Pide ACNUDH proteger a activistas en México

Bruselas.— En su primer discurso como Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet pidió al Estado mexicano frenar el deterioro de la violencia contra periodistas y defensores de las garantías individuales.

Al inaugurar la trigésima novena sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, la ex mandataria chilena denunció que “en América son cada vez más los riesgos que enfrentan los defensores de los derechos humanos, como resultado de sus legítimas actividades”.

Afirmó que en México, ocho defensores de los derechos humanos han sido asesinados en los primeros ocho meses del presente año, “más que en todo 2017”.

“Muchos más han sido víctimas de la criminalización, abusivas demandas judiciales, campañas de desprestigio, vigilancia, amenazas de muerte y ataques”, acentúo.

El año pasado, prosiguió, también fue el más mortífero para los periodistas en México, con al menos 12 asesinatos. “En 2018, ya hemos registrado 8 muertos y un desaparecido”.

“Instamos a estos Estados a fortalecer la protección y las medidas preventivas para afrontar rápidamente el deterioro de la situación”, subrayó haciendo igualmente referencia a la situación en Colombia y Guatemala.

El discurso del Alto Comisionado es relevante no sólo porque marca el arranque de tres semanas de sesiones del Consejo (hasta el 28 de septiembre), sino porque constituye un indicador de los temas que concentrarán la atención de su despacho; al menos en el arranque de sus funciones como máxima defensora de las garantías individuales en el mundo.

En su intervención, Bachelet dijo también estar preocupada por la “inconcebible práctica” de separar niños migrantes de sus familias en Estados Unidos. Reprobó la falta de medidas gubernamentales para reparar los daños causados a las víctimas. Aseguró que más de 500 niños migrantes aún no han sido reunificados con sus padres.

“Otra preocupación es el anuncio emitido la semana pasada por el gobierno [de EU] de que no cumpliría más con el acuerdo judicial que limita la detención de niños a 20 días”.

Sobre Latinoamérica, puso el acento en la crisis humanitaria y de estado de derecho en Nicaragua y Venezuela, éste último responsable de “un movimiento transfronterizo sin precedentes en la historia reciente de la región”.

Aseguró que por falta de alimentos, acceso a medicinas, inseguridad y persecución política, hasta el 1 de julio pasado, 2.3 millones de personas habían dejado Venezuela, aproximadamente 7% de la población. En la actualidad cruzan cada día la frontera con Brasil unos 800 venezolanos.

“Sí, es urgente ayudar a los Estados receptores a resolver los muchos desafíos que plantean dichos movimientos. Pero también es fundamental abordar las razones por las cuales las personas se van”.

“En ambos países, la oficina insta al Consejo de Derechos Humanos a que tome todas las medidas disponibles para abordar las graves violaciones de los derechos humanos que se han documentado en informes recientes”, prosiguió.

Italia y la Unión Europea también fueron blanco de observaciones de la funcionaria de la ONU: pidió a Bruselas emprender una operación de salvamento de migrantes que cruzan el Mediterráneo ante el aumento de fallecimientos, al tiempo que acusó a Roma de exponer la vida de personas vulnerables cerrando sus costas.

Sobre Alemania, calificó de “impactante” y “preocupante” el brote de violencia antiinmigrante de las últimas semanas.