Miami. Mientras las fuerzas del ICE organizan redadas cada vez más violentas para atrapar a migrantes, organizaciones y la misma comunidad migrante se organiza para la “resistencia”.
Grabarlo todo, hacerlo viral, hasta que llegue a todo el mundo, incluido al Congreso, es parte de la estrategia, y de los recursos que ONG como CHIRLA o WOLA están utilizando en la defensa de los migrantes detenidos, para lograr su liberación.
La madrugada del 27 de junio marcó un antes y un después en la vida de Jenny Ramírez. En su modesta casa de Huntington Park, una comunidad latina al sureste de Los Ángeles, dormía con sus dos hijos pequeños cuando una explosión arrancó de cuajo la puerta principal; así como su sueño de un país seguro y el de sus hijos. No se trató de un accidente ni de un operativo antiterrorista, era una redada de la Oficina de ICE (Immigration and Customs Enforcement) y CBP (Custom and Border Protection), ejecutada con técnicas de guerra; mientras un dron sobrevolaba el techo de su casa, una decena de agentes encapuchados irrumpían con armas largas, luces cegadoras que barrían la sala y nadie decía una palabra, cuando en medio de la oscuridad se escuchó la explosión.
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“Somos ciudadanos, ¡tenemos papeles!”, alcanzó a gritar Jenny mientras su hijo menor despertaba con un brinco y a los minutos vomitaba del susto. La pareja de Jenny, Jorge Sierra-Hernández, a quien las autoridades buscaban por supuestamente haber dañado un vehículo federal, no se encontraba en el domicilio. Sin embargo, la violencia de la incursión se desplegó igual. No hubo orden judicial mostrada, no hubo protocolos, todo fue captado por cámaras de seguridad y por vecinos, cuyas grabaciones inundaron las redes. La alcaldesa de Huntington Park lo calificó de “atroz”. Las imágenes llegaron al Congreso. Y el miedo se expandió como pólvora en las calles de comunidades migrantes.
El caso no tardó en estallar también en redes. El video de la cámara de seguridad fue entregado por vecinos a la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) y el Centro Nacional de Leyes de Inmigración (National Immigration Law Center), que ese mismo día presentaron una demanda conjunta ante un tribunal federal. “Esto es una violación directa a la Cuarta Enmienda. No puede haber legalidad cuando se usan explosivos para allanar una casa con menores ciudadanos, sin orden judicial y sin que lo amerite la situación”, dijo la ACLU a EL UNIVERSAL. Para Angélica Salas, directora de CHIRLA, entrevistada por este diario, “esto no es el cumplimiento de la ley, es una práctica de terrorismo doméstico. Y está ocurriendo bajo la responsabilidad de instituciones que hemos dejado sin control”.
Pero Huntington Park no fue el único escenario. Desde junio, más de 200 personas han sido arrestadas en condiciones anticonstitucionales, sin orden judicial, según reportes de Capital & Main, NBC Connecticut y La Public Press.
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“Uno de los problemas más oscuros de estos operativos, es que ya no son con la ley en la mano; con chalecos y camionetas oficiales y perfectamente bien identificados. Ahora son prácticamente emboscadas contra cualquier persona. Agentes de civil, vehículos sin placas, drones, detenciones en iglesias, hospitales, cortes, hasta en oficinas migratorias donde las víctimas tenían obligación de presentarse. Verdaderamente estamos viviendo un apocalipsis gubernamental” subraya Salas.
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) advirtió en un informe entregado al Congreso que los grupos de captura van de entre cuatro a doce agentes federales. “Lo increíble, en medio de esta situación, es que muchos de estos agentes son hispanoparlantes; es decir que comparten el mismo origen” comenta a EL UNVERSAL Stephanie Brewer, encargada del área de migración de WOLA. El 52% de los agentes de CBP y el 30% de ICE son de origen latino, de acuerdo con informes de las mismas dependencias. “No hay contradicción más brutal que la de un latino arrestando a otro, hablándole en español mientras le pone esposas”, lamenta Brewer; “así es como se institucionaliza la fractura de una comunidad y así es como se normaliza lo intolerable”.
