La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador aprobó este martes por unanimidad la ley de reparación a familiares de víctimas de feminicidio, según la cual el Estado deberá comprometerse a prestar recursos para garantizar acompañamiento y reparación integral, efectiva y transformadora a los allegados.
Con los 128 votos a favor de los legisladores presentes, y sin votos en contra, en blanco o abstenciones, la ley se remitirá ahora al presidente Daniel Noboa para su promulgación en el registro oficial o su veto (objeción) parcial o total, lo que haría que la norma vuelva a ser tratada en el Legislativo.
La asambleísta del conservador Partido Social Cristiano (PSC) Dallyana Passalaigue, quien presentó esta propuesta legislativa en 2022 junto a organizaciones de la sociedad civil, celebró la aprobación en su perfil de X y expresó que “el Estado no puede seguir evadiendo su responsabilidad de acompañar y contener a las familias de las mujeres que no pudo proteger de la violencia”.
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El presidente del Parlamento, Henry Kronfle, también reconoció el trabajo de los legisladores y resaltó la participación de las nueve organizaciones sociales de mujeres y familias en la elaboración de esta ley.
Organismos de derechos humanos y en defensa de los derechos de las mujeres, como la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (Aldea), la Fundación Sukurna o la Fundación Legātum dedicaron este logro a las madres de las víctimas de femicidio por su incansable lucha.
De ratificarse esta ley por el jefe del Estado, los familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad podrán acceder a asistencia sanitaria y psicológica, servicios gratuitos de asesoría jurídica con perspectiva de género, así como apoyo en vivienda, trabajo y educación.
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Ademas, los hijos e hijas de las víctimas de feminicidio y otras muertes violentas por razón de género tendrán la posibilidad de prescindir del apellido del padre feminicida si así lo desean, para identificarse sólo con el de la madre.
Según datos oficiales del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, desde el año 2014 hasta el 31 de marzo de 2024 se registraron 740 feminicidios en el país andino. Y el pasado año fue el que más casos de asesinatos por razones de género contabilizó, al representar el 14,48 % del total.
A partir de ahora, de ratificarse esta ley también se realizará un seguimiento del número de huérfanos y huérfanas de víctimas de feminicidio.
En la elaboración de la ley se escucharon las peticiones de defensoras de los derechos humanos, la sociedad civil y se prestó especial atención a familiares de las víctimas de feminicidio. También se recibió a expertas y docentes universitarias, y se desarrollaron mesas técnicas con el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos.
Sin embargo, el colectivo de madres cuyas hijas fueron asesinadas por razones de género presentes en la votación de la ley advirtieron de que estarán vigilantes de su efectividad real y de que se cuente con los recursos económicos suficientes para su implementación.
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