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Desde su toma de posesión, el pasado 20 de enero, el presidente Donald Trump se comprometió con su electorado a instrumentar una ambiciosa agenda y a reformar el gobierno federal, a través de innumerables acciones ejecutivas, en las que está dando prioridad a temas como la migración, el comercio y la seguridad nacional.
Como parte de su slogan de campaña Make America Great Again, Trump intenta en realidad revivir la “Edad Dorada” (Gilded Age) de Estados Unidos, surgida entre finales del siglo XIX y principios del XX cuando el presidente de ese país era William McKinley (1897-1901), cuya administración se caracterizó especialmente por dos factores: 1) la imposición de aranceles a las importaciones para proteger la producción estadounidense, y 2) la expansión territorial de Estados Unidos, que incluyó la adquisición en esa época de los territorios de Puerto Rico, Guam, Filipinas y Hawái.
En el contexto de esta agresiva política, el mandatario norteamericano ha formulado declaraciones provocadoras que van desde adquirir Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca; recuperar el control del Canal de Panamá; convertir a Canadá en el estado 51 de Estados Unidos, así como imponer tarifas arancelarias a México, y Canadá, sus principales socios comerciales, con el argumento de permitir la migración irregular y el tráfico de drogas por sus respectivas fronteras. Estas amenazas comerciales también han estado dirigidas a otros países, particularmente a China que, además de ser su principal rival como potencia, pretende contrarrestar su creciente influencia en América Latina.
En el caso particular del Canal de Panamá, espacio de gran valor geoestratégico, Trump no ha descartado el uso de la coerción militar o económica para conseguir que Estados Unidos recupere su control, ya que lo considera vital para sus intereses económicos y de seguridad nacional.
Dentro de esta misma narrativa disruptiva, el mandatario estadounidense ha realizado diversas afirmaciones a todas luces falsas, como el hecho de que esta importante vía interoceánica está controlada por China. Si bien es cierto que la firma hongkonesa Hutchison Holdings se ha hecho de concesiones públicas, a través de las cuales ha adquirido instalaciones y terminales portuarias en ambas entradas del Canal, tanto en el Pacífico (Puerto de Balboa) como en el Atlántico (Puerto Cristóbal), ello no significa que esté bajo control de los chinos.
Como es de todos conocido, los Tratados Torrijos-Carter, suscritos en septiembre de 1977, no fueron un acto caprichoso, sino el resultado de años de lucha y protesta del pueblo panameño para recuperar la plena soberanía sobre la totalidad de su territorio. Después de largas y complejas negociaciones, se firmaron dos importantes acuerdos: 1) el Tratado del Canal de Panamá, mediante el cual la administración de la vía acuática pasó de Estados Unidos a Panamá, cuyo proceso culminó el 31 de diciembre de 1999, y 2) el Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente y al Funcionamiento del Canal de Panamá, en el que se establecieron diversas obligaciones para que dicha vía interoceánica permanezca neutral y abierta al tránsito de naves de todas las naciones en tiempos de paz y de guerra, sin discriminación alguna, garantizando su permanente seguridad.
Es importante mencionar que en el Tratado de Neutralidad se estableció la concesión de dar prioridad de paso a los buques de guerra de Estados Unidos por el Canal; sin embargo, ello no implica que queden exentos del pago del peaje correspondiente.
Desde su transferencia a Panamá en diciembre de 1999, el Canal ha operado con gran eficiencia y ha significado un gran activo no sólo para la economía panameña, sino para el comercio internacional. Actualmente, se estima que por el Canal de Panamá transita alrededor de 6% del comercio mundial, siendo sus principales usuarios Estados Unidos, China, Japón, Corea del Sur, Chile y México.
De acuerdo con recientes cifras de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), en los últimos 25 años, la vía interoceánica le ha aportado al Tesoro panameño más de 28 mil millones de dólares, monto 15 veces mayor a los mil 878 millones de dólares aportados durante 86 años por la administración norteamericana, entre 1913 y 1999.
Adicionalmente, desde diciembre de 1999, la administración panameña ha invertido más de 15 mil millones de dólares para mantener, mejorar y modernizar el Canal de Panamá. A partir de 2016, con la ampliación del Canal y el inicio de operaciones de las nuevas esclusas que permiten la navegación de buques más grandes y de mayor capacidad, conocidos como “Neopanamax”, ha generado el pago de peajes más altos y, consecuentemente, mayores aportes al tesoro panameño.
Como parte de su primera gira de trabajo a la región, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, realizó una breve visita a Panamá el pasado 2 de febrero, durante la cual se reunió con el presidente José Raúl Mulino y otras autoridades del gobierno panameño, cuyo propósito evidente fue reiterar las preocupaciones de la actual administración estadounidense sobre el Canal de Panamá y la presencia china en el mismo.
Para atemperar las preocupaciones, el presidente Mulino se anticipó a anunciar que su gobierno no renovaría el acuerdo de la Ruta de la Seda suscrito con China el 17 de noviembre de 2017, además de que se comprometió a estudiar la posibilidad de concluirlo antes de finalizar su vigencia actual.
Igualmente, se conoce que, desde el pasado mes de enero, la Contraloría General de la República inició una auditoría a Panama Ports Company, subsidiaria de la empresa china Hutchison Holdings, que opera desde 1997 los puertos de Balboa y Cristóbal, cuyo propósito sería verificar que no exista corrupción y que esté reportando adecuadamente sus ingresos y aportes al Estado panameño. Por la actual presión estadounidense, existen especulaciones de que inclusive la administración del presidente Mulino estaría considerando cancelar la concesión vigente o al menos renegociarla.
En resumen, parece evidente que las amenazas del presidente Trump hacia Panamá son parte de una estrategia para conseguir dos claros objetivos: por un lado, eliminar la creciente presencia china en el Canal interoceánico y, por otro obtener mayores concesiones de parte del Estado panameño, particularmente en lo que se refiere a los peajes que deben pagar los buques comerciales y militares de los Estados Unidos que transitan por esa importante vía acuática.
Debido a las enormes repercusiones que tendría en el ámbito internacional el uso de la fuerza contra un pequeño país de Centroamérica, dudo mucho que Trump se atreva a utilizar el poderío militar de Estados Unidos para recuperar el control del Canal de Panamá; sin embargo, está claro que, como en el caso de la imposición unilateral de aranceles comerciales a distintos países, seguirá utilizando el chantaje para conseguir ciertos fines que respondan a lo que considera su interés nacional.
*Diplomático de carrera en retiro; exembajador de México en Panamá en dos periodos distintos (2001-2005 y 2015-2019), Miembro de la Unidad de Estudio y Reflexión de América Latina y el Caribe del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi).
