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Bruselas. La pandemia por Covid-19 no frenó la andada de personas por los pasillos de la muerte durante el 2020, aunque sí llevó el número de ejecuciones a los niveles más bajos registrados, sostiene el informe anual de Amnistía Internacional difundido este miércoles.
De acuerdo con la ONG, la emergencia sanitaria desencadenada por el nuevo coronavirus no evitó que 18 países llevaran a cabo ejecuciones.
Incluso algunas de las naciones que tienen entre su repertorio la pena capital como castigo, aprovecharon que los reflectores mundiales estaban centrados en contener la expansión del mortal virus para acelerar el calendario de la muerte.
Tal fue el caso de Egipto, que triplicó el número de personas ejecutadas, escalando hasta la tercera posición en el tablero de países que más aplican esta forma de castigo.
“Al menos 23 de los ejecutados fueron condenados a muerte en casos relacionados con violencia política, tras juicios injustos, empañados por “confesiones” forzadas y otras violaciones graves de derechos humanos, incluyendo tortura y desaparición forzada”.
La horca, el método usado para poner fin a la vida en Egipto, tuvo actividad sin precedentes entre octubre y noviembre, cuando fue aplicada a 57 personas, cuatro de ellas mujeres.
Otros países, concretamente China, en donde los números de personas sentenciadas a la pena capital no son públicos (pero se estiman en miles), recurrieron a esta táctica como instrumento disuasivo para hacer cumplir la estrategia de prevención contra Covid-19.
“Las autoridades chinas parece que recurrieron una vez más a la pena de muerte para enviar un mensaje público, demostrando una excesiva confianza en el argumento refutado de que la pena de muerte tiene un efecto disuasorio”.
La reanudación de esta práctica tras la pausa de al menos de un año en India, Omán, Qatar y Taiwán fue otro distintivo del primer año de la pandemia. En tanto que Estados Unidos, con Donald Trump en la presidencia, llevó a cabo la primera ejecución por orden federal en 17 años; el cambio de política derivó en la muerte de 10 hombres durante cinco meses y medio.
Sin contar a China, Corea del Norte y Vietnam, al menos se registraron mundialmente 483 ejecuciones en 2020, la cifra más baja registrada por Amnistía Internacional en 10 años.
Representa 26% por debajo de los casos de 2019 y 70% menos del pico contabilizado en 2015, cuando mil 643 personas fueron castigadas con la muerte.
Cuatro países concentraron 88% de las ejecuciones identificadas: Irán (246), Egipto (107), Irak (45) y Arabia Saudita (27).
La caída en el registro está asociada principalmente con las evoluciones en Irak y Arabia Saudita, donde se registró una disminución de más de la mitad y del 85%, respectivamente.
Del total de ejecuciones, 16 fueron mujeres: nueve de ellas perdieron la vida en Irán, cuatro en Egipto, 2 en Arabia Saudita y una en Omán.
El aparato penal emitió en 2020 por lo menos mil 477 sentencias a muerte por ahorcamiento, fusilamiento, electrocución, inyección por vía intravenosa y decapitación (ésta última solo se aplica en Arabia Saudita), por debajo de las dos mil 207 en 2019 y tres mil 117 en 2016.
A nivel planetario, Amnistía Internacional tenía identificadas a 28 mil 567 personas a la espera de ser llevadas al paredón. La cifra es meramente representativa ya que países como China, Egipto, Corea del Norte, Irán y Arabia Saudita no ofrecen datos oficiales.
El movimiento abolicionista sumó el año pasado entre sus filas a Chad y Kazajistán, para llegar a un total 144 estados que en ley o en la práctica repudian esta práctica. El estado de Colorado también se adhirió al bloque.
“La pena de muerte es un castigo abominable y seguir con las ejecuciones en medio de una pandemia pone de relieve aún más su inherente crueldad”, afirmó Agnes Callamard, Secretaria General Amnistía International.
