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La Organización Nacional de Expendedores de Petrolíferos (Onexpo), que agrupa a los empresarios propietarios de las gasolinerías, apuntó que el gobierno federal debe responder al aumento de precios con acciones encaminadas a combatir el huachicol.
“Si en la percepción pública se asume en general que corresponde a las autoridades frenar los “precios altos”, la realidad es que la venta de combustibles de dudosa procedencia (fuera de cumplimiento regulatorio) crea graves distorsiones y riesgos para el mercado bajo el espejismo de los precios bajos”, apuntó la Onexpo en un comunicado este lunes.
La organización señala que el mercado de las gasolinas está alterado en México por tres principales modalidades de combustibles ilegales.
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Se trata de la importación de combustibles disfrazados de otros insumos, conocido como huachicol fiscal, porque evita el pago de los impuestos indebidos; las tomas clandestinas, que representa 3% del total del consumo; y de mezclas ilegales que están dañando las unidades de los consumidores.
La Onexpo también adelantó que esta semana se van a reunir con las autoridades para tocar esos temas y el de los avisos de que "se vuelvan la barda con los precios".
En relación con la reunión concertada para esta semana con autoridades de la Profeco, expresamos nuestro agradecimiento y compartimos el interés por abordar diferentes temas de trabajo, entre estos, el análisis realizado para la colocación de avisos de advertencia sobre el precio de los productos en algunas estaciones de servicio del país.
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La Onexpo coincidió con el gobierno federal en la intención y propósito de perfeccionar y desarrollar mecanismos que permitan a las estaciones de servicio continuar con los procesos de autocontención de los precios en términos reales, e impedir prácticas ilegales que ocasionan distorsiones del mercado e impulsen acciones de las autoridades competentes.
Para la Organización, los factores señalados propician que puedan operar estaciones de servicio y también puntos de venta informales que ofrecen combustibles con precios incluso menores a los de las terminales de almacenamiento y reparto, generando distorsiones en el mercado y perjuicios directos a los consumidores y al medio ambiente.
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