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Los Ángeles.- La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y el Centro de Derechos Constitucionales solicitaron este miércoles al Pentágono información y otros documentos relacionados sobre los ataques letales ordenados por el Gobierno del presidente Donald Trump contra presuntos narcotraficantes en el Caribe.
Amparados bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés), las dos organizaciones han pedido formalmente al Departamento de Defensa la directiva firmada por el presidente Trump en julio pasado en la que autoriza el uso de la fuerza militar contra los cárteles de la droga latinoamericanos que el Ejecutivo considera "organizaciones terroristas".
Las organizaciones también requieren la reciente opinión de la Oficina de Asesoría Legal (OLC), una agencia del Departamento de Justicia, que concluye que el mandatario tiene la autoridad para ordenar ataques letales contra los cárteles de la droga, que suman al menos cinco en el Caribe, el último informado este martes por el mandatario estadounidense y que cobró la vida de al menos seis personas consideradas por la Casa Blanca como "narcoterroristas".
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ACLU hizo referencia al testimonio de la fiscal general de EU, Pam Bondi, la semana pasada ante el Comité Judicial del Senado, en el que se negó a confirmar la existencia de la opinión de la OLC.
Sin embargo, ese mismo día, en otra audiencia, Charles Young, nominado para ejercer como asesor general del Ejército de EU, explicó al Senado que la “opinión se elaboró a través de un grupo de trabajo interinstitucional de abogados”, que incluía a representantes de la Casa Blanca y varias agencias del Ejecutivo.
“Toda la evidencia disponible sugiere que los ataques letales del presidente Trump en el Caribe constituyen, simple y llanamente, un asesinato”, declaró en un comunicado Jeffrey Stein, abogado del Proyecto de Seguridad Nacional de la ACLU.
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Stein insistió en que el público estadounidense merece saber cómo el Ejecutivo justifica estos ataques como legítimos y, dado lo que está en juego, “es imperativo el escrutinio público inmediato”.
Desde principios de septiembre, el presidente Trump ha ordenado cinco ataques contra embarcaciones privadas que navegaban en aguas internacionales, que, según informes, han causado la muerte de al menos 27 personas.
“En un sistema constitucional, ningún presidente puede optar arbitrariamente por asesinar a personas desde el cielo basándose en su capricho o decisión”, dijo Baher Azmy, director legal del Centro de Derechos Constitucionales, que defendió la entrega de la información como parte esencial de la transparencia y la rendición de cuentas el gobierno de Trump.
mgm
