San José.— Tras múltiples planes gubernamentales y de organismos internacionales lanzados en el siglo XXI para atacar las causas políticas y socioeconómicas que atizan la migración irregular del sur al norte de América y tratar de contener la incesante movilidad humana, la crisis migratoria hemisférica se desbordó en 2023.
El principal foco regional del conflicto se afianzó en Panamá, en un proceso que se agravó desde 2016. Con un acelerado aumento en el número de migrantes irregulares que transitaron por la selva del Tapón del Darién, al pasar de un registro oficial de unos 20 mil en 2016; 133 mil 726 en 2021, y 248 mil 284 en 2022 a 320 mil 98 del primero de enero al 28 de agosto de 2023, Panamá advirtió el viernes pasado que podría cerrar su frontera con Colombia.
“Tratamos de buscar la cooperación internacional con los países de origen y de tránsito de migrantes, pero ha sido difícil”, admitió el ministro panameño de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, en un encuentro regional sobre migraciones la semana anterior en Panamá.
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“Cuando llegan los niños, ¿qué es más fácil? Evitar que esos niños inicien ese trayecto de Necoclí y Turbo en Colombia para que no vengan y se vean en riesgo en la selva, porque cuando llegan acá [a Panamá] vienen impactados”, explicó Pino.
El respaldo recibido por Panamá de organizaciones internacionales, multilaterales y no gubernamentales, “no ha sido suficiente y hemos agotado todas las instancias ante una movilidad humana muy grande”, aseguró. Con una extensión de casi 21 mil kilómetros cuadrados tupidos de criminales, jungla, pantanos, ríos y montañas, el Tapón del Darién se convirtió en una tenebrosa trampa mortal y natural del oriente de Panamá y del occidente de Colombia. El límite entre Panamá y Colombia tiene 266 kilómetros de longitud.
Necoclí y Turbo son poblaciones colombianas sobre el mar Caribe que funcionan como puertas de acceso al Tapón, muralla que, en la década de 2010, se transformó en nido de contrabandistas de drogas, coyotes o traficantes de personas, abusadores sexuales y extorsionadores.
Las dificultades por las corrientes migratorias en Panamá y Colombia que buscan llegar a México para ingresar a Estados Unidos, se repiten en las fronteras terrestres de Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, y generan oleadas en los límites del sur y del norte del territorio mexicano.
Los datos del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de EU (USCBP, por sus siglas en inglés) reconfirmaron la magnitud del problema. El total de personas retenidas por la agencia en la frontera de México y EU del primero de octubre de 2022, cuando se inició el actual año fiscal, al 31 de julio de 2023, llegó a un millón 973 mil 92 y se aproximó a los 2 millones 378 mil 944 de todo el periodo de octubre de 2021 a septiembre de 2022.
Las cifras oficiales del año fiscal en curso superaron a la etapa de octubre de 2020 a septiembre de 2021, con un millón 734 mil 686 y, a la de octubre de 2019 a septiembre de 2020, con 458 mil 88. El recuento oficial de retenidos en las fronteras de EU llegó a 2 millones 766 mil 582 de octubre de 2021 a septiembre de 2022, mientras que de octubre de 2022 a julio de 2023 se ubicó en 2 millones 556 mil 164. La corriente humana de octubre de 2021 a septiembre de 2022 derribó récords.
Sin responsabilidad
Al lamentar que “la comunicación y el manejo que ha tratado de darle Panamá a través de la cooperación internacional ha caído en oídos sordos”, el ministro Pino denunció que “hay países del sur que no le están prestando la debida responsabilidad a este tema y lógicamente Panamá tiene que tomar sus decisiones internas y externas”.
Con aportes de instancias multilaterales estatales y organismos no estatales, los gobiernos de América Latina y el Caribe impulsaron programas para generar condiciones que desestimulen la migración irregular, que se afianzó como un drama humanitario en un lucrativo negocio para mafias de traficantes de personas. “No hay nada de humanitario en seguir permitiendo esta migración”, dijo ayer la directora del Servicio de Migración de Panamá, Samira Gozaine, a Televisora Nacional (TVN), canal privado de ese país.
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“Nosotros, para poder hacer un alto real o por lo menos una contención que permita ayudar a estas personas, requerimos que todas las naciones se involucren, especialmente para nosotros Colombia, que es donde se genera este problema serio de migrantes”, explicó. Panamá evalúa un paquete de medidas para enfrentar los aprietos migratorios, como deportaciones, multas y otros actos punitivos, ya que “se está ante un asunto no sólo humanitario sino de seguridad del Estado”, planteó.
En un escape de la violencia, la inseguridad y los caóticos contextos socioeconómicos en sus países, centenares de miles de americanos, asiáticos y africanos se insertaron cada año en este siglo en una riesgosa travesía por tierra y por mar por América Latina y el Caribe con la mira puesta en EU y atiborraron las fronteras mexicanas.
En citas bilaterales y multilaterales, los gobiernos de EU, México, Centroamérica, Colombia y Ecuador rubricaron en este siglo acuerdos sobre un fenómeno que nunca mermó y, por el contrario, subió sin cesar y con alarma. Como origen o tránsito de migrantes, Cuba, Brasil, Chile, Perú y Venezuela firmaron algunos de esos documentos. Panamá detalló que la mayoría de viajeros sin visas que pasaron por el Tapón en 2023 fueron de Venezuela, con 190 mil 889; Ecuador, con 42 mil 414, y Haití, con 35 mil 495.