Ciudad de Guatemala.— El cierre unilateral de la misión anticorrupción de Naciones Unidas (ONU) en Guatemala desató una guerra judicial y crispó las tensiones en el país, donde organizaciones civiles amenazan con protestas contra el gobierno del presidente Jimmy Morales.
El gobierno anunció el lunes el fin del acuerdo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), adscrita a la ONU, lo que desató una oleada de reacciones de diferentes sectores, que defienden o repudian la acción.
Ante ello, la misión internacional activó ayer un plan de contingencia y pidió al personal internacional salir del país “hasta nuevo aviso”, dijo a periodistas el vocero de la Cicig, Matías Ponce. Naciones Unidas confirmó en Twitter la activación del plan de contingencia “tras vencerse el plazo marcado por el gobierno de Guatemala para terminar con el acuerdo de establecimiento” de la Cicig.
El vocero del ejército, Óscar Pérez, indicó que a partir de hoy los agentes privados de seguridad que resguardaban al personal de la Comisión deben entregar las licencias de tenencia y portación de armas de fuego.
Grupos projusticia, humanitarios, académicos, indígenas y universitarios piden que se revierta la medida del mandatario, mientras sectores conservadores, políticos de derecha y la cúpula empresarial demandan que se respete la decisión y soberanía del país.
“La decisión unilateral de presidente Morales... es una señal más del progresivo rompimiento institucional y el Estado de Derecho”, sostuvo Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz 1992. Hasta el momento, se han presentado cinco amparos ante la Corte de Constitucionalidad (CC) contra el mandatario.
La decisión de Morales ocurre luego de que el fin de semana el Ejecutivo intentara impedir el ingreso al país del investigador colombiano Yinel Osorio, de la Cicig, y de un largo enfrentamiento con el jefe de la misión, el ex juez colombiano Iván Velásquez, a quien Morales quiso expulsar y, posteriormente, negó en setiembre pasado el ingreso al país cuando se encontraba de viaje en Estados Unidos.La relación de Morales con la Cicig es hostil desde el inicio de su mandato en 2016, luego de que este ente acusara a su hijo y su hermano por evasión fiscal y lavado de dinero. En agosto de 2017, la Cicig —cuyo mandato finalizaba en septiembre— y la fiscalía acusaron a Morales de corrupción en las finanzas de su partido.
