Más Información
Alrededor de 700 Marines que el gobierno de Donald Trump ordenó desplegar en Los Ángeles, junto con miles de Guardias Nacionales, se retirarán de la ciudad para la noche del martes, informó el Pentágono en un comunicado.
“Con el regreso de la estabilidad a Los Ángeles, el secretario [de Defensa, Pete Hegseth] ha ordenado el redespliegue de los 700 marines, cuya presencia envió un mensaje claro: no se tolerará la anarquía", indicó el portavoz del Pentágono, Sean Parnell.
Los marines fueron desplegados en junio, junto con cuatro mil elementos de la Guardia Nacional, en medio de la ola de protestas contra las redadas de migrantes, a pesar de la oposición del gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom.
Parnell aseguró que la “rápida respuesta” de los Marines, su “disciplina inquebrantable y presencia inconfundible fueron clave para restablecer el orden y defender el Estado de Derecho" y expresó un “profundo agradecimiento por su servicio y por la fortaleza y profesionalismo".
Presencia de marines en Los Ángeles desata tensiones entre gobierno local y federal
Por la mañana, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, había pedido la salida de los marines y del resto de guardas nacionales que aún quedaban allí.
El pasado 15 de julio, Hegseth ya había ordenado la retirada de dos mil efectivos de la Guardia Nacional de Los Ángeles.
“Gracias a nuestras tropas que respondieron a la llamada, la anarquía en Los Ángeles está disminuyendo", dijo entonces Parnell.
Aún quedan por ser retirados 2 mil elementos más.
La alcaldesa Bass y Newsom acusaron que la presencia de estos efectivos sólo contribuyó a agravar la situación en Los Ángeles, una de las llamadas “ciudades santuario” donde se protege a los migrantes.
Como parte de su política de deportación masiva, el presidente Trump ordenó redadas en busca de migrantes indocumentados. El ingreso de agentes migratorios (ICE) a granjas agrícolas o empresas como Home Depot enfureció a la población, que salió a enfrentar al ICE, alegando que se está deteniendo a gente trabajadora, a pesar de que el gobierno insiste en que la prioridad son los indocumentados con historial criminal.
desa/mgm
