentes en Cataluña, de acuerdo con el diario El País.
“Lo que probablemente hagan es evitar el voto en las grandes ciudades”, reduciendo así al máximo el número de votantes para que el escrutinio tenga menos legitimidad, dijo a la AFP una alta fuente judicial.
La idea del gobierno catalán es habilitar los mismos colegios que en las últimas elecciones regionales, es decir, unos 2 mil 700. Un número muy elevado de centros al que se añade otra dificultad: su posible ocupación y las movilizaciones para dificultar su cierre por parte de la policía.
Los sindicatos de estudiantes están en pie de guerra y ayer lanzaron una huelga en la secundaria que hoy se extenderá a todas las edades, universitarios incluidos.
El líder regional de Cataluña, Carles Puigdemont, declaró en entrevista con la agencia Associated Press (AP) que las medidas de las autoridades de Madrid contra el referéndum sólo servirán para aumentar la concurrencia. Asimismo, criticó a la Comisión Europea, acusándola de prestar “oídos sordos” a los anhelos de los catalanes por realizar la consulta. “Yo que soy ciudadano europeo, ¿dónde están cuando los necesito?”, cuestionó.
Puigdemont denunció que la Comisión Europea le está dando la espalda a los catalanes al no defenderlos frente a los intentos de las autoridades de Madrid por impedir la votación.
De acuerdo con El País, que citó como fuente a la Guardia Civil, los independentistas han recurrido al apoyo de hackers rusos para mantener en pie la relación de puntos dónde votar y para crear permanentemente enlaces nuevos a fin de tener tantas copias para el domingo que a la Justicia le sea imposible cerrarlas todas.
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