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San José.- La crisis diplomática que estalló hoy hace 15 días entre México y Perú se agravó luego de que el gobierno peruano declaró ayer como persona “non grata” al embajador mexicano en ese país, Pablo Monroy , y acusó que “las continuas y reiteradas declaraciones” del presidente Andrés Manuel López Obrador son “una inaceptable injerencia en asuntos internos, en clara violación al principio de no intervención”.
Perú calificó como “de especial preocupación” que López Obrador cuestionó el 16 de este mes el Estado de emergencia que el gobierno peruano decretó para enfrentar las violentas protestas callejeras que, con saldo de 25 muertos, estallaron en ese país tras la destitución el 7, por orden del Congreso, del entonces presidente peruano, Pedro Castillo.
También reprobó las que López Obrador hizo el 19 “sobre el orden democrático, Estado de derecho y legalidad en el país” y la detención de Castillo, “realizada en flagrancia conforme a derecho, luego de que anunciara un golpe de estado”.
“Las declaraciones” de López Obrador “resultan especialmente graves en circunstancias en las que el país (Perú) enfrenta una situación de violencia incompatible con el ejercicio del legítimo derecho que asiste a toda persona de manifestarse pacíficamente”, explicó el gobierno peruano.
López Obrador realizó una “inaceptable injerencia en asuntos internos, en clara violación al principio de no intervención”, ratificó, al conceder 72 horas a Monroy para abandonar Lima.
La medida surgió con otra controversia luego de que México anunció ayer que otorgó asilo diplomático en la embajada mexicana en Lima a la familia de Castillo.
El gobierno peruano informó ayer que aceptó extender un salvoconducto a Lilia Ulcida Paredes Navarro, casada con Castillo desde 2000 y de 49 años, y a los hijos de la pareja, Arnold, de 16, y Alondra, de 10, y negó que en Perú haya persecución política. Los tres son peruanos.
En un comunicado en el que rechazó que Paredes sufría acoso político, Perú precisó que aclaró a México que la mujer está “comprendida en una investigación preparatoria como coautora del delito de organización criminal”.
Perú reiteró “de manera enfática que no existe persecución política en el país y que impera el Estado de derecho, la separación de poderes y el respeto a las garantías de la administración de justicia, incluyendo el debido proceso”.
“La investigación preparatoria” a Paredes “está referida a la presunta comisión de un delito común”, agregó.
“El otorgamiento de los salvoconductos se realiza con reserva del derecho que asiste al Estado peruano de solicitar la eventual extradición” de Paredes bajo el Tratado de Extradición de Perú y México, de 2021, si las autoridades judiciales (peruanas) así lo requieran”, indicó.
Perú “defenderá con la mayor firmeza el derecho que asiste al Estado, a través de los poderes correspondientes, de combatir la corrupción y de asegurar que los responsables sean juzgados con las garantías del debido proceso para evitar la impunidad”, recalcó.
Sin dar detalles, el canciller de México, Marcelo Ebrard, informó ayer que “el asilo ya se les concedió porque están en territorio mexicano, es decir, están en nuestra embajada y cuando estás en la embajada les concedes el asilo. Es una decisión independiente soberana de México”.
“Pero están en territorio mexicano, porque es nuestra embajada”, recordó, al revelar que su cancillería pidió los salvoconductos a Perú para que los tres, si así lo deciden, viajen a México. No se reportó cuándo entraron a la embajada, pero el gobierno peruano reveló el domingo anterior los primeros indicios del caso.
Perú sufrió el 7 de este mes una profunda alteración institucional cuando Castillo, apenas 16 de los 62 meses de su mandato y en un fallido golpe de Estado, decidió disolver el Congreso y el aparato judicial para gobernar de facto y por decreto.
En respuesta, el Congreso lo destituyó y elevó a Boluarte de vicepresidenta a presidenta. Sin éxito, Castillo intentó asilarse ese día en la embajada de México en Lima, pero fue detenido y sometido a trámite judicial por medio centenar de causas penales en su contra por supuesta corrupción con dineros públicos.
El lío detonó un choque diplomático entre México, que se negó a reconocer a Boluarte y, en un asocio con Argentina, Colombia y Bolivia, reafirmó el 12 de este mes que Castillo sigue siendo el legítimo presidente de Perú porque fue electo por el pueblo en los comicios de 2021. Boluarte acusó a México de entrometerse en asuntos internos de Perú.
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agv
