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San José
.- Distanciado de la cúpula católica de Nicaragua tras desatar represión contra sus opositores políticos desde el 18 de abril de 2018, el régimen gobernante nicaragüense recurrió al respaldo de las crecientes comunidades evangélicas y llevó el conflicto de las calles a los púlpitos, sin pasar por las urnas.
La familia Ortega Murillo movilizó desde el pasado 14 de noviembre a evangélicos, policías y paramilitares para cercar templos católicos en varias zonas y atacar a mujeres desarmadas que, con la venia sacerdotal, entraron a las parroquias a declararse en huelga de hambre para pedir la liberación de sus familiares que son presos políticos.
“Es imperdonable” que, en época de fiestas de familia, “esos lobos repugnantes, ya vencidos por el amor gigante del pueblo, destilen más odio”, acusó la vicepresidenta de Nicaragua , Rosario Murillo , esposa del presidente de ese país, Daniel Ortega , al fustigar a la jerarquía católica por permitir el reclamo femenino.
“Con la paz no se juega”, alertó Murillo , rostro más visible de un aparato que logró controlar, a partir de 2007, a los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral y a la Policía Nacional y al Ejército.
En entrevista con EL UNIVERSAL , monseñor Carlos Avilés, vocero de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), señaló que “el problema es que el gobierno todo lo mira con parámetros políticos e ideológicos. Cree que todo lo que hacemos es propaganda para ganar fama”.
“La Iglesia ayuda humanitariamente no solo a los católicos, sino a todo el pueblo de Dios. El gobierno ve nuestra ayuda como que andamos en campaña”, dijo.
Por denunciar violaciones de los derechos humanos en la represión oficialista, la Iglesia Católica sufrió represalias. La pareja presidencial catalogó como golpista al CEN y, entre otros actos, ordenó retener en aduanas las importaciones de vino de consagrar, que ahora escasea.
En contrapeso, y según información oficial, el gobierno premió a pastores evangélicos con 957 títulos de propiedad para templos y otros bienes en 2018 y 2019.
El conflicto estalló en abril de 2018, primero como protesta popular en repudio a una reforma del gobierno a la seguridad social y que Ortega debió derogar. El movimiento siguió y se transformó en una multitudinaria alianza opositora para exigir democracia y libertad y, sin éxito, demandar la renuncia de Ortega y Murillo —acusados de dictadura dinástica—y el adelanto de los comicios presidenciales.
El gobierno tildó al movimiento de terrorista, derechista y manipulado por el gobierno de Estados Unidos en un intento de golpe de Estado. La violencia dejó un saldo de al menos 325 muertos, aunque Ortega replicó que son menos de 200 y negó que haya violado los derechos humanos.
Como líder de una revolución izquierdista, Ortega gobernó de 1979 a 1990 con una peculiaridad: enfrentado a monseñor Miguel Obando y Bravo, uno de sus principales enemigos de ese periodo y proclamado cardenal en 1985.
En una maniobra para atraer al electorado católico, Ortega se reconcilió con el cardenal en el primer lustro de este siglo y lo convirtió en su gran aliado en una campaña presidencial que ganó en 2006 para retornar al poder en 2007.
Con la bendición del cardenal, quien murió en 2018, y pese a las acusaciones de fraude e irregularidades, Ortega se reeligió consecutiva e indefinidamente para gobernar por al menos otros dos quinquenios hasta 2022.
La ruptura se precipitó hace más de 19 meses, porque la jerarquía católica se transformó primero en mediadora para un frustrado diálogo entre las partes y sin dejar de denunciar la represión oficialista.
agv
