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Lima.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que Perú está en desacato ante ese tribunal internacional al haber indultado y liberado al expresidente Alberto Fujimori, condenado por homicidio y otros delitos graves, y dispuso un proceso de supervisión reforzada al cumplimiento de su sentencia sobre los casos que llevaron al exmandatario a prisión, según una resolución conocida el jueves.
La CIDH concluyó que Perú desacató resoluciones de ese tribunal que advertían que el indulto otorgado a Fujimori en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski y su ejecución el 6 de diciembre último por el gobierno de Dina Boluarte, contravenían la obligación del país andino de sancionar las matanzas de Barrios Altos y la Cantuta cometidas por militares durante el gobierno de Fujimori.
Boluarte justificó la excarcelación de Fujimori alegando que debía cumplir una decisión del Tribunal Constitucional de Perú que consideró que el indulto, anulado por el Poder Judicial tras señalar graves faltas en su procedimiento, era válido y procedía la liberación del exmandatario (1990-2000).
La Corte Interamericana dispuso un proceso de supervisión reforzada, que implica un seguimiento constante de las sentencias que dio sobre las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, en las que militares de un grupo clandestino asesinaron y desaparecieron civiles en 1991 y 1992.
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A su vez el tribunal interamericano requirió a Perú “un informe sobre el cumplimiento de la obligación de investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar las graves violaciones a los derechos humanos” establecidas en las sentencias de los casos Barrios Altos y La Cantuta hasta el 4 de marzo del próximo año.
En la resolución la Corte incluyó la controversia generada tras denunciarse que un magistrado del Tribunal Constitucional, Manuel Monteagudo, no votó ni dio su opinión cuando se tomó la decisión que generó la excarcelación de Fujimori.
“Al hacer una supervisión reforzada, se entiende que la Corte no escatimará esfuerzos ni procedimientos contra el Estado peruano para que cumpla las resoluciones de supervisión respecto del asunto del indulto a Fujimori. Se ha iniciado un procedimiento internacional y el Perú está de nuevo en posición de rendir cuentas de su condición de garante de obligaciones internacionales ante el sistema interamericano”, dijo el abogado Carlos Rivera, defensor de los familiares de las víctimas.
Según Rivera, Perú tiene dos opciones: establecer los mecanismos internos para anular la resolución que generó la liberación de Fujimori o permanecer en desacato. “Ese es un camino de confrontación con un tribunal internacional. Es muy negativo”, dijo el abogado.
Los defensores y seguidores de Fujimori cuestionaron la decisión de la Corte IDH.
“Esta Corte tiene un sesgo y odio terrible al presidente Fujimori… El Tribunal Constitucional tiene la soberanía para tomar decisiones en el Perú. Hemos respetado un indulto y el Tribunal Constitucional ha podido dar su posición”, expresó el congresista Arturo Alegría, primer vicepresidente del Parlamento, en la emisora Canal N.
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mcc
