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San José.— En una maniobra diplomática y política que redujo los espacios de acción de la comunidad internacional en la crisis nicaragüense, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, expulsó a la misión de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que se instaló en ese país por el mortal conflicto que estalló el pasado 18 de abril con multitudinarias protestas antigubernamentales.
El Ministerio de Relaciones de Nicaragua le notificó sorpresivamente el jueves anterior a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU (OACNUDH) en Managua que su misión en ese país, que empezó el 24 de junio, ya concluyó. La OACNUDH acató la medida y anunció en esa ciudad que su equipo saldrá hoy de Nicaragua.
La noticia trascendió menos de 48 horas después de que, en un informe que emitió el pasado miércoles y que Ortega rechazó, la OACNUDH concluyó que el gobierno lanzó una “respuesta represiva” a las protestas pacíficas que comenzaron en abril y desplegó “el uso de la fuerza letal” de efectivos policiales y paramilitares contra “amenazas no letales” de los opositores pacíficos.
En su carta a la OACNUDH, el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, relató que el gobierno la invitó, el 19 de junio pasado, a instalarse en esa nación para acompañar a una comitiva interna a desmantelar “tranques” o bloqueos callejeros establecidos por los opositores en las protestas en varias partes.
A sangre y fuego, los “tranques” fueron removidos por el oficialismo en julio con fuerzas policiales y paramilitares, en el agravamiento de un conflicto con un saldo preliminar actualizado que oscila entre 198 muertos, según el gobierno, y 322 y 448, de acuerdo con organismos no estatales nicaragüenses e internacionales de derechos humanos.
La misiva siguió a un discurso en el que Ortega aseguró el miércoles, tras conocer el informe de la ONU en su contra, que es de una organización promotora de una política de muerte, terror y mentira.
Al alegar que cesaron “las razones, causas y condiciones” que motivaron la llegada de la misión a Nicaragua, Moncada comunicó a la Oficina que el gobierno “da por concluida la invitación y finalizada la visita a partir” del 30 de agosto.
“Tenemos una interpretación diferente a la del gobierno” sobre el alcance de la misión, dijo ayer el diplomático peruano Guillermo Fernández-Maldonado, funcionario a cargo de la Oficina en Nicaragua.
En una entrevista telefónica desde Managua con EL UNIVERSAL, el diplomático alegó que “lo importante” es que, vía remota y desde la oficina regional en Panamá, “el monitoreo de la situación de derechos humanos [en Nicaragua] se estuvo haciendo hace mucho tiempo. Es mejor hacerlo con una misión en un país, sin duda, pero vamos a seguir haciéndolo desde Panamá”.
“Es un ejercicio del mandato mundial del Alto Comisionado, de promoción y de protección de derechos humanos. De manera que va a ser un poco más difícil porque estamos más lejos, pero se ha hecho en muchos otros países y se logra una eficacia importante, sobre todo para alertar de los peligros y para informar interna e internacionalmente”, aseguró.
Unas 40 organizaciones no estatales de defensa de los derechos humanos de México, Argentina, Nicaragua, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela y regionales latinoamericanas y caribeñas condenaron y repudiaron la expulsión y acusaron que “la actitud” de Ortega ante la comunidad internacional “es inaceptable y da cuenta de que el gobierno no tiene ningún interés en darle salida a esta crisis”.
Amnistía Internacional (AI) señaló que el gobierno nicaragüense está apostando a una estrategia de aislamiento para evitar el escruitinio internacional y que evidencia con ello “su desdén por las obligaciones internacionales” que tiene.
El opositor Frente Amplio Democrático (FAD) afirmó que con su acción Ortega muestra que desea mantener “el camino de la violencia”.
***Con información de EFE