Varios analistas consultados coinciden en que lo que se vive hoy en Estados Unidos en materia de migración, no es una simple “crisis migratoria”. Es una ofensiva estructural contra derechos básicos de sus residentes, con y sin papeles. "Es la transformación del aparato migratorio en un instrumento de intimidación y castigo colectivo. Ya no basta con tener papeles. Ya no basta con ser ciudadano. Hoy, el simple hecho de vivir en una zona marcada como "latina", hablar español o buscar trabajo en un estacionamiento de Home Depot puede convertir a una persona en objetivo de detención" señala Salas; "y si no hay un video de por medio, si no hay presión social, si no hay un abogado, la deportación será rápida, sin juicio, sin defensa y sin apelación".
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En Pacoima, el 20 de junio, Anthony Orendorff, periodista comunitario, grababa desde su auto una redada cuando fue rodeado por nueve agentes; fue esposado y arrastrado sin cargos ni orden judicial. “Me detuvieron por no cerrar los ojos”, dijo tras ser liberado. Su cámara siguió grabando al momento de la detención y el video se convirtió en prueba central en la demanda por violación a la libertad de prensa que ACLU y CHIRLA presentaron en su nombre.
En el centro de Los Ángeles, cuatro días después, Jin Shan fue detenido al salir de su cita obligatoria con el Programa Intensivo de Supervisión de Comparecencia (ISAP). Lo esperaban tres hombres encapuchados que lo golpearon y subieron a una camioneta negra sin placas. El National Immigration Law Center denunció el hecho como “un secuestro disfrazado de cumplimiento legal”. United We Dream lanzó la campaña #TrampasDelISAP. “Si cumplir con tu cita migratoria es equivalente a desaparecer, entonces todo el sistema migratorio es una trampa tendida por el propio Estado”, declaró su directora, Greisa Martínez Rosas.
El 9 de junio, en New Haven, Connecticut, una madre mexicana fue detenida cuando dejaba a sus hijos en la escuela. Su hija Monse, de 13 años, grabó la escena con su celular: “We just want our mom back” (solo queremos a nuestra mamá de regreso), decía entre lágrimas. El video recorrió el país en minutos. CHIRLA, ACLU y el National Immigration Law Center tomaron el caso. El 3 de julio, la madre fue liberada; “no fue un milagro, fue organización”, afirmó Angélica Salas, “fue la voluntad de una niña de no soltar la cámara lo que obligó al sistema a retroceder”.
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Salir a trabajar es un crimen. En Pomona, entre el 26 y el 30 de junio, al menos 15 jornaleros fueron detenidos por agentes encubiertos en el estacionamiento de un Home Depot. “Solo preguntaron: ‘¿Estás buscando trabajo?’, y nos subieron a todos”, relató uno de ellos. WOLA confirmó a este diario lo que ya ha repetido, que “el acento, el color de piel y la pobreza se han convertido en motivos suficientes de detención”. Adam Isacson, uno de sus analistas, advirtió que “Estados Unidos ha cruzado la línea que separa la seguridad del perfilamiento racial sistemático”.
En Southington, Connecticut, el 30 de junio, ICE irrumpió en el autolavado D-Hand Car Wash y arrestó a cuatro trabajadores guatemaltecos sin identificación ni orden. Esa noche, más de cien personas se manifestaron frente al tribunal local. “Aquí no se arrestó a delincuentes, se desapareció a trabajadores”, dijo un líder local durante la vigilia convocada por CHIRLA y United We Dream. Nadie sabe aún dónde están los detenidos.
