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San José.- El gobierno de Nicaragua lanzó anoche y hoy en la madrugada una violenta e intensa batida policial y paramilitar de allanamientos en contra del (no estatal) Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), una de las más prestigiosas organizaciones de protección de las garantías ciudadanas en América Latina y el Caribe, de un conglomerado de medios de comunicación y de otras instancias no gubernamentales de promoción de la democracia y la libertad.
Confidencial, un periódico digital independiente de Managua que es uno las más importantes fuentes de prensa de Nicaragua y agrupa a otros medios,
denunció esta mañana que la policía allanó su sala de redacción.
Ese medio es dirigido por el periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro Barrios, hijo de Violeta Barrios, presidenta de Nicaragua de 1990 a 1997, y del periodista Pedro Joaquín Chamorro, asesinado en 1978.
Los policías “entraron como delincuentes, es un ataque directo a la libertad de expresión”, denunció Chamorro Barrios, en un reporte noticioso de Confidencial. “Este es un ataque para acallar la libertad de prensa”, advirtió el comunicador, al subrayar: “Pero no lo lograrán”.
“Las oficinas de Confidencial, donde funciona la redacción de esta revista semana y digital y los programas de televisión Esta Semana y Esta Noche, fueron asaltadas ilegal y violetamente por oficiales de la Policía Nacional, leal al régimen de Daniel Ortega (presidente) y Rosario Murillo (vicepresidenta), cerca de la medianoche de este jueves”, precisó el informe periodístico.
Confidencial, Esta Semana y Esta Noche “seguirán al lado del pueblo denunciando los abusos del régimen”, garantizó.
Entre tanto, las restantes violentas operaciones represivas fueron confirmadas esta mañana a EL UNIVERSAL por el nicaragüense Gonzalo Carrión, abogado del CENIDH.
Las batidas fueron ejecutadas también en contra de la Fundación Instituto de Liderazgo de las Segovias (ILLS), en el norte de Nicaragua, y Fundación Popol Na, en Managua, en el la zona centro—occidental del país.
No ha habido, por el momento, ninguna reacción del oficialismo sobre estos hechos.
“La policía, como vulgares ladrones, por el techo, se metieron anoche a CENIDH y se han tomado las instalaciones”, denunció esta mañana la nicaragüense Vilma Núñez, directora de esa agrupación, en un mensaje que distribuyó en redes sociales.
El Centro “está tomado por la policía”, recalcó.
Popol Na, por su parte, describió en redes sociales que hoy en la madrugada la policía “destruyó los portones” de su sede en Managua “y allanó salvajemente nuestro edificio sin orden judicial”.
“Agredieron a las madres de presos políticos que se alojaban allí, golpearon a nuestro vigilante y se robaron sus celulares. También se robaron los vehículos institucionales y privados de nuestra institución e irrumpieron en las oficinas de organismos internacionales que alquilan oficinas ahí. No nos callarán. Solo el pueblo salva al pueblo”, relató.
EL UNIVERSAL tiene copias del audio de Núñez y del reporte de Popol Na.
Las acciones se realizaron luego de que, entre martes y miércoles de esta semana, el gobierno de Ortega movilizó a su mayoría en la Asamblea Nacional—Congreso unicameral y bajo control oficialista—para despojar a ocho organizaciones no estatales de su personería jurídica, con el alegato de que participaron en el movimiento de golpe de Estado y otras protestas antigubernamentales que estallaron el 18 de abril pasado en Nicaragua.
Los centros no estatales de estudios socioeconómicos y defensa de los derechos humanos, de la democracia y de la libertad que quedaron en la ilegalidad son: CENIDH, ILLS, Popol Na, Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), Asociación Hagamos Democracia (HADEMOS), Instituto para el Desarrollo de la Democracia (Ipade), Fundación para la Conservación y el Desarrollo del Sur-Este de Nicaragua (Fundación del Río) y Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco).
Confidencial está ligada a Cinco.
El gobierno aseguró que todas estas organizaciones participaron en diversas formas en las protestas callejeras que estallaron el pasado 18 de abril en Nicaragua con masivas marchas antigubernamentales opositoras que demandaron democracia, justicia y libertad y repudiaron la instalación de un régimen dinástico dictatorial y represivo en esa nación.
En el transcurso de casi ocho meses de crisis, el presidente Ortega y su esposa, la vicepresidenta Murillo, negaron haber recurrido a la represión política, advirtieron que su gobierno es víctima de un golpe de Estado, con terrorismo y actos vandálicos, promovido por la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en asocio con las fuerzas derechistas nicaragüenses.
Entre el 27 de noviembre y el pasado martes, el gobierno y el Congreso de EU impusieron diversas sanciones económicas a Murillo y al régimen de Ortega, por abusos y violaciones de los derechos humanos.
El prolongado conflicto surgió luego de que Ortega emitió en abril de este año una reforma a la seguridad social que provocó un repudio masivo y que debió ser derogada por el gobernante, aunque las protestas continuaron y derivaron en una exigencia de democracia, en una crisis sin visos de solución.
Ortega adujo que en los choques hubo 198 muertos, pero grupos humanitarios independientes dijeron que ya son 550 pese a que otros aducen que son al menos 327.
El 27 de noviembre anterior, Trump declaró a Nicaragua como “extraordinaria e inusual amenaza para la seguridad nacional” y la política exterior estadounidense y sancionó a Murillo, al responsabilizarla de corrupción generalizada, abuso grave de los derechos humanos y uso de la violencia indiscriminada y de tácticas represivas contra los civiles en el país centroamericano.
