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Managua.— La Conferencia Episcopal de Nicaragua acordó ayer continuar como mediadora y testigo del diálogo nacional con el que se busca superar la crisis que según ONG ha dejado al menos 320 muertos desde abril pasado, pese a la agresión física y verbal que sufrieron el lunes los obispos, al tiempo que crecía la condena internacional a la violencia en el país centroamericano.
“No nos retiramos pese a la hostilidad del gobierno. Seguimos creyendo que el diálogo es el camino para superar la violencia en Nicaragua; por tanto, no abandonaremos el diálogo”, dijo el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, uno de los agredidos, al salir de un encuentro del pleno del Episcopado. A esa conclusión llegaron los obispos tras una reunión por más de seis horas que se celebró en el Seminario Nuestra Señora de Fátima, en Managua, presidida por el cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes.
Los obispos convocarán a finales de esta semana a la reanudación del diálogo nacional. “Nos unimos a tanto dolor y sufrimiento de tantas personas que han sufrido esta violencia, unidos con paciencia y humildad”, dijo el obispo de la diócesis de Jinotega (norte), Carlos Herrera.
La vicepresidenta Rosario Murillo defendió la acción del gobierno para levantar bloqueos de carreteras y enfrentar a los manifestantes. Aseguró que el gobierno reconstruye centros “que fueron destruidos por el terrorismo en las semanas que estamos dejando atrás, gracias a Dios, en el periodo tenebroso que estamos dejando atrás”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el gobierno de Alemania, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la organización Human Rights Watch (HRW) condenaron los últimos episodios de violencia.
En un comunicado conjunto, la CIDH y la sede regional de la OACNUDH rechazaron “enfáticamente” las agresiones a los miembros de la Iglesia católica y alertaron además sobre una “campaña de estigmatización” del gobierno contra los líderes eclesiásticos por su trabajo de protección a la población civil.
En Alemania, el Ejecutivo llamó a aclarar “rápidamente” las circunstancias de la muerte de más de 300 personas y, en Managua, la embajadora alemana Ute König y otros representantes de países de la Unión Europea se reunieron con los obispos y con el representante del papa Francisco en la sede de la Nunciatura Apostólica, para expresarle “su preocupación por las agresiones sufridas y su apoyo a su labor como mediadores”.
La SIP repudió el “sistemático” ataque del gobierno nicaragüense contra periodistas e instituciones. El presidente de la SIP, Gustavo Mohme, alertó de que la violencia “ha escalado a peligrosos niveles de gravedad”.
HRW afirmó que Ortega y altos funcionarios deben responder por los “abusos graves y extendidos” que se están cometiendo en el país en el marco de la crisis que inició el 18 de abril y aseguró que los altos mandos son responsables de los graves abusos de fuerzas armadas y pandillas partidarias que han derivado en la muerte de al menos 270 personas.
