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Una comisión especial de la Asamblea Legislativa de Costa Rica determinó que, en un caso de corrupción política catalogado como el más grave en la historia de este país, el presidente costarricense, Luis Guillermo Solís, faltó al deber de probidad y solicitó a la estatal Procuraduría de la Ética investigar su actuación.
Por su parte, el mandatario, quien el próximo 8 de mayo concluirá su gestión de cuatro años, refutó todos los cargos en su contra.
“Como presidente de la República puedo asegurarles, con confianza y tranquilidad, que nunca he permitido ni permitiré acto alguno de corrupción ni tráfico de influencias ni favorecimientos indebidos. Asumo con responsabilidad cualquier investigación que realice la Procuraduría de la Ética y aportaré con gusto, como siempre lo he hecho, lo que se me solicite en aras de que la verdad resplandezca”, alegó.
Tras cuatro meses de indagatoria, los diputados concluyeron que las decisiones del presidente “no se ajustaron a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña” y que Solís “falló al no velar porque la administración de los recursos públicos se ajustara a los principios” de eficacia, economía y eficiencia, para rendir cuentas “satisfactoriamente".
La Comisión Investigadora de Créditos Bancarios indagó un escándalo—conocido como “el cementazo ”—que en 2016 dio a conocer una red de tráfico de influencias en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y en miembros de partidos políticos que facilitó la entrega de millonarios préstamos de la banca estatal al empresario costarricense Juan Carlos Bolaños para que importara cemento desde China, con una deuda pendiente de pago de 25 millones de dólares.
La diputada opositora Patricia Mora, del izquierdista Frente Amplio e integrante de la comisión, y otras autoridades políticas y partidistas calificaron el escándalo como el más grave caso de corrupción en la historia de Costa Rica.
Los legisladores establecieron que Solís evitó actuar “en condiciones de igualdad para los habitantes” de esta nación porque su gobierno instruyó a la junta directiva del estatal Banco de Costa Rica (BCR) que nombrara como su gerente general a Mario Barrenechea, pieza clave del engranaje que favoreció a Bolaños.
Al respecto, Solís refutó “de manera categórica, algunas conclusiones (del informe) que carecen de todo fundamento” y aseguró que “es absolutamente falso” que su gobierno haya instruido al BCR sobre el nombramiento de Barrenechea.
“No hay ninguna prueba que lo sustente”, recalcó.
Bolaños y seis directivos del BCR, entre ellos Barrenechea, fueron detenidos desde inicios de en noviembre anterior. Al importador del cemento se le atribuyen los presuntos delitos de peculado, tráfico de influencias, denuncia calumniosa y simulación de delito tras prueba recabada y a los ejecutivos bancarios se les demandó por peculado.
Aparte de Solís, la comisión pidió imponer diferentes castigos y abrir investigaciones en la Fiscalía General sobre otras 29 personas, entre las que hay un magistrado ya suspendido de funciones, un ex fiscal general, diputados, banqueros y el costarricense Mariano Figueres, íntimo amigo del presidente y el más estrecho colaborador del mandatario presidente como jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS).
La comisión pidió al presidente la destitución de Figueres por disponer de datos acerca de Bolaños, pero el Jefe de Estado también rechazó esa sugerencia.
Según el informe, emitido anoche, el presidente “presionó” a la Dirección General de Aduanas—por medio del diputado Víctor Hugo Morales, que entonces era miembro del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC) y del ahora e viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez—para que “se facilitara el desalmacenaje y nacionalización del cemento importado” por Bolaños.
En el transcurso de sus negociaciones para lograr que se modificara un reglamento gubernamental sobre la importación de cemento,, Bolaños “fue recibido siete veces en Casa Presidencial, en el marco de las gestiones relacionadas con sus negocios en varias instituciones del Estado”, añadió el informe.
Solís también negó esos cargos en su contra.
En su defensa, el presidente argumentó que en su gobierno impulsó la reactivación económica nacional con políticas públicas como la que rompió el “duopolio” del cemento que provocó sobreprecios a los costarricenses de hasta 145%.
“Actuamos apegados a la legalidad, con rigor técnico, siempre buscando el interés público”, adujo.
Las conclusiones de la comisión legislativa agudizaron hoy un intenso debate sobre la corrupción política en este país.
lsm
