San José. – Sin cesar su asedio a la jerarquía católica, el régimen de Nicaragua reforzó ayer su estructura represiva al eliminar el carácter civil de la Policía Nacional para convertirla en cuerpo armado sometido al poder presidencial y despojarla de sus principios de apolítica y apartidista.
El cuestionado gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, impuso ayer en la Asamblea Nacional una reforma que dejó a la Policía Nacional bajo designios presidenciales y la consolidó como pieza clave de la represión que el régimen intensificó desde 2018 contra los opositores.
La reforma, que entrará en vigor una vez que sea aprobada en segunda legislatura, elimina el principio de que la Policía Nacional es un cuerpo armado “profesional, apolítico, apartidista, obediente y no deliberante”, así como “de naturaleza civil”.
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Ahora, el cuerpo quedará totalmente subordinado al presidente. En otras palabras, deberá acatar sus designios, sin que nada ni nadie pueda frenarlos. Es, advierten expertos, un paso más en la “legalización” de la represión y la vigilancia de los nicaragüenses.
No sólo eso. La Asamblea, controlada por la mayoría de diputados del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional, también reformaron la Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional, para incluir tres nuevos artículos que sancionan con penas de cárcel a los oficiales desertores y desobedientes.
Para los desertores considera una pena de dos a tres años de prisión; para aquellos que desobedezcan o incumplan sus deberes, la sanción será de seis meses a dos años de prisión. Con ambas reformas, Ortega se garantiza no solo la obediencia, sino la lealtad policial, aunque sea por miedo.
Ortega y Murillo controlan los poderes Ejecutivo, Judicial, Legislativo y Electoral y las fuerzas militares y policiales.
“Eliminan la naturaleza civil” de la Policía Nacional, que queda “solo como un cuerpo armado”, adujo a este diario la socióloga nicaragüense Elvira Cuadra, directora del (no estatal) Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM), asilada en Costa Rica.
El cambio prioriza “la subordinación directa” de la Policía a la Presidencia y, ya sin ser apolítica ni apartidista, el aparato policial queda “proclive” a órdenes presidenciales “sin ningún tipo de principio ni doctrina que pueda frenar las disposiciones centralizadas desde el Ejecutivo”, alertó.
¿Qué pasó con el obispo Álvarez?
En un confuso caso que surgió el lunes anterior, Nicaragua despertó ayer con el desmentido oficial de la noticia de que monseñor Rolando Álvarez, principal preso político nicaragüense, fue liberado en la noche de ese día y enviado al destierro en Ciudad del Vaticano.
El cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua y máxima autoridad católica de Nicaragua, desmintió ayer en la mañana las múltiples versiones extraoficiales de que Ortega y Murillo aceptaron el lunes liberar a Álvarez con la condición de migrar al exilio.
Álvarez “está en La Modelo”, una cárcel a unos 22 kilómetros al este de Managua, y el reporte de que fue entregado a la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) es “pura especulación”, dijo Brenes a Radio Corporación, una de las principales emisoras independientes o “no oficialistas” de Nicaragua.
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Según algunos datos extraoficiales que enrarecieron el panorama, el gobierno nicaragüense habría autorizado el lunes a Álvarez salir de la cárcel hacia un sitio seguro de la CEN en Managua, seguir por tierra al norte a Honduras y viajar vía aérea de Tegucigalpa a Roma.
La información fue atribuida a fuentes diplomáticas y eclesiásticas dentro y fuera de Nicaragua y a nicaragüenses opositores y activistas de derechos humanos y repetida por agencias internacionales de noticias.
Al planteársele sobre los insistentes reportes de que Álvarez salió el lunes de prisión y fue entregado a la CEN, respondió que “se equivocaron” y recalcó que fue “pura especulación”.
Tras la aclaración del cardenal surgieron informes de agencias de noticias internacionales y de medios de Nicaragua que, sin confirmaciones oficiales, aseguraron que el obispo se negó a salir al exilio y Ortega y Murillo ordenaron regresarlo a La Modelo.
De acuerdo con esos reportes, Álvarez habría condicionado irse al exilio solo por orden o pedido del Papa Francisco y exigido que el gobierno liberara a los sacerdotes nicaragüenses encarcelados por el gobierno. Ortega y Murillo habrían rechazado esa demanda.
EL UNIVERSAL no obtuvo confirmación independiente de esos datos.
El gobierno de Nicaragua detuvo a Álvarez el 19 de agosto de 2022 para confinarlo en Managua a arresto domiciliario y el 10 de febrero anterior lo despojó de su ciudadanía, declaró traidor a la Patria y sentenció a 26 años y cuatro meses de prisión por conspirar, desacato a la autoridad, funciones agravadas y propagar noticias falsas.
Álvarez, de 56 años y obispo de la norteña diócesis de Matagalpa, rechazó unirse el 9 de febrero de este año a 222 presos políticos nicaragüenses a los que Ortega y Murillo desterraron a Estados Unidos y les quitaron su nacionalidad. En represalia, el obispo fue juzgado con rapidez y hallado culpable.
Álvarez se negó a subir al avión con los 222 al aducir que “primero tendría que hablar con los obispos” de Nicaragua y, en alusión a sus compatriotas los liberados ese día, aparentemente habría proclamado: “¡Que sean libres, yo pago la condena de ellos!”.
Sin ocular su ira, Ortega lo acusó de “energúmeno”, “desquiciado” y “soberbio”.
En la crisis por las protestas contra Ortega y Murillo, que estallaron en 2018 para exigir democracia y libertad y que la pareja —acusada por sus adversarios de dinastía dictatorial— atribuyó a un golpe de Estado terrorista de la oposición y de EU, Álvarez repudió una decisión oficial del primero de agosto de 2022 de clausurar radioemisoras católicas.
La Curia Metropolitana de Matagalpa fue cercada el 3 de agosto por la policía, . Álvarez enfrentó el acoso, salió del encierro y, rodeado por policías, se hincó en una acera. En la madrugada del 19 fue detenido.
El Papa se mostró inquieto, en general, por la crisis en Nicaragua, y, en particular, por el asedio de Ortega y de Murillo a obispos, sacerdotes, monjas y al resto de la cúpula católica.
En entrevista en marzo anterior con Infobae, agencia argentina de noticias, Francisco acusó a Ortega de “traer la dictadura comunista de 1917 o la hitleriana del (19) 35” y alegó que “no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona (Ortega) que dirige”.
La semana pasada, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) exigió “requerir al Estado de Nicaragua para que de forma inmediata proceda a la liberación de Monseñor Rolando José Álvarez” y que adopte medidas para proteger su vida, salud e integridad personal.
La Corte IDH estableció un plazo hasta el 7 de julio para que Nicaragua tramite la liberación del prelado e informe debidamente del proceso de excarcelación al tribunal.
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