Los tribunales siguen siendo escenario de redadas. El 17 de junio, Brad Lander, contralor de Nueva York, fue arrestado dentro de la Corte de Inmigración por exigir a agentes federales que mostraran una orden judicial antes de llevarse a un migrante. “Si ni un funcionario electo puede exigir respeto al debido proceso sin ser esposado, entonces el problema ya no es migratorio; es democrático”, denunció ACLU. WOLA incorporó el caso a su informe “Desobediencia legal: cortes sin justicia”, entregado a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
Frente a esta ofensiva, las organizaciones proinmigrantes no solo están denunciando, también están respondiendo con estructuras de defensa, redes de acompañamiento y acciones legales intensivas. ACLU ha iniciado procesos por violaciones a la Cuarta y Quinta Enmienda. CHIRLA ha duplicado sus equipos legales y lanzado líneas directas en barrios vulnerables. United We Dream ha activado sus redes digitales en más de veinte ciudades con campañas de visibilidad masiva. El National Inmigration Law Center ha solicitado medidas cautelares a nivel internacional. WOLA ha sistematizado pruebas, elaborando mapas y documentado patrones para llevarlos a legisladores y foros internacionales. "Y en toda la Unión Americana diversas agrupaciones proinmigrantes y defensores de los derechos humanos, nacionales y locales, están haciendo su trabajo y coordinándose cada vez mejor" confirma Brewer.
Una pregunta que se repite en cada vecindario es simple y brutal: si un migrante es detenido, ¿significa que será deportado irremediablemente? Y aunque la respuesta varía, la tendencia es alarmante. ICE ha intensificado el uso de la remoción expedita, una herramienta que permite deportar a migrantes sin audiencia ni abogado si no pueden probar dos años de presencia continua. “El problema es que casi nadie tiene cómo demostrar eso en las primeras 48 horas de detención”, explica Lisa Graybill del National Immigration Law Center; “la deportación se ha convertido en una ejecución administrativa sumaria”, señala.
Sin embargo, “los casos de resistencia muestran que no todo está perdido. Hay márgenes, hay grietas. Lo que hace la diferencia es la visibilidad, la organización y el acceso a defensa inmediata” afirma a EL UNIVERSAL la activista Greisa Martínez Rosas; “no es justicia, es estrategia de supervivencia y sabemos que funciona porque hemos logrado liberar a madres de familia, detener deportaciones, revertir procesos. Y lo hemos hecho juntos, desde abajo, con nuestros celulares, nuestros abogados y nuestro coraje”.
Monse, la niña que grabó la detención de su madre, lo demuestra. Esa familia no fue salvada por el sistema. Fue rescatada por la comunidad, por la cámara de un teléfono, por la red que viralizó el video, por las organizaciones que no soltaron el caso, por la voz de una niña que no dejó de pedir lo que le pertenece: justicia.
Hoy, “la diferencia entre ser deportado o permanecer está en el tiempo de reacción, en la rapidez con que se active la defensa, en cuántas personas ven, graban, comparten y denuncian” subraya Salas. Por eso, en barrios como Pacoima, Pomona, Southington o New Haven, la consigna es clara: no cerrar los ojos, no apagar las cámaras, no callar ante el miedo. Porque si el Estado ya no muestra sus órdenes, “las comunidades vamos a mostrar nuestras pruebas. Porque si hoy, el rostro de la ley se cubre con un pasamontañas, la comunidad responderá con nombres, videos y memorias del momento” dice Martínez Rosas.
La estrategia no es jurídica solamente: es comunitaria, mediática, testimonial. Y aunque frágil, incompleta, desigual, sigue siendo la última línea de defensa. Una línea tejida por quienes aún creen que este país, pese a todo, puede mirar su reflejo en el espejo y corregir el rumbo antes de que no quede nada por lo que luchar. “Si este país quiere seguir llamándose libre, tendrá que elegir entre el pasamontañas o el rostro humano de la ley. Entre el silencio de la madrugada rota por explosiones o la palabra pública, firme y valiente que dice: no en nuestro nombre, no con nuestros vecinos, no con nuestras familias” concluye Salas.
